Salarios atrasados, largas jornadas de trabajo sin remuneración de horas extras ni dominicales, desigualdad salarial entre funcionarios y tercerizados, y atraso en el desembolso de viáticos, son algunos de los argumentos por lo que los escoltas sindicalizados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) entraron a paro el lunes.
El Gobierno argumenta que esta vía de hecho debe ser declarada ilegal ya que la protección a personas con altos niveles de riesgo es un servicio esencial, pero los escoltas aseguran que la UNP debe sentarse a negociar nuevas condiciones laborales, especialmente para los empleados de las tres uniones temporales que le proveen servicios.
El problema es que este tire y afloje laboral puede traer graves consecuencias en la seguridad de los protegidos.
“Para el Gobierno es de suma importancia garantizar la protección de las personas que tienen esquemas, así es que está interviniendo el Ministerio de Trabajo, la Consejería Presidencial para Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, y sabemos que las personas que han contratado con el Estado para garantizar esa protección tienen una responsabilidad con la sociedad y con la garantía de los DD. HH.”, explicó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
A lo que los sindicatos de trabajadores y funcionarios de la UNP contestaron: “vamos a mantener viva la protesta social. No podemos continuar arriesgando nuestras vidas y la de protegidos por el no descanso de hombres de protección, jornadas de hasta 18 horas y demás sin reconocimiento de horas extras. Requerimos recursos que garanticen el trabajo decente y la protección líderes sociales”.
Aunque esta sea, como lo dice la funcionaria, una prioridad, los recursos para garantizar el servicio no existen. De acuerdo con Pablo Elías González, director de la UNP, hacen falta 270.000 millones de pesos para funcionar este año, teniendo en cuenta que vienen las elecciones regionales que exigen aumentar los esquemas de seguridad en un 30% o 40 %. Esa entidad tiene 7.400 esquemas, que pueden contar con uno o más escoltas para brindar protección.
La ministra Gutiérrez aclaró que el Presupuesto General de la Nación fue aprobado de acuerdo con un proyecto presentado por el Gobierno de Juan Manuel Santos, en el cual los recursos de la UNP quedaron deficitarios, por lo que el Ministerio de Hacienda está buscando recursos adicionales para suplir esta necesidad.
“Aunque el déficit viene desde septiembre, el Gobierno garantizó recursos hasta el 31 de diciembre del año anterior y, de igual manera, tendremos que garantizar la protección de los líderes a 31 de diciembre 2019”, dijo Gutiérrez.
Mientras se soluciona la problemática, la UNP sacó una licitación para contratar los servicios de escolta, solo por cinco meses, cuando usualmente el proceso se contrata por todo un año.
González reconoció que no es solo esa contratación la que ha tenido problemas. La semana pasada dos empresas que prestan servicios de seguridad manifestaron que no tenían armamento, lo que afectó a 50 esquemas de protección, situación que logró resolverse gracias a otro contratista que sí tenía armas.
Todo esto deja intranquilos a quienes reciben protección, especialmente a los líderes sociales que pueden costear su seguridad y que se enfrentan cada día a nuevas amenazas contra sus vidas. 3.021 han pedido protección a la Unidad.
Ayer, por ejemplo, asesinaron a Dilio Corpus Guetio, integrante del Comité Social de Cultivadores de Coca de la vereda Playa Rica, en Suárez (Cauca), y a José Jair Orozco, integrante de la Junta de Vivienda Comunitaria de Cartago (Valle del Cauca). Con estos dos homicidios se ajustan 16 en este 2019, según Indepaz.
Por ahora, los esquemas de protección no se ven afectados por el cese de actividades, dijo González, pero pronto lo estarán si la UNP no llega a un acuerdo con los sindicatos y el paro se prolonga, ya que no será posible garantizar los descansos y relevos necesarios.
Además, la ministra explicó que se están replanteando los esquemas de protección, para lo que se revisará cómo se asignaron, se evaluarán los tiempos de respuesta a las nuevas solicitudes, y se revisará quiénes ya no los necesitan y los pueden devolver para garantizar la seguridad de aquellos que aún están desprotegidos .
