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Zonas rojas, nueva casa de militares de EE. UU.

  • Ejercicio militar entre tropas colombianas y de EE. UU. en enero de 2020 realizado en la base de Tolemaida. FOTO cortesía ejército de ee. uu.
    Ejercicio militar entre tropas colombianas y de EE. UU. en enero de 2020 realizado en la base de Tolemaida. FOTO cortesía ejército de ee. uu.
Por javier alexander macías | Publicado el 08 de junio de 2020

Desplazamientos, minas y grupos ilegales es el día a día de las áreas a las que llegarán soldados de USA.

La promesa de ser solo una asesoría en la lucha contra el narcotráfico es la hoja de ruta que los 53 militares del Comando Sur de EE. UU. tendrán en Colombia durante los cuatro meses que permanecerán en el país. Así lo aseveró el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ante el rechazo que generó la llegada de los militares estadounidenses.

Esta compañía, adscrita a la Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad del Ejército de los EE. UU., (SFAB por sus siglas en inglés) arribó en un completo hermetismo el pasado 1° de junio a Toleamida y, según el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue puesta en cuarentena para evitar contagios por covid-19. De allí saldrá a tres regiones diferentes a brindar asesoría a sus homónimos colombianos.

“Una vez cumplan el aislamiento se van a dividir en grupos más pequeños integrados por 10 u 11 (soldados). Irán a las fuerzas de tareas y el resto será el equipo de comando del grupo de asistencia técnica que ya está en Colombia”, expresó Trujillo.

Aunque el Ministerio de Defensa no ha revelado exactamente cuáles son los departamentos en los que desarrollarán la labor, EL COLOMBIANO pudo establecer que serán Norte de Santander, Nariño, Guaviare, Meta y Caquetá, sitios en los que hoy se concentra gran parte de la confrontación; además, que la asesoría también será táctica y estratégica para combatir nuevas estructuras ilegales nacidas tras la desmovilización de las Farc.

La consultoría de los soldados de Estados Unidos irá a las tres tareas conjuntas que operan en los departamentos mencionados, y son, en el mismo orden: la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, al Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, y la Fuerza de Tarea Conjunta Omega; también llegarán a la Brigada contra el Narcotráfico, en Bogotá.

Entre las tareas, enfatizó el ministro de la Defensa, está la de brindar “asesoría a los Estados Mayores de las Fuerzas de Tarea en procedimientos y tácticas que permitan mejorar la efectividad operacional en la lucha contra el narcotráfico. Son tareas de asesoramiento, capacitación, entrenamiento, y no participarán en ningún caso en operaciones militares ni estarán en el terreno”, concluyó Trujillo.

Territorios a los que llegan

Los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Guaviare, Meta y Caquetá son regiones en las que históricamente se ha concentrado el 40% de las hostilidades, según analistas de Inteligencia Militar.

“La presencia a través de los años de estructuras de la antigua guerrilla de las Farc como el frente 33 en Norte de Santander, al que se sumaron el Eln y el Epl; en Nariño el Bloque Sur con los frentes 2, 29 y 64, las columnas Daniel Aldana y Mariscal Sucre, y la presencia del Eln; y en Guaviare Meta y Caquetá con todo el Bloque Oriental, además de la presencia de grupos paramilitares, generó afectaciones a la población civil y obligó al Estado a centrar su atención con grandes operaciones militares en estas áreas”, dice el analista.

Con la salida de las Farc del mapa de la guerra en el 2016, la confrontación no disminuyó y, por el contrario, nuevos grupos llegaron a estos sitios para controlar las rutas del narcotráfico y los laboratorios de cocaína, asunto que desencadenó, una vez más, la disputa de esas nuevas estructuras por esos territorios.

“Ese conflicto directo con las Farc mutó. Llegaron las disidencias a esos espacios donde ya había presencia de grupos posdesmovilización paramilitar como el Clan del Golfo. Estaban el Epl, el Eln y otras estructuras al servicio del narcotráfico. Todos se sumergieron en una disputa por las economías ilegales y, en esa medida, volvieron dinámicas de guerra que afectan a la población civil”, explica el analista del conflicto armado Juan Carlos Ortega.

Las dinámicas a las que se refiere el especialista son la instalación de minas antipersonal, el desplazamiento forzado, el homicidio de líderes sociales, la imposición de normas y la confrontación con la Fuerza Pública que, según la Fundación Ideas para la Paz, FIP, aumentó al pasar de 42 acciones en los primeros cuatro meses de 2019 a 55 en el mismo periodo en 2020.

