Esta semana fueron capturadas 10 personas que al parecer integraban una red criminal encargada de estafar y suplantar a las víctimas del conflicto armado.
Esta es otra modalidad diferente a la de los falsos reclamantes de tierras, pues aquí a la entidad que se pretendía engañar era la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.
La trama quedó al descubierto tras una operación conjunta del CTI y la Dijín, en contra de una banda señalada de suplantar y estafar a más de 3.000 víctimas en Medellín y Urabá, las cuales buscaban la reparación económica del Estado por haber perdido a sus seres queridos a manos de los actores de la violencia.
La investigación preliminar sugiere que “los presuntos delincuentes contactaban a las víctimas del paramilitarismo o de la guerrilla, y les solicitaban la documentación necesaria para reclamar las indemnizaciones a las que tenían derecho. Una vez se ejecutaban los pagos, se quedaban con un porcentaje del dinero o con la totalidad de la reparación económica”, reza el informe de la Fiscalía. Dicho porcentaje sería del 30 al 50 por ciento de la indemnización.
Los sospechosos, que en muchos casos suplantaban a los empleados de la entidad, también “reclutaban a personas de escasos recursos para hacerlas pasar como víctimas y acceder a las ayudas estatales”, concluye el documento.
Frente al tema, la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Paula Gaviria, declaró que “las víctimas del conflicto no necesitan tramitadores ni dinero para acceder a los derechos que por ley les corresponden”.
Es importante recordar que estos trámites, tanto los de reclamación de tierras, como los de solicitud de reparación económica, son gratuitos. Por eso no hay que permitir que los estafadores se lucren “gracias al dolor de nuestros compatriotas víctimas del conflicto”, como dijo la funcionaria Gaviria.
