La crisis interna del Pacto Histórico se profundizó este miércoles tras la renuncia de Daniel Quintero a la consulta del 26 de octubre, decisión que expuso nuevas divisiones dentro del movimiento. El exalcalde se apartó luego de que, según él, “el CNE modificara las reglas a último momento”, lo que generó reclamos por el manejo político y los costos asociados.
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La senadora Ángela Lozano cuestionó la falta de coherencia del bloque: “Siempre fue público que es consulta interpartidista. Tan sabido por todos que el mismo Pacto oficialmente retiró la consulta. Después usted la impuso a la brava en la hora límite (...). Sean serios, paguen de su bolsillo el costo de su jugarreta de hacerla-no hacerla-hacerla y ahora retirarla”.
Por su parte, Daniel Briceño advirtió que si el Pacto Histórico cancela la consulta “hará perder $123.406 millones a los colombianos”, monto correspondiente a la organización del evento ya contratada.
Los documentos que muestra Briceño serían sobre el clausulado adicional al contrato de prestación de servicios electrónicos N.º 069 de 2025, firmado para la “organización y realización de la consulta popular, interna o interpartidista” del próximo 26 de octubre.
En el texto se detalla que el contrato fue suscrito bajo urgencia manifiesta declarada el 2 de octubre mediante la Resolución 12573 de 2025, con el fin de garantizar la logística, la informática y los servicios asociados al proceso electoral.
El documento establece una cantidad mayor a 123 mil millones de pesos (123.406.794.418 pesos es la cifra exacta) que incluye IVA y demás impuestos. La suma se distribuye en tres rubros principales: 117.675 millones para “otros servicios profesionales, científicos y técnicos”; 5.239 millones para “servicios de transporte de carga”; y 491 millones para “arrendamiento o alquiler sin operario”.
La vigencia presupuestal corresponde al año 2025, con base en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 115325, expedido también el 2 de octubre.
El contrato prevé un plazo de ejecución hasta el 18 de noviembre de 2025, contado desde la firma del acta de inicio, y establece que la Registraduría pagará el 80% del valor una vez se certifique la entrega de los servicios, y el 20% restante después de la verificación final y la liquidación del contrato.
Estos documentos confirman que la Registraduría ya había comprometido recursos para la ejecución de la consulta del 26 de octubre, por lo que una eventual cancelación o retiro del proceso implicaría una pérdida directa de los fondos contratados, lo que reaviva el debate sobre la responsabilidad política y fiscal del Pacto Histórico frente a la realización o no de la consulta.
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Preguntas sobre la nota:
- ¿Cuánto costaría cancelar la consulta del 26 de octubre?
- Más de $123.406 millones ya comprometidos en contratos de logística y servicios.
- ¿Quién firmó el contrato para la consulta?
- La Registraduría Nacional, bajo la Resolución 12573 del 2 de octubre de 2025.
- ¿Qué impacto tendría la cancelación de la consulta para los ciudadanos?
- Una pérdida fiscal millonaria y un nuevo debate sobre el uso de recursos públicos.
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