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5.000 millones para activar la amnistía a presos de las Farc

  • 56 mil procesos hay actualmente en los juzgados de ejecución de penas. Imagen ilustrativa de archivos judiciales. FOTO: Colprensa
    56 mil procesos hay actualmente en los juzgados de ejecución de penas. Imagen ilustrativa de archivos judiciales. FOTO: Colprensa
29 de marzo de 2017
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Para destrabar el proceso de amnistías a los guerrilleros de las Farc presos en cárceles colombianas, el Gobierno Nacional acordó con el Consejo Superior de la Judicatura “adicionará al presupuesto general en la suma de 5.000 millones de pesos, inicialmente con destinación a los centros de servicios de los juzgados de ejecución de penas del país para dar cumplimiento a los compromisos de paz, en especial para la aplicación de las amnistías de los miembros de las Farc”, declaró el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero.

Ya varias personas dentro del sistema judicial habían advertido que la dificultad estaba en la falta de recursos de los jueces de ejecución de penas, que con la cantidad de solicitudes ya estaban completamente congestionados.

“Los empleados y los jueces de ejecución de penas rechazamos la postura del comisionado para la paz, quien está diciendo que los jueces somos un palo en la rueda, y es mentira. Todos sabemos que el proceso de paz se negoció en La Habana hace cuatro años, y debió preverse esta situación de los indultos y las amnistías”, señaló el presidente de Asonal Judicial, Freddy Machado.

Por su parte, Jorge Blanco, Juez 24 de Ejecución de Penas, indicó que hay 56 mil procesos en los juzgados, entre casos ordinarios y solicitudes de guerrilleros, esto para 62 empleados.

Se han recibido 80 solicitudes de amnistías, pero están suspendidos los términos, porque internamente estamos resolviendo todo lo que tiene que ver con asuntos constitucionales, habeas corpus y tutelas”, señaló el funcionario judicial.

Igualmente, la coordinadora de los jueces de ejecución de penas, Shirley Del Valle indicó que los empleados de la juzgados han tenido incluso que suspender sus periodos de vacaciones, para atender las solicitudes de guerrilleros.

“Tenemos a nuestros empleados con las vacaciones suspendidas, con estado de salud grave, con prescripción médica, y esto atenta contra los derechos fundamentales de los empleados de la Rama Judicial”, señaló Del Valle.

El Gobierno espera que con los recursos autorizado en las últimas horas se puedan solucionar estos problemas.

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