En el horizonte de los próximos tres años, el país tendrá que haber erradicado las minas antipersonal. Eso prometió ante el mundo el Gobierno, el 6 de septiembre de 2000, cuando ratificó el Tratado de Ottawa. Entonces Colombia ocupaba el segundo lugar con más víctimas de estos artefactos explosivos (1.011, entre 1990- 2000).
Han pasado 17 años desde que entró en vigor ese pacto, y con 37 municipios que hoy entregará el presidente Juan Manuel Santos como libres de sospecha de minas antipersonal, alcanza el 33 % de la tarea. Para el ejecutivo estas son cifras alentadoras, ya que en los últimos años la nación ha invertido en capacitación y tecnología para acabar con el flagelo que ha afectado, desde 1990, a más de 11.500 personas. Sobre el valor de la inversión desde la firma del tratado, el Gobierno dice que no tiene un dato consolidado.
“Durante los últimos años ha habido una reducción muy importante en el número de víctimas de minas y finalmente eso es lo que se busca cuando se piensa en erradicarlas del territorio nacional”, señaló Sergio Bueno, director de Acción Integral contra las Minas Antipersonal (Daicma). Y es cierto. En el 2012 se presentaron 589 víctimas, mientras en 2017 fueron 56 y en lo corrido de 2018, 14.
Estas cifras fueron suficientes para que Colombia pasara del segundo puesto con más víctimas de minas en el mundo (entre 2000 y 2012), al décimo en 2017, según el Land Mine Monitor, organización internacional que monitorea las minas antipersonal. La razón principal: la desactivación del conflicto con las Farc. Dice el informe de esa entidad que la Misión de la ONU en Colombia destruyó 3.528 minas, 38.000 kilos de explosivos y más de 46.000 detonantes de las Farc, y que el compromiso de ese grupo exinsurgente de no volver a minar el territorio ayudará al país a afrontar la problemática, ya que esa exguerrilla era la mayor productora de estos artefactos.
Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana contra Minas, en sintonía con esta afirmación dice que “hemos podido entrar a zonas que estaban vedadas por el dominio total de la guerrilla”, se refirió a Caquetá, Meta, Cauca y Antioquia.
Para Bueno, lo más valioso es que detrás del desminado entran varios procesos que mejoran la calidad de vida de quienes han sido víctimas del conflicto: la restitución de tierras, el retorno de los desplazados y la facilidad para generar ingresos desde los predios.
Precisamente eso le preocupa al general (r) Rafael Colón, antecesor de Bueno. “Si se logran entregar los municipios con más accidentes y a ellos entra la institucionalidad es posible que por fin hablemos de desarrollo rural, carreteras, escuelas, hospitales y productividad”.
Además de los beneficios del Acuerdo de Paz, Colombia ha invertido en el aumento de su capacidad en desminado: en 2016 había 1.300 personas dedicadas a esta labor, hoy son 5.478, quienes lograron en 2017 despejar 1,7 millones de metros cuadrados.
Hay afán, pero también retos
El desminado es un trabajo de filigrana. Granada, en Antioquia, será entregado hoy como libre de sospecha de minas antipersonal y desde el 2010 tiene operación de desminado. Este es solo un ejemplo del trabajo complejo y arduo que se adelanta para cumplir la meta, que más allá de un objetivo mundial redunda en beneficios para los más afectados por el conflicto.
Sin embargo, en Colombia hay grupos que siguen minando territorios: Eln, bacrim y disidencias de las Farc. Por ello para Jiménez es tan importante llegar cuanto antes a un acuerdo que desactive el conflicto con el Eln, para que haya finalmente control estatal de todo el territorio nacional.
Hay puntos críticos, advierte Jiménez: Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño, Nariño y Chocó. La víctima más reciente fue Lesly Enrique Enriquez, un joven de 18 años en Tumaco, Nariño, quien resultó herido el pasado 10 de marzo. Seis de sus familiares sufrieron aturdimiento.
“Es innegable que en muchos territorios las organizaciones al margen de la ley buscan proteger sus economías ilegales con explosivos, pero la Fuerza Pública y el Gobierno están haciendo la tarea de liberarnos territorios para poder desminar”, explicó el director del Daicma.
Esto hace que, en palabras de Jiménez, “estemos avanzando positivamente en el plan hacia el 2021”. Que se logre dependerá de que quienes hoy empuñan las armas y protegen sus economías ilegales con minas se desarmen, porque el país ya probó que tiene capacidad para arañar la tierra y sacarlas.
