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Ocde pide normas anticorrupción

  • ilustración Esteban parís - CIP
    ilustración Esteban parís - CIP
Por viviana suárez | Publicado el 19 de junio de 2019

El país está en la tercera fase de evaluación del Convenio Anticohecho de Servidores Públicos Extranjeros.

Uno de los requisitos para que Colombia haga parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) es acoger sus buenas prácticas. Una de ellas es combatir la corrupción, implementando la Convención para luchar contra el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.

Un asunto que cobra interés por estos días, pues en el Congreso se están tramitando normas contra la corrupción y todas han naufragado. La única aprobada podría hundirse hoy en la conciliación. Así las cosas, el mandato popular de la consulta anticorrupción, en la que votaron más de 11 millones de colombianos, no fue acogido.

Sin embargo, el Gobierno no puede hacer lo mismo con las solicitudes que hace la Ocde, que tiene puesto el ojo sobre el trámite de estas normas para evitar el cohecho internacional en Colombia.

Por eso, el país está sometido a un proceso que evalúa su implementación en varias fases. Durante las dos primeras etapas, expertos de la Ocde adjudicaron siete tareas, entre las que se destacan una reforma fiscal. Asunto sobre el cual la organización internacional reconoce los avances en la normatividad.

Además, resaltan que a pesar de que el artículo 433 del Código Penal tipifica como delito el soborno de funcionarios públicos extranjeros, tienen “ciertas reservas” con respecto a cómo se define a un funcionario público extranjero.

En esta primera etapa también les preocupaba la posibilidad de que los sobornos quedaran fuera del alcance de las transacciones comerciales o financieras y, por lo tanto, sugería un seguimiento de este problema, en la segunda fase.

Con respecto a las sanciones la Ocde recomendó, en la primera evaluación, que fueran efectivas, proporcionadas y disuasorias para personas jurídicas. En el documento resaltan que iban hasta 1.133,4 millones de pesos y recomendaban medidas legislativas para aumentar el límite contra las personas jurídicas. En este aspecto, Colombia también avanzó y actualmente las sanciones contra las empresas que incurran en este delito pueden llegar hasta 1.656,2 millones de pesos, según la circular informativa publicada por la Superintendencia de Sociedades y la Cancillería.

En cuanto a la jurisdicción sobre personas jurídicas, la Ocde señaló que las disposiciones sobre responsabilidad corporativa en la Ley 1474 de 2011 (Ley Anticorrupción) no se refieren a la jurisdicción territorial o nacional sobre actos de soborno en el extranjero cometidos por personas jurídicas, por lo que reclaman claridad sobre este punto.

Segunda y tercera fase

Con respecto a las recomendaciones en la segunda etapa de evaluación, se centraron en que el Estado debía realizar capacitaciones preventivas enfocadas en compañías con operaciones en el exterior y de los sectores más propensos a caer en este tipo de delitos (infraestructura, minero energético y manufacturero).

Además, frente a la implementación de un programa de protección a “soplones” (distinto al de testigos), la Ocde había recomendado, como prioridad, evitar que empleados del sector público y privado tuvieran retaliaciones o acciones disciplinarias en su contra, cuando debe prevalecer “la buena voluntad”.

Por eso se declaran sorprendidos frente al artículo 28 aprobado el lunes pasado en el estatuto anticorrupción, el cual además de exponer a testigos, restringe a la libertad de prensa (ver Paréntesis).

En esta tercera fase, el panel discutió cómo va Colombia en la implementación de estas tareas. Andrés Hernández, director de la Secretaría de Transparencia, resaltó que el país ha avanzado, pero no es suficiente. “No solo la regulación debe ser explicada a las empresas, sino que se deben implementar sanciones”.

Cabe resaltar que la Superintendencia de Sociedades, entidad encargada de investigar estos casos, ya sancionó el primer caso de soborno a un funcionario público extranjero.

Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa), filial de la española Canal de Isabel II, deberá pagar 5.078 millones de pesos, por estar relacionada con el soborno de funcionarios de Ecuador para obtener beneficios en ese país, en 2016. Sin embargo, la compañía, que operaba en Colombia a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Barranquilla dijo que apelará.

