A la desaparición de los 70.000 millones de pesos que se le giraron a Centros Poblados como anticipo del polémico contrato para expandir la conectividad de zonas rurales, le acaba de surgir un nuevo lío que implica la pérdida absoluta de al menos 15.000 millones de ese primer pago.
El rastreo para recuperar el anticipo del polémico contrato continúa y se trabaja con agencias internacionales –de países como Estados Unidos y Emiratos Árabes–, pero, de acuerdo con la Fiscalía, el 21 por ciento podría darse ya por desaparecido debido a que varios de los imputados por el escándalo se lo gastaron antes de que se judicializara todo el caso.
Los responsables de que ese dinero probablemente ya no se pueda recuperar son Emilio Tapia –cerebro del escándalo y ya condenado por el cartel de la contratación de Bogotá–, Luis Fernando Duque –representante legal de Centros Poblados– y Juan Carlos Cáceres –presunto tramitador de pólizas falsas.
En efecto, de acuerdo con la Fiscalía, ellos tres se habrían gastado en excentricidades y lujos (como vehículos de alta gama y un apartamento en Miami) la parte del anticipo que podría perderse del todo y que se giró con el contrato matriz: el 1043 de 2020.
En esta investigación también están involucrados Juan José Laverde y Ottomar Lascarro Torres, a quienes la Fiscalía imputó por este escándalo ante el juzgado 81 penal de Bogotá.
Ellos dos, en todo caso, aseguraron que están trabajando en un mecanismo de colaboración con la Fiscalía para entregarle información que dicen es clave para determinar los alcances de la red corrupta que terminó filtrando al Ministerio de las TIC.
En todo caso, le corresponde al ente investigador determinar qué tan valiosos son los datos que ofrezcan y, a partir de ahí, determinar si es viable o no aceptar su colaboración.
Pero, en medio de este contexto, se conoció este jueves que Duque podría frenar su disposición de colaborar por un cambio de cárcel.
En efecto, está preso en La Modelo, de Bogotá, pero luego de denunciar amenazas contra su integridad es estableció moverlo a Cómbita, en Boyacá, lo cual no le cayó bien ni a él ni a su defensa.
Sin embargo, las autoridades penitenciarias coinciden en que allá se le pueden brindar más garantías de seguridad y es casi imposible que se frente su traslado, aunque sus abogados están intentando todos los recursos jurídicos.
