Un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las extintas Farc, advierte que “es casi nulo” el avance en el Programa para la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, por lo que la entidad instó a sumar esfuerzos para reactivar la puesta en funcionamiento de los componentes rezagados tras 7 años de la firma del documento.
Según la Defensoría, se deben priorizar regiones como Cauca, Putumayo y Norte de Santander, que registran las mayores afectaciones a derechos asociadas a la siembra y comercialización de cultivos ilícitos, sumado a los menores niveles de avance en la implementación de líneas productivas.
“Es preocupante que la activación de proyectos productivos de ciclo largo registre un avance únicamente del 2 % frente a un universo total cercano a las 100.000 familias, teniendo en cuenta que estos proyectos son esenciales para garantizar la sostenibilidad en el tiempo del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria”, reclamó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
De acuerdo con la entidad, los grupos armados también han incidido en los pobres resultados de los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Lo anterior, debido a su injerencia indebida y su capacidad de intimidación en los territorios, sumado a la ausencia del Estado, lo que hace que las cifras previstas como avance resulten deficitarias.
“El incremento de la minería ilegal ha desplazado a las comunidades comprometidas en el proceso de sustitución, lo que ha generado nuevos espacios de violencia y ha acrecentado el poder zonal de esos grupos, impidiendo la ejecución de las órdenes de restitución de tierras y ocasionando nuevas revictimizaciones, desplazamientos, despojos y la muerte de muchos líderes sociales”, agregó el defensor.
Camargo también alertó que la política de paz total del actual gobierno de Gustavo Petro no debe afectar la implementación del Acuerdo de Paz: “Ningún proceso puede ser exitoso si quienes son convocados, antes que desistir de su actividad ilegal, ponen palos en la rueda e impiden que lo previsto en el Acuerdo se pueda concretar. Esta propuesta de paz total del Gobierno Nacional no puede convertirse en un instrumento para dejar de cumplir el acuerdo o generar que su implementación no se haga de forma oportuna y en el tiempo previsto”.
Las alertas también están relacionadas con la poca articulación entre las entidades para materializar la política de sustitución de cultivos. En esa línea, se advierte por “altos niveles de improvisación”, que se mantienen después de seis meses de que la propia Defensoría presentó un informe en el mismo sentido.
Entre las recomendaciones se cuenta la necesidad de garantizar la participación de la comunidad en la implementación de los compromisos, la articulación entre las diferentes entidades llamadas a cumplir los compromisos y el llamado a garantizar la seguridad en los territorios, de manera que los diferentes programas en ejecución pudieran avanzar.
“En nuestro más reciente informe ya habíamos advertido que era evidente una ralentización en el ritmo de ejecución y, por ende, de implementación de los puntos del Acuerdo Final, además identificamos una considerable improvisación en la atención de algunos de estos compromisos”, precisó Camargo.
Otra de las recomendaciones para lograr una adecuada coordinación en la ejecución y seguimiento de los compromisos y garantizar celeridad en su cumplimiento, es que no todas las funciones relacionadas con el Acuerdo se concentren en el Alto Comisionado para la Paz.
