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El narcotráfico como delito político debe ser discutido con E.U.: HRW
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El director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que Colombia debería discutir con aquellos países que persiguen el narcotráfico. FOTO COLPRENSA
03 de diciembre de 2014
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Luego de una reunión con el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que Colombia debería discutir con aquellos países que persiguen el narcotráfico, como es el caso de Estados Unidos, el tema de convertirlo en un delito político.
“Ese es un debate que deben dar los colombianos a la luz de su legislación interna, de las normas actualmente vigentes. Por cierto, me imaginó que será necesario discutirlo con países que persiguen con mucho vigor el narcotráfico como es principalmente los Estados Unidos”, dijo Vivanco. el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que Colombia debería discutir con aquellos países que persiguen el narcotráfico
Asimismo, afirmó que comparte la posición de la Corte Penal Internacional cuando advirtió que no puede haber impunidad en un eventual proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc y debe ser compatible con el Estatuto de Roma.
“El pronunciamiento reiterado de la Corte Penal Internacional es impecable, se ajusta a los estándares internacionales, creemos que esos pronunciamientos contribuyen a fortalecer el proceso de paz, de ninguna manera lo debilitan”, dijo el director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Cabe recordar que frente a este tema el fiscal General, Eduardo Montealegre, dijo que el narcotráfico puede ser un delito político.
“Es absolutamente posible que el narcotráfico sea considerado un delito conexo con el delito político, pues la conexidad significa que algo tiene relación con otra cosa, y es indiscutible que en el conflicto armado colombiano el narcotráfico ha sido utilizado en la lucha armada de la guerrilla”, explicó el Fiscal.
Y agregó que constitucional y jurídicamente está clara la relación de conexidad entre los dos delitos y por eso el Gobierno está estudiando la propuesta.