“Se destaca el alza en los hostigamientos y emboscadas a la Fuerza Pública, la quema de vehículos, los ataques a la infraestructura petrolera y los ataques a la población y bienes civiles. El 29% de las acciones se concentraron en los departamentos de Norte de Santander y el 11 % Nariño”, destaca la FIP en su informe “El conflicto armado y su impacto humanitario y ambiental: tendencias durante la pandemia”.

Sufre la población

Una de las maneras más efectivas que los grupos armados ilegales usan para amedrentar a una población es el asesinato de sus líderes sociales. De esta forma, dice Ortega, estas estructuras envían un mensaje a las comunidades advirtiéndoles que el que se atreva denunciar las irregularidades terminará en un cajón.

Para el analista en temas de conflicto y construcción de paz, Luis Eduardo Celis, el asunto se centra más en un tema económico y asevera: “El control del territorio y control de economías es la razón principal en el asesinato de líderes, los que se oponen a una economía ilegal o macroproyectos, pueden ser objeto de violencia”.

Esta práctica no es ajena a los cinco departamentos a los que llegarán los militares de EE. UU. En lo que va de 2020, fueron asesinados en esos territorios 17 líderes sociales, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. (Ver mapa). En el 2019, las muertes violentas de los representantes de las comunidades en estos departamentos fueron, según Indepaz, ocho en Norte de Santander, 10 en Nariño, cinco en Caquetá y tres en Meta.

Ese control territorial y el homicidio de líderes sociales lleva a uno de los fenómenos arraigados en el conflicto armado colombiano desde la confrontación con las Farc y los paramilitares, es decir, hace más de 20 años: el desplazamiento forzado.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en su informe Retos Humanitarios 2020, registró que el año pasado por acciones de grupos armados fueron expulsadas 25.303 personas en desplazamientos masivos. De estas, 7.700 salieron de Nariño, de Norte de Santander se fueron 1.894 y de Guaviare, 330.

En lo que va de 2020, la violencia ha sacado de los territorios a 6.731 personas y confinado a 3.437, de acuerdo a los datos registrados por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Esta misma oficina documentó que en Norte de Santander se han desplazado 552 víctimas, en Nariño, 4.918 y en Caquetá, 56. Guaviare aún no registra.

El problema de las minas

Si hay un enemigo oculto que ha hecho mucho daño a los colombianos son las minas antipersonal. Desde 1990 al 30 de abril ha dejado 11.858 víctimas, razón por la cual en el Acuerdo de Paz con las Farc se estableció tratar de desminar los territorios y, hasta la fecha, van 391 municipios declarados libres de sospechas de los artefactos de acuerdo a la oficina del Alto Comisionado de paz.

Pese a los esfuerzos, esta práctica proscrita por el Derecho Internacional Humanitario sigue ejecutándose en Colombia y como afirma Ángela María Silva Aparicio, investigadora de la FIP, los grupos lo hacen por varias razones. “Es una estrategia para la contención de erradicación. Rodean sus cultivos para evitar avanzadas de la Fuerza Pública. El problema es que en los últimos años han comenzado a minar zonas donde pasa la gente, donde hay cultivos; alrededor de escuelas”, dice.

Silva agrega que la siembra de minas se ha vuelto una herramienta para el control social, para que la gente no se desplace a denunciar, como sucede en Nariño.

En 2019, el CICR registró 352 afectados por minas antipersonal y en este 2020 van, según Descontamina Colombia, 54 afectados, de los cuales 18 han sido en Nariño y 12 en Norte de Santander. Los otros departamentos no registran, hasta ahora, accidentes.

Norte de Santander, Nariño, Caquetá, Guaviare y Meta tienen un historial de dolor marcado por la guerra. Allá llegarán los militares a enseñar a sus homólogos colombianos cómo combatir los que han hecho esa guerra posible.

De clic sobre las letras en los gráficos para conocer el detalle de las zonas donde están los militares en Colombia:

(Si no puede ver el gráfico de clic aquí)

en definitiva

Los soldados estadounidenses llegan a territorios que han sido afectados por la guerra por más de 50 años. El arribo de 53 militares generó un severo rechazo entre los congresistas del país.

Contexto de la Noticia

Paréntesis el congreso pidió explicaciones

Amparados en el artículo 173, numeral 4, de la Constitución de Colombia que dice que “son atribuciones del Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio”, algunos congresistas reclamaron al Gobierno por la llegada al país de los militares estadounidenses, que no fue consultada con el Congreso. Lidio García Turbay, presidente del Senado, le recordó al presidente Iván Duque que este tipo de decisiones “son una atribución constitucional del Senado de la República”. El senador Antonio Sanguino expresó que “un convenio de cooperación no puede violar principios constitucionales de soberanía”.


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