El último anuncio conjunto del Gobierno y las Farc deja esperanzas entre las familias que esperan encontrar a sus desaparecidos, pero más cuestionamientos en quienes temen que haya impunidad para delitos atroces, como la desaparición forzada.
Las delegaciones de ambas partes publicaron en la noche del sábado un informe en el cual presentaban los resultados de un nuevo acuerdo, destinado a “aliviar el sufrimiento de las familias de las personas dadas por desaparecidas”.
El anuncio se dio en el marco de las “medidas inmediatas de construcción de confianza” que, como ya es costumbre, se presentan -quizá por casualidad- cuando el proceso de paz está siendo cuestionado por la sociedad. Entre esas medidas han estado las de cese unilateral del fuego, prohibición de bombardeos y desminado humanitario.
La decisión tomada por los negociadores tiene dos subacuerdos: el primero es de aplicación inmediata e implica que tanto la guerrilla como el Gobierno entregarán información al Comité Internacional de la Cruz Roja y a Medicina Legal para acelerar la búsqueda, ubicación y entrega de restos de los desaparecidos por causa del conflicto armado.
Esto incluye tanto a las víctimas de la insurgencia como a los muertos durante operaciones militares que terminaron enterrados como NN en los cementerios.
Los procedimientos contemplan la entrega digna de los despojos a sus dolientes, acompañamiento sicosocial y un plan de recomendaciones que será elaborado en los próximos cuatro meses por la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que facilitará el cumplimiento de esta misión.
El segundo subacuerdo comenzaría a gestarse cuando se firme el Acuerdo Final y se acabe el conflicto. Consiste en la creación de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), con “autonomía administrativa y financiera para garantizar la continuidad en el tiempo del cumplimiento de sus funciones”.
Lo positivo
El sistema de Naciones Unidas en Colombia, por medio de un comunicado, celebró el anuncio producido en Cuba, pues nuestro país es uno de los que tiene “el mayor número de desaparecidos: según datos oficiales, se presume que la cifra se aproxima a 100.000 personas, de las cuales 45.000 serían víctimas de desaparición forzada”.
Lo pactado tiene múltiples ventajas, entre ellas: coordinación interinstitucional (nacional e internacional), tener en cuenta a las familias de las víctimas, contar con el compromiso de las Farc de que entregarán la información, asignación de presupuesto para la tarea y, como lo reiteró Naciones Unidas, “el respeto a las costumbres, tradiciones y cultura de los familiares de los desaparecidos, en particular al momento de la entrega”.
Los anuncios dan respuesta al clamor de muchos afectados por el conflicto. El pasado 27 de julio, un grupo de víctimas de secuestro y desaparición forzada, reunidos en la Fundación País Libre, publicaron una carta en la cual manifestaban sus inquietudes frente a los diálogos de paz.
En la misiva exigían el fortalecimiento “de las instituciones públicas responsables de la garantía de derechos de los colombianos, especialmente de las víctimas”. Esa demanda, al parecer, tendrá respuesta con la nueva UBPD.
De igual manera, pidieron a los actores armados que contribuyeran a la verdad, contando dónde estaban los desaparecidos y secuestrados, cómo y por qué sucedieron los hechos; solicitaron información sobre el estado de las investigaciones y agilizar los procesos judiciales.
Tales peticiones, al menos en teoría, tendrán solución con este plan acordado en la mesa de negociaciones.
El presidente Juan Manuel Santos dijo que este era “otro paso por la paz”, que “garantiza a las víctimas el cumplimiento de derechos a la verdad, justicia y reparación”.
Y el senador Roy Barreras, copresidente del Partido de la U y miembro de la Comisión de Paz del Senado, expresó que el acuerdo “hará aparecer el más noble efecto de la paz: cerrar las heridas en el alma de familias víctimas”.
Lo cuestionable
El texto conocido del acuerdo señala que “las actividades de la UBDP no podrán ni sustituir ni impedir las investigaciones de carácter judicial a las que haya lugar en cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado”.
Sin embargo, una lectura minuciosa hace emerger otros aspectos que entrarían en conflicto con lo anterior.
El documento especifica que la citada entidad y sus procedimientos tendrían carácter “humanitario y extrajudicial”.
En otro aparte, afirma que “la información que reciba o produzca la UBPD no podrá ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, a excepción de los informes técnico forenses y los elementos materiales asociados al cadáver”.
Aquí aparece un primer interrogante: ¿esto quiere decir que los guerrilleros, cuyas confesiones conduzcan a esclarecer crímenes ligados a desapariciones, no serán enjuiciados por esos hechos?
El informe precisa que “los funcionarios de la UBPD no estarán obligados a declarar en procesos judiciales y estarán exentos del deber de denuncia respecto al trabajo que desempeñen en la Unidad”.
Más adelante, agrega que “la contribución con información a la UBPD podrá ser tenida en cuenta para recibir cualquier tratamiento especial en materia de justicia”.
Y es aquí donde surge la segunda inquietud: ¿o sea que los datos que los subversivos entreguen sobre las desapariciones, no servirán para enjuiciarlos, pero sí para darles beneficios jurídicos?
En su discurso del 23 de septiembre, cuando se firmó el acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, Santos declaró que se otorgarían amnistías o indultos por los delitos políticos y conexos.
“Pero hay delitos que ni nuestra Constitución, ni el derecho internacional, ni nuestra conciencia nos permiten amnistiar, como los de lesa humanidad, el secuestro, el genocidio, la desaparición forzada (...), que serán investigados, juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción”, relató.
En ese sentido, ¿qué pasará entonces con las confesiones a la UBPD sobre desaparición forzada, las cuales no podrán ser usadas como prueba en un juicio? ¿Cómo entrará a procesarlos la Jurisdicción Especial para la Paz y sus tribunales?
En una declaración posterior al comunicado conjunto, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, explicó que “el carácter extrajudicial de la Unidad es importante y ha sido reconocido por Naciones Unidas como una buena práctica. El carácter extrajudicial es el que permite que se genere el ambiente adecuado para que la información pueda ser plenamente compartida”.
Reiteró que “el trabajo que hará la Unidad no sustituye ni impide las investigaciones de carácter judicial, tal como quedó establecido en el acuerdo”.
La dirigente conservadora Martha Lucía Ramírez opinó que “lamentablemente seguimos con una información a medias, en este tema de la paz ha faltado transparencia” y manifestó que ojalá esos anuncios se concreten de verdad para saber “¿dónde están los secuestrados de las Farc?”.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Federico Hoyos, relató que “el solo hecho de que en ese acuerdo se mencione la palabra ‘extrajudicial’, ya genera mal ambiente. Aquí se quiere evitar penas y diluir la responsabilidad judicial de las Farc”.
Señaló que “eso genera un pésimo precedente de cara a futuros procesos de paz con otros grupos”.
Y Claudia López, senadora del Partido Alianza Verde, escribió en Twitter: “para sus familiares será un alivio, pero duele el alma que tengamos que ‘celebrar’ acuerdo para intercambiar cadáveres”.
118
secuestros se cometieron en Colombia, entre enero y agosto, según MinDefensa.
71
secuestros fueron con fines extorsivos, entre enero y agosto, según MinDefensa.
45.000
personas habían sido víctimas de desaparición forzada en Colombia (ONU).
