Hace un año en Mesetas, Meta, el presidente Juan Manuel Santos cerró con candado el container en el que guardó las últimas cinco armas de las 7.132 recibidas de las Farc como grupo armado. Con la acción, el mandatario clausuró 54 años de conflicto armado con esta guerrilla y abrió la puerta a un mundo de posibilidades para los excombatientes desde la legalidad.
Ese 27 de junio Rodrigo Londoño Echeverri, excomandante de esa guerrilla conocido como “Timochenko”, recibió de Santos un fusil convertido en pala y ambos estrecharon sus manos. Prometieron trabajar por la paz. “La dejación de las armas es el símbolo del nuevo país que podemos ser, y estamos comenzando a ser”, dijo el jefe de Estado al recibir la última arma de las Farc.
Dejar el armamento es el acto final de todo proceso de paz y Colombia no fue la excepción. Los procesos de paz en el país han quitado a todos los grupos ilegales 26.513 armas entre 1953 y 2016, y comparados con los desarmes en el mundo, son de los más bajos (ver infografía) en relación el combatiente y el armamento.
Un año después
Han pasado 12 meses desde que Farc dejó de existir como grupo armado ilegal y las perspectivas del Gobierno, excombatientes y víctimas van en direcciones contrarias.
El choque de versiones se cruza en que para el Gobierno se ha cumplido en materia de reincorporación, pero para los exintegrantes de la guerrilla la zozobra por los asesinatos de excombatientes, la falta de apoyo a proyectos productivos, y las complejas condiciones para vivir en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, son los lunares del Acuerdo de paz.
En las cuentas oficiales y según datos suministrados a EL COLOMBIANO por la Oficina del Alto Comisionado de Paz, OACP, al 31 de mayo fueron acreditadas 12.972 personas, de estas, 12.615 hasta ahora han sido aceptadas por la OACP. Se abrieron 12.459 cuentas de ahorro para que los exguerrilleros reciban apoyos económicos; a 12.292 personas se les entregó la asignación única de normalización de 2.000.000 de pesos por cada uno (más de 24 mil millones) y se les ha entregado una renta básica mensual para subsistir de 664.000 pesos a 11.869 exinsurgentes durante 11 meses (más de 86 mil millones de pesos).
Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincoporación y la Normalización, ARN, explicó que el Gobierno ha puesto todas sus fortalezas e insumos técnicos a través de la institucionalidad para cumplir. En esa vía, agrega, se creó el marco del Acuerdo con temas específicos como la protección a desmovilizados y sus familiares con el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección, UNP.
“El Acuerdo estableció beneficios de carácter mensual para la población, que se da por el término de 24 meses, de los cuales llevamos 11. El objeto es que con estos desembolsos ellos no se preocupen por temas laborales sino que comiencen a generar habilidades para adelantar una iniciativa productiva o para emplearse en el sector formal, por eso está pensado que la reincorporación dure cerca de ocho años”, comenta Stapper.
El choque entre Gobierno y la Farc se centra en los proyectos productivos y las alternativas económicas para los desmovilizados de la exguerrilla.
La OACP precisa que en estos proyectos identificaron 214 iniciativas en los ETCR, contrataron a 26 profesionales capacitados y financiados por PNUD para que ayuden a formularlas en el territorio, priorizaron 42 proyectos productivos en la ruta colectiva en nueve departamentos del país en el sector primario, manufacturero y de servicios que beneficiarán a más de 1.500 excombatientes.
Contrario a este panorama, las voces de los excombatientes aseguran que en el país los que algún día empuñaron las armas padecen el tedio porque no encuentran qué hacer y no tienen tierra para adelantar las ideas económicas.
Groelfi Rodríguez, integrante del Consejo Nacional de los Comunes, de la dirección de la Fuerza Alternativa del Común, Farc, definió en tres palabras lo sucedido en el Acuerdo 365 días después de la dejación de armas: complicación, incertidumbre y lucha.
Según el excomandante, conocido como “Ramiro”, la implementación del Acuerdo es precaria, no se ha empezado con ningún proyecto productivo y los que han sacado adelante ha sido por iniciativa propia y con recursos de apoyos internacionales.
“Es lamentable tener que decir que hasta el momento no hay un solo proyecto rentable y promisorio por muchos factores: la falta de voluntad del Gobierno que ha enredado los trámites y el tema de la formalización de las tierras”, comenta Ramírez.
El excombatiente explica además que ante esta ausencia de oportunidades económicas, los habitantes de los ETCR decidieron salir de estos espacios para buscar nuevos horizontes.
