Este martes, el Consejo de Gobierno Mayor de la Organización Indígena de Antioquia (OIA) denunció el desplazamiento de 70 familias que habitaban el resguardo Majoré, en Urrao, por la presión ejercida por grupos armados que hacen presencia en la zona.
Los hechos ocurrieron “pese a que el resguardo en mención cuenta con una protección colectiva de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”. El actuar de los grupos al margen de la ley “no solo pone en alto riesgo a las familias desplazadas, sino a otras 1.000 familias de los resguardos Valle de Pérdidas y Andabú”, detalló la OIA.
De acuerdo con la denuncia, las familias desplazadas se refugiaron temporalmente en la escuela de la comunidad Llano Jacinto, cercana al resguardo. Allí permanecen “desabastecidas, confinadas y hacinadas, justo ahora cuando en el mundo nos enfrentamos a una pandemia que exige mínimos de distancia entre personas y salubridad”.
Le puede interesar: Indígenas bajo fuego: así se resguardan de los combates entre Eln y Clan del Golfo
La OIA hizo un llamado a las instituciones humanitarias para que “ejerzan un acompañamiento civil. Hoy las comunidades indígenas de Urrao están en alto riesgo y queremos, bajo cualquier circunstancia, evitar un desplazamiento masivo al casco urbano del municipio”.
La organización concluyó insistiendo en que la violencia en los territorios indígenas ha aumentado en los últimos dos meses, “especialmente en los municipios de Frontino, Murindó y Vigía del Fuerte, donde muchas familias se han visto sin alimentos por las limitaciones de movilidad en sus territorios y el temor a ser víctimas de artefactos explosivos”.
