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Gobierno firmó decreto para proteger líderes
Se creó el Plan de Atención Oportuna, Pao, que se reunirá cada tres meses para evaluar la situación de riesgo en el país.
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El 6 de julio de 2018, se realizó en Colombia y el mundo una velatón por líderes asesinados. FOTO julio césar herrera
20 de noviembre de 2018
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La protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos es una asignatura pendiente que al actual y al anterior gobierno les ha demandado grandes esfuerzos y, además, hace que los ojos del mundo se posen sobre Colombia por el tema de protección a esta población vulnerable.
La Defensoría del Pueblo ha registrado entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2018, el asesinato de 343 líderes, y por esta razón, la Organización de Naciones Unidas solicitó al Gobierno colombiano en su último Consejo de Seguridad el pasado 12 de octubre, “proteger a los líderes”, por quienes hay un patrón de muerte que los está llevando a ser asesinados.
Para cumplir con esta petición hecha por la Onu y por las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, el presidente Iván Duque firmó ayer el decreto que traza la ruta de protección y creó el Plan de Atención Oportuna, PAO.
“Nos duele cualquier hecho criminal contra los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y los periodistas. Enfrentamos estos crímenes con determinación. No queremos impunidad frente a estos hechos y queremos además trabajar en la prevención de manera acertada”, expresó el presidente Duque.
¿En qué consiste este plan?
El PAO se conformó con un plan de acciones articuladas para dar una respuesta ágil y oportuna a la violencia contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas, ante la situación de cualquier riesgo que se origina en el territorio colombiano.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, indicó que buscaron un punto en común de las entidades del Estado para “definir acciones concretas en el territorio. A partir del 1 de diciembre estaremos yendo a las zonas con los alcaldes y gobernadores a los municipios que han sido priorizados como áreas que requieren una acción para generar protocolos de prevención colectiva e individual”.
Se espera efectividad
Para algunos líderes sociales consultados por EL COLOMBIANO, el decreto tiene de entrada una falla y es que no se consultó a las comunidades o a los defensores.
Carlos Morales, defensor de Derechos Humanos y director de la corporación Cahucopana, argumenta que el presidente Duque “debería primero escuchar a los líderes que viven diariamente el riesgo en los territorios y que sean los mismos líderes que propongan la ruta para su protección y de las comunidades”.
La lectura que le da Amparo Mejía, integrante de la mesa de derechos humanos de la comuna 6 de Medellín, es que esta firma no pasará de un formalismo, y en unos meses, el presidente Duque expresará lo que ha pasado en otros gobiernos: no hay fondos para implementar lo firmado o no hay personal de protección.
“Eso es un simple formalismo. Después de la firma quedará en letra muerta y para que llegue a la práctica, pasará mucho rato. Con la situación que vivimos en el país, ese decreto quedará en letra muerta”, concluye Mejía.
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