Ante la situación de inseguridad en el municipio de Alto Baudó, Chocó, los ministro de Defensa, Diego Molano, y del Interior, Daniel Palacios, informaron que habrá presencia militar en la zona y llegará una misión humanitaria encabezada por la Cruz Roja Internacional para atender a los afectados.
Los funcionarios detallaron al final de una reunión con el gobernador de Chocó, Ariel Palacios, que en dicha misión, también participará la Unidad de Víctimas y otros actores de la comunidad internacional.
El despacho departamental añadió que, desde el pasado domingo, hace presencia en la comunidad Moamía el batallón de combate terrestre número 26 del Ejército. Adicionalmente, apuntó que hay un despliegue de acciones “integrales” con la Fuerza Aérea para la custodia del territorio.
De otro lado, los obispos de Istmina-Tadó, Quibdó y Apartadó (Antioquia) estarán en el Alto Baudó el resto de la semana en compañía de funcionarios de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Mario de Jesús Álvarez, obispo de Istmina, tomo la vocería entre los jerarcas e hizo un llamado a los grupos que se están enfrentando allí para que cesen el fuego.
“Miren el sufrimiento de nuestras comunidades”, exclamó el religioso y también pidió acciones desde el Gobierno para que “las comunidades vayan resurgiendo, la iglesia quiere colaborar”.
Contexto
Unas 4.741 personas entre confinadas y desplazadas se registran en Alto Baudó desde el viernes 19 de febrero, por enfrentamientos entre la guerrilla del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), tal como lo había evidenciado la Defensoría del Pueblo.
“La comunidad -según el defensor del Pueblo, Carlos Camargo- está sin alimentación, sin recursos y confinada”. Así mismo, denunció que otras personas se encuentran en situación de desplazamiento. Estas familias, de acuerdo con la alerta emitida, pertenecen a la comunidad indígena Moamía, quienes ubicaron un letrero a las puertas de su resguardo pidiendo que no se desarrollen más combates allí.
Desde septiembre de 2019, la Defensoría del Pueblo dijo haber emitido alerta temprana de inminencia, donde se advirtió el elevado riesgo para la población civil debido a la disputa territorial entre el Eln y las AGC.
