Tras dos años y ocho meses de negociaciones con la guerrilla y tres acuerdos, pero también con crisis y pérdida de confianza social, el presidente Juan Manuel Santos por primera vez puso una fecha límite: “en 4 meses dependiendo de si las Farc cumplen (cese el fuego) tomaré la decisión de seguir o no con este proceso”.
El jefe de Estado llega a esta decisión tras el acuerdo logrado con la guerrilla para desescalar la confrontación y avanzar en los temas faltantes del proceso de paz: “Hay que acelerar las conversaciones para llegar cuanto antes al fin del conflicto”.
Santos dio nuevas señales de que el Gobierno se mantiene en uno de sus “inamovibles” que más polariza al país desde el principio de los diálogos: no pactar un cese el fuego bilateral en medio de la negociación.
La carrera para reducir la intensidad de las acciones armadas toma más fuerza tras el consenso de que la escalada del conflicto en el campo de batalla en Colombia frena los avances en la mesa de negociaciones en Cuba. Y además, genera escepticismo social.
El resultado es que una semana antes de que la mayor guerrilla del país asuma su sexto cese el fuego unilateral, ambos equipos negociadores confían en que nuevas medidas para reducir la confrontación militar y mayor participación de la comunidad internacional permitan agilizar los acuerdos pendientes sobre justicia y fin del conflicto.
Gracias al acuerdo revelado ayer, el cese el fuego unilateral de las Farc, que comienza el próximo 20 de julio, durará cuatro meses y no uno, como los jefes subversivos anunciaron la semana pasada.
Otra consecuencia del interés de avanzar en la temas de la negociación, sobretodo del Gobierno tras un año sin acuerdos, es el cambio de metodología de los equipos negociadores para abordar los temas faltantes mediante “un trabajo técnico, continuo y simultáneo sobre los puntos centrales de la agenda”.
Para el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, se trata “de ahora en adelante de trabajar de manera simultánea en los temas críticos de la agenda como justicia (transicional), cese al fuego bilateral y definitivo, dejación de armas y garantías de seguridad” por si llega la desmovilización de unos 8.000 insurgentes que tienen las Farc.
La verificación internacional
Pero a pesar de las presiones de la guerrilla y sectores sociales para que el gobierno ceda ya a pactar una tregua bilateral, el presidente Santos fue enfático al afirmar que: “este desescalamiento no es un cese al fuego bilateral, pero sí es un avance para humanizar la guerra, para evitar más víctimas, mientras se llega a un acuerdo definitivo”.
Horas antes, El jefe negociador, Humberto de la Calle, enfatizó que una suspensión de la ofensiva militar contra la guerrilla “solo podría ser aplicado con verificación (...) y dependerá además, de los resultados en los otros temas, especialmente sobre justicia”.
Dicha verificación involucra a organizaciones de la comunidad internacional, con el fin de garantizar la imparcialidad del monitoreo al cumplimiento de ambas partes.
“Para ello, las delegaciones solicitarán el acompañamiento en la subcomisión técnica de un delegado del Secretario General de Naciones Unidas y un delegado de la presidencia de Unasur (que preside hoy Uruguay)”, indicó el comunicado conjunto del Gobierno y las Farc.
Pero el líder negociador aclaró que “no vamos simplemente a paralizar la acción de la fuerza pública (...) medidas de desescalamiento del Gobierno dependerán del cumplimiento de las Farc”.
Dentro de cuatro meses cada una de las delegaciones realizarán una primera evaluación tanto del cumplimiento de las medidas de desescalamiento, como de los avances de la mesa de conversaciones y tomarán las decisiones que consideren “pertinentes”.
Hasta ahora, la Presidencia ni los negociadores dieron detalles sobre sus iniciativas para desescalar la confrontación. No obstante, hay acciones recientes que se consideran así, como el inicio del plan piloto de desminado humanitario en Briceño y el anuncio de fin del reclutamiento ilegal de menores de 17 años por las Farc.
Y del lado estatal, entre marzo y abril de este año hubo suspensión de los bombardeos a campamentos de las Farc. Estos se reanudaron tras la muerte de 10 militares en Buenos Aires (Cauca), que a su vez puso fin a cinco meses de alto el fuego de los “farianos”.
Mientras los altos mandos militares y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, acusaron a la guerrilla de incumplir con su tregua y asesinar a los militares mientras descansaban, las Farc insisten en que fue una acción defensiva. De allí la necesidad de una verificación imparcial.
Analistas del conflicto como el coronel retirado del Ejército, John Marulanda, consideran que “el Gobierno no ha cedido a una tregua para mantener como estrategia y persuasión en la negociación la ventaja militar conseguida durante los últimos 15 años de modernización de las Fuerzas Armadas”.
Los negociadores de las Farc, en cabeza de Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, destacaron que el plan para acelerar el proceso de negociación significa un relanzamiento vigoroso, prometedor y esperanzador del proceso de diálogos”. Además, calificaron el compromiso de desescalar el conflicto como “medidas de construcción de confianza”.
Contra la incredulidad
A juicio de Javier Ciurlizza, director en América Latina de la organización International Crisis Group (estudia soluciones a conflictos), está demostrado que a pesar de la regla inicial de negociar en medio del conflicto, los hechos de la guerra sí afectan la dinámica de la mesa de negociaciones.
“Aunque ninguna de las dos partes se plantea actualmente abandonar las negociaciones, la escalada de violencia genera nuevas emergencias humanitarias, resta apoyo social a la salida negociada y fortalece a los sectores más radicales contrarios a la negociación”, afirma Ciurlizza.
Agrega que “con el creciente desgaste de la paciencia política, no era posible ya seguir hablando de paz mientras siguen las muertes de uniformados, civiles y hechos como el daño ambiental provocado por atentados”.
Aunque el plan para agilizar los acuerdos mitigando el derramamiento de sangre devuelve la esperanza a las negociaciones de paz en su momento más crítico, no le resta las tensiones frente al largo camino para una salida negociada al conflicto.
Antes de que el presidente Santos fijara la fecha de cuatro meses para continuar o suspender las negociaciones de acuerdo a avances y el cumplimiento de la guerrilla, el jefe máximo de las Farc, alias “Timochenko”, había cuestionado los llamados agilizar.
“En cuanto a la aceleración, tampoco acabamos de entender por qué siempre nos la exigen, en público, mientras que en las reuniones de la mesa se hacen los pesados y retardan la redacción de los acuerdos”.
El Gobierno y las Farc mantienen diferencias sobre la justicia transicional que enfrentarán los guerrilleros desmovilizados, el desarme y la refrendación de un eventual acuerdo final.
Mientras el primero defiende que no puede haber indultos ni amnistías por los tratados internacionales como el Estatuto de Roma, los jefes guerrilleros insisten en que no aceptarán penas privativas de la libertad y convocar una Asamblea Constituyente.
8.000
guerrilleros tienen las Farc, según las cifras del Ministerio de la Defensa.
6
ceses del fuego unilateral completarán las Farc con la que inicia el 20 de julio.
