Este viernes, la Justicia Especial para la Paz (Jep) dictó medidas cautelares para proteger a las víctimas de desaparición forzada en Buenaventura. Esta Corte, que nació con el Acuerdo de Paz, determinó que se prohíbe cualquier intervención en el Estero de San Antonio, en un plazo de 180 días (prorrogables).
“La JEP decreta cautelar el Estero de San Antonio con el fin de garantizar los derechos de las víctimas de desaparición y, en consecuencia, prohibir cualquier intervención en el Estero de San Antonio durante el término de 180 días, prorrogables, en especial el dragado y el desarrollo de las obras civiles allí”, así fue el veredicto del magistrado de este tribunal, Gustavo Salazar.
Paramilitares ya habían mencionado en Justicia y Paz que en el Estero de San Antonio habían tirado a sus víctimas, después de torturarlas para que allí no fueran halladas por las autoridades.
Desde abril, este Tribunal empezó a estudiar las medidas cautelares, porque 16 organizaciones de víctimas habían pedido proteger y preservar el lugar para encontrar allí los cuerpos de los desparecidos y garantizar así su derecho a la verdad, justicia y reparación.
Pese a la presencia de cuerpos en el lugar, el gobierno nacional, a través del Invias, buscaba llevar obras de infraestructura con un dragado en este estero.
Por tanto, la Jep determinó que se desarrollará un espació de socialización “donde se presenten las discusiones que se den en las mesas de trabajo con Invias e inviten a la mesa de acceso a la justicia a las víctimas”.
El magistrado Alejandro Ramelli explicó que esta decisión se tomó en consecuencia de que “nadie, ni desde las comunidades, ni desde las organizaciones sociales o las entidades, se opone al desarrollo. Pero éste no existe por encima de la humanidad misma y sus derechos fundamentales”.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en Buenaventura hay un reporte de 841 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado: “779 fueron desaparecidas forzadamente, 40 reclutadas, 3 secuestradas y 19 asesinadas con ocultamiento de cuerpos”.
Además de la suspensión de cualquier obra por los próximos 180 días, el tribunal también ordenó que se les entregue acompañamiento psicosocial a las víctimas y se le pidió a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desparecidas que “de manera pronta y oportuna se adelanten los estudios técnicos necesarios para adelantar la viabilidad de procesos de ubicación y recuperación de cuerpos en el Estero de San Antonio”.
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