El jefe de Estado, quien crítico la labor investigativa para esclarecer esos crímenes durante la Fiscalía de Francisco Barbosa, pidió ayuda para dar con los autores intelectuales y materiales del asesinato sistemático de firmantes.
En el marco de su participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, este jueves el presidente Gustavo Petro se refirió a los crímenes de excombatientes que se acogieron al Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc y pidió que, tal como establece lo pactado, se cree una misión internacional que apoye a la Fiscalía General en la investigación de los homicidios de firmantes.
Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), solo en 2024 han sido asesinados 14 excombatientes. Desde la firma del Acuerdo hasta la fecha, ese número asciende a 422 firmantes asesinados.
Ante ello, Petro, en su rol de jefe de Estado, le solicitó a la ONU configurar “una misión internacional complementaria de apoyo a la investigación judicial, para establecer autores intelectuales y materiales del asesinato sistemático de excombatientes que han firmado la paz”.
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En esa línea, sostuvo que ese organismo podría contribuir también a “detener el surgimiento de grupos neo paramilitares que con ayuda de empresarios narcotraficantes y algún tipo de actividad política vuelven a retomar un crecimiento aún balbuceante en el Magdalena Medio colombiano”. Según Petro, los grupos narcotraficantes, de la mano de políticos colombianos, “están tratando de revivir el paramilitarismo antiguo en zonas del Oriente antioqueño, el Magdalena Medio Santandereano y el sur del Bolívar”.
El mandatario declaró que muchos de los excombatientes muertos estaban ubicados en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) que, aunque debieron ser transitorios y rápidos, se han mantenido y se han convertido en zonas cercanas o estratégicas para economías ilícitas. “Yo les llamo campos de concentración porque no se puede mantener sin una salida a una población durante ocho años encerrada en un punto”.
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Además, cuestionó la labor investigativa de la Fiscalía en los crímenes de excombatientes durante el periodo del exfiscal Francisco Barbosa, “fue débil y prácticamente no existió”, al tiempo que destacó que la nueva fiscal Luz Adriana Camargo anunció el fortalecimiento de las labores de la mano de 25 fiscales: “Este gobierno aumentará los presupuestos para que sea mucho más poderosa en su capacidad investigativa”.
Además, sostuvo que la idea del Gobierno es avanzar en una nueva política de reinserción, en la que los excombatientes estén al frente de “planes de electrificación rural, conectividad o mejoramiento de vivienda rural”. Todo esto, para que se organicen como cooperativas para que “puedan utilizar los recursos que tenemos para energías limpias y fibra óptica”.
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Por otro lado, el mandatario explicó el cese de hostilidades que ha mantenido con algunos grupos armados en el marco de su política de paz total. Según Petro, los armados ya no luchan contra el Estado ni tienen como objetivo alcanzar el poder político, pues en su lugar se han dedicado “al cuidado de unas zonas que tienen alguna importancia para la economía ilícita: zonas donde hay oro en los ríos con un destrucción inmensa de la naturaleza, y sobre todo rutas que sacan al mar en cargamentos de cocaína, sea porque hay cultivos, hay laboratorios, hay tránsito, puertos o exportaciones”.
Por ello, explicó que con el cese de hostilidades buscan no afectar a la población civil, “porque en la dinámica de cuidar una economía ilícita, es la población civil la que más sufre el embate del grupo criminal”. Si bien reconoció que muchas veces el cese al fuego puede ser una trampa o un engaño por parte de los grupos armados, insistió que su prioridad es cuidar a la población civil al tiempo que intensifican labores de inteligencia para dar con los criminales.
“La prioridad nuestra en el cese de hostilidades es que los armados demuestren que no atacan a la población civil, en particular, dejando de lado el reclutamiento de niños. En todas las negociaciones que hemos establecido ese es el primer punto. Usan los niños porque saben que nosotros podríamos bombardear, y sería una fuerza muy superior a la armada que está en tierra, pero saben que el presidente Petro se opone en el mundo a que bombardeen niños”, agregó.
Finalmente, sostuvo que, aunque el Estado Mayor Central se autodenomina como disidencias de las Farc, en realidad no lo son. “Están divididos, una mitad en Cauca y otra en las selvas del Norte de Santander y el Magdalena Medio. Ellos están en cese al fuego y negociación, mientras que los del Cauca están dedicados a la exportación de cocaína”.
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En ese sentido, advirtiendo que son responsables de ataques contra el Gobierno –particularmente contra la vicepresidenta Francia Márquez–, manifestó que el Estado Mayor Central en Cauca “cada vez más deriva hacia una formación neo paramilitar de exportación de cocaína”. Por ello, advirtió que solo reanudarán las conversaciones con ese grupo si firman el protocolo de desmonte de la economía ilícitas.
