Luego de que el Gobierno y las Farc llegaran a un acuerdo para iniciar procesos de desminado en el territorio nacional, el ministro consejero para el postconflicto, general Óscar Naranjo, aclaró que la medida no implicará un cese bilateral en las regiones en las que se ejecuten estas acciones.
De acuerdo con Naranjo, si bien participarán en el proceso guerrilleros sin uniforme y sin armas, esto no conllevará a una tregua entre las partes, sino que se les suspenderá la orden de captura, tal como ha ocurrido con los miembros del secretariado de la comisión negociadora de las Farc en Cuba.
“Para nada significa que haya cese bilateral en esas zonas, lo que significa es que hay zonas del país donde se reducirá la violencia de manera notable porque la participación de las Farc, el acompañamiento internacional, y el ejército, ponen un paréntesis a la guerra”, dijo Naranjo en diálogo con el programa Agenda Colombia.
Sobre el tiempo que tardaría el proceso, el general explicó que el desminado es una medida de desescalamiento que operará de manera puntual con ejercicios piloto que tendrán un alto impacto en las zonas seleccionadas por una mesa técnica entre las partes en La Habana.
Dichas zonas serán priorizadas de acuerdo con los estudios no técnicos en donde se incluirá la información entregada por la insurgencia. Por ahora, Naranjo asegura que éste acuerdo se unirá con el megaplan de desminado del Gobierno, donde ya se registran unos 668 municipios que necesitan intervención para ser descontaminados.
“Todavía las aproximaciones de cuánto va a tardar son preliminares, algunas experiencias hablan de diez años, nosotros nos estamos preparando para que toda la capacidad del Estado este volcada en el postconflicto”, señaló el general.
Dicho programa estará bajo la supervisión de la organización Ayuda Popular Noruega (APN) especializada en el tema y contará con veedurías expertas durante su ejecución. En este punto el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, explicó que “por el momento queríamos contar con un tercero, porque este tema no deja de herir susceptibilidades”.
El reto, según el gobierno, será adelantar de manera conjunta este acuerdo antes de que se firme la paz, pues aseguran que además de retirar las minas, deben hacerse mayores esfuerzos institucionales para recuperar el tejido social y así evitar el recrudecimiento de la violencia en estos territorios.
“Las minas antipersonal no solamente producen lesiones fatales sino que destruyen procesos comunitarios, por lo tanto se trata de poner en marcha procesos de descontaminación de comunidades (...) no puede subestimarse que por primera vez en Colombia, dos adversarios confrontados en el terreno se pongan de acuerdo para mitigar ese daño”, concluyó Naranjo.
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