Como ya es su tarea, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizó ayer la evaluación a la implementación de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y sobre cómo va la implementación del Acuerdo de paz con las Farc.
En el encuentro, además de los miembros del Consejo de Seguridad, estuvo la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, y el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.
La reunión se dio días después de la carta enviada por el presidente Iván Duque al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y al Consejo de Seguridad con la solicitud de ampliar el periodo de la Misión en Colombia.
En la presentación del informe trimestral, los intervinientes se refirieron, sobre todo, al sistema de justicia transicional creado por el Acuerdo, a la seguridad de líderes sociales así como de exguerrilleros, y al proceso de reinserción.
El primero en hablar fue Ruiz Massieu quien aseguró que “hay que reconocer el mérito de las dos partes que cumplen sus compromisos, junto con el esfuerzo de las instituciones colombianas y la sociedad civil”.
Sobre los retos, Massieu se refirió al asesinato de líderes sociales, a la necesidad de garantizar a los excombatientes el derecho al acceso a las tierras y a la importancia de que las dos partes –Gobierno y Farc– solucionen sus diferencias con el apoyo de la comunidad internacional.
En cuanto al sistema transicional, resaltó la importancia de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vaya a tomar sus primeras decisiones este año. También, que la Comisión de la Verdad entregue este año, en noviembre, su informe final; y que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) haya ayudado a “encontrar y reunir a una madre y a su hija desaparecida hace 17 años”.
La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, defendió la gestión y los avances del gobierno de Duque en lo relacionado con la implementación del Acuerdo.
Dijo, por ejemplo, que en los últimos cuatro años ha habido una “disminución considerable de la violencia”. Además, que se han hecho inversiones sociales “en beneficio de las comunidades afectadas por décadas de violencia”. También aseguró que “nuestro principal reto” es la seguridad de las comunidades, los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y los excombatientes.
Sobre el apoyo al sistema de justicia transicional, explicó que en 2020 se le asignaron 148,4 millones de dólares, que se distribuyeron así: 82,7 millones para la JEP, 39,8 millones para la UBPD y 25,9 millones para la Comisión de la Verdad, lo que supuso un aumento del 28 % en la financiación del sistema en comparación con 2019.
Blum también hizo un llamado para que la misión “asegure el elemento reparador de verdad y justicia que deben cumplir los sancionados que han cometido crímenes”.
“Aunque nos falta un camino por recorrer, la política de Paz con Legalidad contribuye a una sociedad más justa y pacífica. El apoyo de la comunidad internacional es esencial en este proceso”, concluyó.
