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Publicado el 12 de noviembre de 2021
Son tercerizados de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Advierten posible freno de pago por auditoría de Contraloría.
Los 7.000 escoltas tercerizados que tiene la Unidad Nacional de Protección, UNP, entraron en modo cónclave para decidir si salen a paro, ante la posibilidad de que les quiten una bonificación que suma 356 mil pesos.
El problema se basa en que la Contraloría, por sus labores rutinarias, adelanta una revisión de los manejos de los dineros de la Unidad y le llamó la atención el origen de un bono “de buen servicio” de 165 mil pesos, y otro por 191 mil adicionales al salario mensual que reciben los escoltas tercerizados de la Unidad.
En 2010, el saliente Gobierno del entonces presidente, Álvaro Uribe, firmó un acuerdo con SINPROSEG, un sindicato de esa época, cuando ni siquiera existía la UNP.
En ese momento las partes llegaron a un acuerdo que incluía el beneficio del bono de alimentación que tuvo un cambio de nombre después, y más adelante se llegó al bono extralegal hoy cuestionado.
Luego de más de diez años, la Contraloría le consultó a la UNP por dichos beneficios obtenidos a través de un sindicato de trabajadores que no son de planta, sino contratados a través de otra empresa y con los que la entidad no podría negociar legalmente.
Según Jhon Monsalve, miembro de SINTRASECOL, uno de los sindicatos de la UNP, es la primera vez que el ente de control se fija en el tema y por eso les preocupa en lo que pueda desencadenar la Auditoría de Cumplimiento. Sin embargo, aclara que el procedimiento en curso no tiene nada que ver con un hecho de corrupción.
De todas formas, desde la Mesa Nacional Sindical, de la que hace parte Monsalve, se alistan para entrar en cese de actividades en los próximos días en caso de que la autoridad tome la decisión de recomendar el retiro del beneficio.
La Contraloría, por su parte, respondió que la auditoría todavía está en etapa de ejecución y aún está analizando las respuestas entregadas por la UNP sobre esos dineros, pues el proceso auditor consta de distintas etapas que no han concluido.
Por lo tanto, no hay ninguna decisión definitiva sobre los hallazgos. Debido a eso, señaló que “no es por cuenta de la Contraloría que se puedan tomar por parte de la UNP medidas con respecto a bonificaciones que recibe su personal”, pues sus observaciones no son vinculantes, por ahora.
Las otras quejas
La molestia de los sindicatos de la UNP no es nueva y otro de los factores que analizan los empleados para tomar la decisión de detener sus actividades o no, tiene que ver con la resolución de sus cuestionamientos al manejo de los viáticos para desarrollar su labor.
Monsalve sostiene que algunos de los trabajadores no tienen vehículos asignados para los traslados con sus protegidos o en ocasiones deben costear de su bolsillo el costo de transportarse en lancha, almorzar o incluso comprar un tiquete de bus intermunicipal para llegar a la persona que deben cuidar.
Justamente, los bonos que temen perder, aseguran, podrían desmejorar más su situación laboral, pues con esa plata suelen comprar comida o pagar gastos que no les cubre la UNP en esos traslados.
“Nosotros hemos venido agotando unas instancias, ese término paro es el último recurso que tienen las organizaciones cuando no son atendidas ni cumplidos los requerimientos”, dice Camilo Torres, presidente de SINTRAUNP, otro de los sindicatos de la Unidad de Protección.
EL COLOMBIANO se comunicó con la Unidad Nacional de Protección para conocer su postura sobre las quejas de los sindicatos y está a la espera de una respuesta con respecto a este informe
Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana.
