Un fuerte pronunciamiento hicieron desde el Urabá antioqueño respecto a los dos proyectos de Ley que radicó a finales de julio pasado el senador Alberto Benavides, del Pacto Histórico, para establecer el régimen de inspección, vigilancia y control sobre entidades religiosas (proyecto 057), y para reconocer y garantizar los derechos de las prácticas espirituales ancestrales como expresión legítima de libertad religiosa y de cultos (proyecto 058).
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Fechada el 8 de agosto pasado, el Comité Intersectorial de Libertad Religiosa del Distrito de Turbo les envió una carta a siete congresistas del Pacto rechazando los dos proyectos de Ley que están impulsando y que siguen en trámite en el Congreso de la República, según confirmó el senador Benavides a este medio.
“Consideramos que ambas iniciativas son contrarias a los principios fundamentales de la libertad de conciencia y culto, y ponen en riesgo la seguridad y los valores de nuestra comunidad”, indicaron en la misiva desde el Urabá. La oposición se basa en dos preocupaciones que tienen desde los sectores de asuntos religiosos de esa región.
“Daría pie a reconocer prácticas como la brujería y la santería”
El que más polémica y curiosidad causa es el proyecto 058 porque, en opinión del mencionado comité, incluir cualquier práctica ancestral “como manifestaciones legítimas del derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos” daría pie a reconocer “prácticas como la brujería, la santería y la hechicería” que, para ellos, van en contravía del concepto de religión o culto.
El proyecto en cuestión busca modificar el Artículo 5 de la Ley 133 de 1994 (Ley de Libertad Religiosa y de Cultos) que actualmente excluye las “actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos; el satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas o espiritistas u otras análogas ajenas a la religión”. Lo que se pretende es eliminar esa disposición y ampliar el alcance del artículo para que ninguna práctica espiritual pueda ser “objeto de discriminación, persecución ni interferencia estatal indebida, siempre que se ejerza en cumplimiento de la Constitución, la ley y las normas internacionales”.
El pastor Faber Róvira Rivas, enlace del sector religioso del Distrito de Turbo, dijo que están muy preocupados porque no consideran que, por ejemplo, las supersticiones puedan igualarse con una religión, y porque algunas de esas prácticas tienen fines contrarios a la fe que profesan las religiones hoy reconocidas: “Esto daría pie a que se dé reconocimiento legal a alguien que practique brujería, a que los ritos que hacen entrarían en categoría de libertad religiosa. Inclusive, hay personas que consultan eso para hacerle daño a otras personas, para que al otro le vaya mal, para que el otro se muera. Estas prácticas están en nuestro entorno, en medio de nuestras comunidades, pero como no son reconocidas por el Estado, están de manera clandestina”.
Laureano Saavedra, integrante de la Mesa Departamental de Libertad Religiosa en Antioquia, piensa que es inconveniente modificar el Artículo 5 de la mencionada ley, pues justamente establece cuáles no serían prácticas religiosas porque podrían poner en riesgo la salud y el bienestar de las personas. Pero también cree que sería un retroceso combinar en una misma categoría lo que para unos es religioso y para otros es profano, en especial porque han hecho muchos esfuerzos para organizarse todos los credos alrededor de la Constitución de 1991 y para lograr sacar adelante la política pública libertad religiosa.
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Por su lado, en el proyecto 058 se argumenta que como está expresado el artículo 5 en este momento se excluyen “determinadas actividades, sin tener en cuenta que desde 1994 se dejaron por fuera las distintas cosmovisiones espirituales de pueblos y comunidades que son reconocidas y respetadas desde el artículo 19 de la Constitución”. En otras palabras de los proponentes, se quiere garantizar el derecho colectivo de los pueblos indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y demás expresiones tradicionales a “vivir según sus cosmovisiones espirituales ancestrales”, tal como lo repitió en días pasados el senador Benavides en entrevista con Blu.
Lo cierto es que las comunidades étnicas, reiteraron varios expertos, tienen derecho a promover y vivir con libertad sus creencias y prácticas ancestrales, como parte de la preservación de sus culturas y tradiciones.
Rechazan control y vigilancia a las entidades religiosas
El otro proyecto, el 057, que es ampliamente criticado por representantes de distintos credos en el país, busca regular las instituciones religiosas, iniciativa que desde el Urabá consideran como un intento de “controlar la autonomía y el funcionamiento interno de las iglesias” y que “aunque se argumente que tiene como fin la transparencia fiscal, se percibe como una amenaza directa a la independencia del sector religioso y a la libertad que las organizaciones de fe deben tener para operar sin la injerencia indebida del Estado”.
Sobre este tema, Róvira Rivas indicó que una de las preocupaciones es que se ponga el foco en el tema tributario y recordó que aunque las iglesias suelen manejar recursos, mucha parte la destinan a labores sociales. Dijo que en el caso de Urabá, la iglesia a la que él pertenece y otras trabajan con jóvenes infractores, con comedores comunitarios, restaurantes para atender a niños y niñas, salud, recreación, ayudas a familias pobres y trabajo con población migrante, entre otros proyectos.
Frente a algunos aspectos incluidos en el proyecto 057 respecto a la inspección y vigilancia, que se estipula que quede a cargo del Ministerio del Interior, se incluyeron acciones de “carácter preventivo, correctivo y sancionatorio”, como verificar el cumplimiento de fines legales y estatutarios; supervisar el manejo de los recursos y beneficios tributarios; revisar registros contables y reportes financieros; atender denuncias por irregularidades o abusos de poder; aplicar sanciones como amonestaciones escritas; suspensión temporal de la personería jurídica o su cancelación en casos graves.
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Ante el chispero que levantaron estos asuntos, el pasado 4 de agosto, el ministro del Interior Armando Benedetti se reunió con más de 30 líderes de distintas religiones y credos del país, tras la cual dijo que como gobierno no apoyan los proyectos de ley propuestos por los congresistas del Pacto Histórico. “Ha quedado claro que la fe no es una concesión estatal, es un derecho fundamental. No nos corresponde regularla en exceso ni ponerle límites. Nos corresponde garantizar que toda persona pueda ejercer su fe sin coacción, sin obstáculos, sin miedo. Nadie tendrá que pagar más impuestos ni enfrentar más requisitos por sostener un culto. No se cobrará por orar, ni se pondrán trabas técnicas a quienes quieran bendecir, reunir o consolar”, expresó.
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