La Contraloría podría reanudar el lunes sus funciones en una sede prestada por el Ministerio de Justicia, debido a la terminación del contrato de arrendamiento del edificio Gran Estación II y a la imposibilidad de renovarlo.
El propio contralor, Edgardo Maya, llegó en la mañana de este viernes al antiguo Ministerio de Justicia, para recibir las oficinas de parte del ministro Yesid Reyes. En esta sede podrán trabajar por lo menos 400 de los 2.500 funcionarios de la entidad, y se garantizará la expedición de los Certificados de los Antecedentes Fiscales para evitar colapsos administrativos que afecten a la ciudadanía.
Sin embargo, no se trasladarán al lugar hasta que un grupo de arquitectos vaya al Ministerio y verifique las instalaciones y la posible distribución de algunas dependencias de la Contraloría.
Aunque la medida alivia un poco la crisis de la unidad fiscal del país, no es una solución definitiva y la problemática crece y se factura en plata, esto considerando que los dueños del edificio donde venía funcionando la Contraloría no recibieron el local, debido a que no se encontraba en las condiciones establecidas en el contrato.
El representante legal de la firma, Augusto Salazar, afirmó que la Contraloría estaba entregando solo algunas instalaciones, “el edificio no se puede recibir parcialmente, sino en su totalidad”.
Multa administrativa
En entrevista con W radio, el contralor Edgardo Maya informó que para el próximo 14 de enero están citados junto con firma arrendadora, en la Cámara de Comercio de Bogotá para definir los jueces que integrarán el tribunal de arbitramento que definirá el tema del arriendo.
“No fue posible un acuerdo con el arrendador, le dije que hiciéramos un nuevo contrato porque por con la cláusula que estaba allí no iba a prorrogar”, señaló Maya.
Y es que la clausula contempla el pago de 34 mil millones de pesos, “los arrendadores no van a recibir el inmueble ni ahora, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, porque la cláusula del contrato que se demanda dice que si termina antes de 10 años deberá pagar lo que equivale a 34 mil millones de pesos y porque dice que la Contraloría debe llevarse puertas, escritorios, paredes”, precisó Maya.
Por otra parte, cabe recordar que ante este problema queda un recurso y es la tutela que esta pendiente de fallar un juez de ejecución de penas, con la que los trabajadores del sindicato pidieron una extensión en el contrato por seis meses.
Así lo manifestó el presidente del sindicato de la Contraloría, Carlos Saavedra, quien dijo “reiteramos el llamado a los jueces de la República a acompañarnos con las tutelas”, dijo Saavedra, y pidió que se imponga el “respeto del derecho al trabajo”.
Aunque el presidente de la Sala Adminsitrativa de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, ya hizo el reparto de la tutela ante los juzgados de Paloquemao, no sería fallada este viernes debido a que aún no ha sido asignada a ningún juez. Así las cosas, se esperaría hasta el el lunes para conocer la decisión.
Para ello, la procuradora (e), Martha Isabel Castañeda, envió una comunicación al Juez Primero de Ejecución de Penas en apoyo a la tutela presentada por los funcionarios de la Contraloría, en la que señala que el cierre abrupto de la entidad pone en riesgo la función pública estatal, los recursos públicos y el patrimonio del Estado, además de que se afectan los derechos de los ciudadanos en general.
La herencia de Morelli
El contrato de arriendo de las oficinas donde funcionaba la Contraloría trajo consigo un proceso judicial de inmensas proporciones que terminó enredando a la excontralora Sandra Morelli.
Ella salió del país por considerar que en su proceso donde la Fiscalía la acusó de los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, no cuenta con garantías.
La Fiscalía señaló que la terquedad de Morelli generó al Estado un gasto mensual superior a los 2.500 millones de pesos por el arriendo de siete pisos del edificio del centro comercial Gran Estación II, en el occidente de Bogotá.
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