La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) indicó que en su labor de contrastación de la información relacionada con el caso 03, en la que se investigan a miembros de la Fuerza Pública por los homicidios ilegítimamente cometidos para presentarlos como bajas en combate suman hasta el momento 6.402, solo en el periodo comprendido entre 2002 y 2008, justo en los primeros años de la Seguridad Democrática en los que más casos se reportaron.
Esta cifra triplica los 2.248 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre 1988 y 2014, que fueron identificados por la Fiscalía General de la Nación y reportadas a la JEP.
El proceso investigativo arrojó que el 66 % del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos (ver infografía) y que entre 2002 y 2008 se concentraron el 78 % de los casos. “Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009”, se lee en el Auto 033 de 2021.
Frente a estas cifras el expresidente Álvaro Uribe aseguró en un comunicado que desde el 2003 cuando “ONGs, contrarias a mis ideas, acusaban a las Fuerzas Armadas de asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales, asumí públicamente el tema”. En el extenso texto detalló los esfuerzos que se llevaron a cabo para evitar que estos hechos ocurrieran y cómo asumió hechos como los perpetrados “por soldados y policías en Guaitarilla y el asesinato de civiles en Cajamarca”. Y agregó: “Siempre privilegié la desmovilización y la captura sobre las bajas”.
Víctimas aportaron
Para que la JEP llegara a esta conclusión preliminar acudió a diversas fuentes, la primera fueron los procesos judiciales que había llevado la JEP a los tribunales, las noticias criminales que reposan en el SPOA (el Sistema de Información de la Fiscalía), el Centro Nacional de Memoria Histórica, y muy especialmente las organizaciones sociales que han entregado sus informes.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) informó en un comunicado que “para las organizaciones de derechos humanos y de víctimas no es una sorpresa la elevada cifra sobre ejecuciones extrajudiciales que revela la JEP en sus investigaciones preliminares. La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU- (Plataforma que agrupa a 285 organizaciones de derechos humanos) había documentado con anterioridad una cifra cercana de 5.763 casos entre 2000-2010”.
Incluso advirtió que esta información había sido puesta en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría, así como de organismos internacionales.
De acuerdo con Sergio Arboleda, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, “esta cifra demuestra lo que las organizaciones hemos venido denunciando, que las ejecuciones extrajudiciales han sido generalizadas y sistemáticas y que ocurrieron en todo el territorio nacional. Devela la masividad de estas prácticas, y muestra que hubo una política al interior de las Fuerzas Militares que asesinaban a personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario para que fueran pasados como guerrilleros muertos en combate”, explicó
Entonces será misión de la JEP determinar si hubo dicha política o no, y esa es precisamente una de las preguntas que se hace el abogado Michel Pineda, de la Corporación Compromiso Colombia, para quien estos delitos no deberían ser de competencia de la JEP. “De momento la cadena de mando dice que nunca dio esa orden, entonces bajo esa lógica estos no son delitos cometidos en ejercicio de las funciones militares, porque el Ejército no está hecho para matar civiles”.
Por lo que concluyó que la JEP demuestra la existencia de esa política implicando al mando o debe dejar de lado el caso porque sería tarea de la justicia ordinaria. “A la JEP solo deben ir los delitos cometidos por militares en atención a las órdenes dadas por los comandantes, si no podrían ir a la justicia especial los militares investigados por violencia intrafamiliar”.
Ahora, si lo que quiere desenmarañar la Sala de Reconocimiento es todo lo que se urdió en medio de los falsos positivos, dijo Pineda, es un error no incluir a los paramilitares que tuvieron un papel protagónico en estos crímenes.
Y esa es precisamente la solicitud de las víctimas agrupadas en el Movice: “Más allá de establecer el número de crímenes, la satisfacción de los derechos de las víctimas requerirá que la JEP despliegue todos sus medios para obtener información relevante sobre la pervivencia de estructuras y doctrinas que en la fuerza pública han permitido la existencia del fenómeno criminal”.
Antioquia con más casos
Entre los hallazgos de la Sala de Reconocimiento, Antioquia fue el departamento más afectado por ese fenómeno, donde se concentró el 25 % de los casos del país entre 2002 y 2008. Y unos 1.242 homicidios fueron cometidos presuntamente por miembros de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, según el Auto 033 del 2021 .
Por eso Antioquia será el primero de seis departamentos priorizados por la JEP para el estudio en el caso 03. (Ver Claves)
Según el informe “Ni Descuidos, ni Manzanas Podridas”, presentado por varias organizaciones a la JEP, estos crímenes obedecían a una dinámica de planeación, ejecución, y encubrimiento, lo que deberán corroborar los magistrados.
De momento, uno de los casos emblemáticos es el del cementerio Las Mercedes en Dabeiba, del que han entregado información ante la JEP 14 miembros de la Fuerza Pública de distinto rango. La mayoría de ellos no habían sido investigados por la justicia ordinaria y quienes sí lo fueron, confesaron ante la JEP la comisión de crímenes nunca antes judicializados.
Diferente es el caso del general (r) Mario Montoya, quien pese a haberse sometido a esta jurisdicción, ha decidido guardar silencio en las audiencias a las que ha sido convocado por la JEP, por lo cual las víctimas acreditadas en el caso 03 han solicitado reiteradamente su retiro de la jurisdicción, ya que no ha cumplido con su compromiso de verdad plena.
“Hemos conocido que los militares tienen una estrategia de proteger a sus comandantes, para ocultar que hubo órdenes con respecto a estos asesinatos y en un escenario de justicia transicional ellos pueden obtener beneficios a cambio de aportar verdad plena”, concluyó Arboleda.
De hecho, si eso no se logra estos crímenes podrían entrar en la competencia de la Corte Penal Internacional, que tendrá listo un borrador este año sobre cómo sería su actuación en el caso colombiano, tal como lo anunció su fiscal Fatou Bensouda, en diciembre pasado.
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