En esa vía, el Gobierno ordenó demoler dos de los ETCR que ya no cumplen su función y desde la ARN informaron a EL COLOMBIANO que el 16 de agosto de 2017 ingresaron a las zonas veredales (hoy ETCR) 6.804 personas para su reintegración, y al 9 de mayo pasado había 4.050.
Temor por los asesinatos
Más allá de proyectos productivos, lo que más preocupa a los excombatientes es el tema de la seguridad. El informe de garantías de seguridad entregado por el Gobierno registra que desde que se firmó el Acuerdo el 24 de noviembre de 2016, 58 excombatientes y 18 de sus familiares fueron asesinados. No obstante, las investigaciones de organizaciones de Derechos Humanos y otras entidades como Indepaz, Cumbre Agraria y Marcha Patriótica, dicen que han sido asesinados 62 exguerrilleros y 17 familiares, y se suman seis desapariciones forzadas.
Al respecto, Stapper precisa que en estos procesos siempre va a haber un problema de seguridad para los excombatientes y las comunidades que los acogen. “Lo que hacemos de la mano de la Fuerza Pública y la institucionalidad es fortalecer mecanismos de protección y autoprotección para que esos temas no se repitan”. Para cumplir con este objetivo se destinaron 164 esquemas de seguridad para miembros de la Farc y 934 hombres (escoltas) fueron asignados (ver claves).
Aún así, exguerrilleros como Helmer Arrieta, excomandante del frente 18 cuyo nombre de combate fue “el Flaco”, dice que “la seguridad debe pasar mas allá de un esquema. Debe ser integral y que comprometa toda la Institucionalidad, sin seguridad no hay reincorporación”.
¿Y de las armas qué?
Uno de los asuntos que más dudas generó fue si se tendría la foto de guerrilleros entregando armas. No la hubo, aún así, Naciones Unidas fue el observador y garante de que la guerrilla más antigua del continente se desarmara.
Fue así como la ONU recibió y verificó la entrega de 7.132 armas individuales. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reveló en marzo de 2018 que la Fuerza Pública, en cooperación con las Naciones Unidas, desmantelaron 938 caletas de Farc, sin embargo, los datos no coinciden con los de otras entidades.
Declaraciones de Villegas reseñan que 972 depósitos ilegales fueron informados inicialmente por las Farc, a los que se suman 74 reportadas entre diciembre del 2017 y enero del 2018, y 50 más hallados gracias a la inteligencia de la Fuerza Pública. “Eso nos da un gran total de depósitos ilegales de armamentos y municiones de 1096, de las cuales se han logrado extraer 938”, dijo Villegas.
Según Mindefensa quedarían por extraer 158, pero en el informe de la Procuraduría conocido por EL COLOMBIANO, faltarían por sacar 54 caletas.
Luego de terminar la ONU su trabajo como acompañante en el desmantelamiento en septiembre pasado, el Gobierno nombró a 18 funcionarios del ministerio público para seguir con esa tarea y se desarrolló, según el informe, en tres etapas: entre el 18 y el 30 de diciembre de 2017, entre el 22 de enero y el 15 de marzo de 2018, y entre el 15 de marzo y el 20 de abril de 2018.
En el documento, el órgano de control registró que hubo irregularidades en el cumplimiento de esa misión.
Algunos procuradores permanecieron durante días esperando a que empezaran las operaciones y cuando estas iniciaron, en algunos casos, no se tenía certeza de cuándo terminaban. Tales retrasos se justificaron por averías en aeronaves, falta de combustible, incumplimientos de caleteros, falta de pago oportuno de viáticos a estos y condiciones meteorológicas adversas”, dice la Procuraduría.
Entre los riesgos mencionados hubo desplazamientos fluviales en medios improvisados sin condiciones de seguridad ni chalecos salvavidas; con presencia de grupos armados, movimientos nocturnos y presencia de campos minados.
Con este panorama, en diversos escenarios en el país se habla de que las armas que quedaron en caletas son las que han servido para que disidencias de Farc se fortalezcan. Sin embargo, Néstor Rosalía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, afirma que esos grupos disidentes tienen el suficiente dinero, producto del narcotráfico, para comprar armamento. “Llama la atención que en los últimos videos de alias ‘Guacho’ se les ve estrenando fusiles”, dice.
El experto agrega que un año después de la dejación las Farc han cumplido puesto que no han vuelto a armarse, pero sí le han incumplido, por ejemplo con los proyectos productivos y en otros asuntos importantes como la justicia. “Estas fallas no han sido por el Gobierno sino por el Estado”, y concluye que si esas políticas cambian cada cuatro años con la llegada de un nuevo presidente, no habrá seguridad para los nuevos procesos de paz que se adelanten en el país.