“Entendemos que las Superintendencia de Sociedades y otras entidades han hecho su trabajo, pero consideramos que es importante un refuerzo en la Ley contra el soborno”, resaltó Hernández.

El director de Transparencia hizo un llamado para que la Supersociedades, la Fiscalía, y el Gobierno Nacional sigan reforzando capacidades técnicas para que el cohecho pueda ser identificado, enjuiciado con sanciones más efectivas. “Sabemos que hay casos abiertos en la Supersociedades y esperamos que se traduzca en investigaciones penales, siempre respetando la ley y el debido proceso”, llamado que no solo espera él, la Ocde está pendiente de los avances en Colombia y hasta ahora el Gobierno y el Congreso están en deuda.

en definitiva

El Gobierno y el Congreso están en mora de implementar medidas contra la corrupción. Se trata de un compromiso que asumió Colombia ante la Ocde y, pese a avances, es insuficiente.

Contexto de la Noticia

ANTECEDENTES Los descaches del congreso

El Senado aprobó el lunes el artículo 28 del Proyecto de Ley Anticorrupción que establece sanciones para funcionarios que den información a los medios de comunicación, este punto causaría censura, detalla que si la revelación de la información deriva en algún perjuicio, “la pena será de 16 a 54 meses de prisión y la multa, de 20 a 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 60 meses”. Además, a pesar de estar aprobado el punto anticorrupción, que establece cárcel para corruptos, está a punto de hundirse, ya que el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, no agenda en el orden del día la conciliación del proyecto.

Viviana Suarez L.

Periodista y feminista egresada de la Universidad del Rosario.


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La tormenta que puede reacomodar las fichas del centro

  • Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Íngrid Betancourt, Juan Fernando Cristo y Jorge E. Robledo hacen parte del centro político del país. FOTO Colprensa
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Contexto de la Noticia

INFORME LA CÁMARA SE ACRECENTARÁ CON LAS CURULES DE PAZ

· Uno de los cambios más significativos que tendrá el Congreso de la República entre 2022 y 2030 será la creación de 16 nuevas curules en la Cámara de Representantes para las víctimas del conflicto armado. Esta decisión quedó en firme este año por decisión de la Corte Constitucional, por lo que el Congreso tendrá que ampliarse en curules y oficinas, y estos ajutes tendrán un costo de unos 50.000 millones de pesos, según la presidenta de la Cámara, Jénnifer Arias. En la reglamentación hecha por parte del Gobierno Nacional y aprobada por el Congreso de la República se definió que habrá vigilancia para que estas 16 curules las ocupen víctimas debidamente acreditadas, que serán elegidas por habitantes de 167 municipios de 16 territorios afectados por el conflicto armado. Hasta ahora se han inscrito más de 5.000 víctimas que buscan ocupar esas curules.

Protagonistas .

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MIGUEL URIBE TURBAY
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Pacto Histórico
Esposa de Roy Barreras, quien espera heredar sus votos y tener su curul.
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David Barguil
Partido Conservador
Desiste al ser aspirante a la presidencia. Obtuvo 139.147 votos en 2018.
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Marcos Daniel Pineda
Partido Conservador
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RICHARD AGUILAR
Cambio Radical
Capturado por presunta corrupción. Obtuvo 76.942 votos en 2018.
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Luz Ángela Hernández
Cambio Radical
Hermana de Richard Aguilar que buscaría su curul.
Alejandro Arboleda Hoyos

Periodista, apasionado por la historia, la geopolítica y los documentales. Hago preguntas desde que tengo uso de razón. Egresado de la Universidad Eafit.

Sebastián Ramírez Torres

Iba a ser médico, pero me volví periodista. Me gusta debatir y hablar mucho y de todo. Creo que la información es un patrimonio inmaterial y público.

Colombia llegó al 70 % de su población vacunada con una dosis anticovid

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Más costos en las carreteras: Colombia tendrá 18 nuevos peajes en vías 4G

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Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.

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Alejandro Arboleda Hoyos

Periodista, apasionado por la historia, la geopolítica y los documentales. Hago preguntas desde que tengo uso de razón. Egresado de la Universidad Eafit.

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