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Comunidad sorda pide que le avalen licencias de conducción

Piden al Ministerio de Transporte equidad en las condiciones para acceder a la licencia.

  • Según estudios, un conductor sordo tiene mejor visión periférica. Además, su habilidad al volante frente a un conductor sin discapacidad no varía significativamente. FOTO Juan Antonio sánchez
    Según estudios, un conductor sordo tiene mejor visión periférica. Además, su habilidad al volante frente a un conductor sin discapacidad no varía significativamente. FOTO Juan Antonio sánchez
13 de mayo de 2021
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En Colombia hay más de 600.000 personas sordas, según el Instituto Nacional para Sordos –Insor– y desde hace 12 años piden soluciones para poder conducir, ya que no cumplen los requisitos del exámen de aptitud impuesto por el Ministerio de Transporte para expedir las licencias de conducción.

Desde entonces han solicitado de diversas maneras a la institucionalidad que revise la situacion, e incluso más de 600 personas sordas provenientes de 18 departamentos se plantaron el pasado 26 de marzo frente a la sede del Ministerio de Transporte, pidiendo el aval para manejar sus vehículos.

Sobre el papel, esta población no tienen prohibición expresa para expedir su licencia. Sin embargo, entre los requisitos estandarizados para dicho trámite se requiere la certificación de aptitud física, que además de la valoración física, sicológica y visual, incluye un examen de audiometría, el cual se convierte en la barrera para que lograr dicha certificación.

La solicitud es puntual: ajustar la Resolución 217 de 2014 que es la que determina los requisitos para expedir la licencia y definir una normativa que garantice equidad para la comunidad sorda del país.

Según el reclamo de Henry Mejía Royet, director de la Federación Nacional de Sordos de Colombia –Fenascol– los cuatro ministros de Transporte y nueve viceministros que han hecho parte del proceso se han orientado hacia una perspectiva meramente clínica, dejando de lado la evidencia técnica aportada y el enfoque de derechos como lo indica, por ejemplo, la Ley 982 de 2005 que establece que “al sordo o sordociego no se le podrá negar, condicionar o restringir una licencia para ejercer actividad u oficio alguno arguyendo su falta de audición o visión, a menos que se demuestre fehacientemente que dicha función es imprescindible para la actividad que habría de realizar”.

Razones que los respaldan

Natalia Martínez Pardo, directora del Insor, explica que la evidencia recogida a lo largo de estos años y entregada a Mintransporte se centra en tres puntos: primero, que no existen cifras o estudios que indiquen que las personas sordas configuran un riesgo para la seguridad vial; segundo, que no solo no carecen de aptitud para estar frente al volante sino que tienen algunas habilidades superiores respecto a la población general; y tercero que la referencia internacional apunta a que es una actividad segura y posible, toda vez que 99 países en el mundo tienen permitido a los sordos acceder a la licencia de conducción, entre los que destacan Estados Unidos, Japón, Brasil, Australia y en todos los países de la Unión Europea.

“Los estudios que tenemos disponibles demuestran que las personas sordas desarrollan una habilidad superior para detectar objetos periféricos y mayor concentración al volante debido a que predomina el sentido visual en un 90 %. La evidencia sobre la visión periférica de los conductores sordos sugiere que detectan y responden más rápido a un vehículo o peatón”, expone la directora del Insor.

En el Análisis jurídico y técnico sobre licencias de conducción para personas sordas entregado por el Insor y la Consejería para personas con discapacidad al Ministerio de Transporte en 2016 citan, entre otros estudios, uno realizado en Estados Unidos por la Universidad Gallaudet, en 2012, que comparó el rendimiento en una prueba de habilidad al volante de un grupo de conductores sordos con uno sin discapacidad alguna y halló que las personas con discapacidad auditiva cometieron en promedio 1,76 errores por 1,27 del grupo de control, resultado que el estudio no consideró como una diferencia significativa.

El exviceministro Alejandro Maya, quien recibió y evalúo por parte del Ministerio dicho documento, señala que si bien la solicitud de la comunidad sorda está sustentada de manera sólida, es “un tema complejo que requiere, necesariamente, una discusión amplia que toma tiempo y por eso se ha extendido a lo largo de varios gobiernos. Lo importante es que hay funcionarios de carrera que han estado durante todo el proceso y saben cómo trabajar sobre lo ya alcanzado. Es conveniente resaltar que la demora no responde a una inviabilidad de la solicitud sino a la necesidad de hacer una reglamentación completa”, explica.

Respecto a los puntos que hacen de este un tema de difícil gestión, la directora del Insor señala como uno de los factores la obligatoria intervención de diferentes entidades. “El Ministerio de Educación tiene competencia en los centros de eñseñanza; Minsalud en cuanto a los exámenes requeridos y además intervienen la Policía, la Agencia de Seguridad Vial, entre otros”, apunta.

Así mismo, complementa Martínez Pardo, aunque exista amplia referencia internacional “no es responsable comparar las condiciones de seguridad e infraestructura vial de países desarrollados como EE. UU. con las de Colombia”.

De ahí, indica la funcionaria, que además de valorar la viabilidad para otorgar licencia de conducción a personas sordas sea ineludible planificar cada aspecto que involucra este hecho en el panorama vial el país.

¿Qué sigue y cómo sería?

Tras el plantón, el Ministerio de Transporte lideró mesas técnicas con otras entidades del Gobierno como la Agencia de Seguridad Vial, Insor y la Consejería para la Participación de Personas con Discapacidad, las cuales contaron con presencia de Fenascol en representación de la comunidad sorda. Allí la cartera de Transporte socializó que se adelantan tres estudios para determinar la pertinencia de modificar o no las condiciones para la obtención de la licencia de conducción en Colombia.

El primero es un estudio epidemiológico a cargo de la Universidad de los Andes que indagará sobre las causas o factores que inciden en los índices de siniestralidad del país. El segundo es una investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas enfocada en elaborar el componente pedagógico, formativo y la estructuración del examen teórico y práctico para conducir. Finalmente, la Universidad Nacional tiene la tarea de desarrollar la plataforma tecnológica, que incluye periféricos y sensores de monitoreo, así como procesos, costos, entre otros.

Es preciso aclarar que no son estudios enfocados en la solicitud particular de la población sorda sino que evalúan la posibilidad de cambios en el proceso de licenciamiento de todos los colombianos, y a partir de estos se analizará la situación de esta población. Aunque, según ilustró el director de Fenascol, sí acordaron que adicional a los resultados que arrojen dichos estudios se mantenga apertura por parte del Ministerio a las evidencias previamente aportadas por la comunidad.

Otro compromiso, este sí de carácter más inmediato, busca que a través de una base de datos elaborada por Fenascol de las personas sordas que actualmente están en limbo sin poder renovar su licencia o próximos a que caduque (cerca de 1.000 según la Federación) el Ministerio analice cada caso y ofrezca alguna solución.

Los resultados de los tres estudios se entregarán en agosto próximo, por lo que el director de la Agencia de Seguridad Vial, Luis Lota, pidió paciencia y confianza frente al proceso. “Todos los estudios que actualmente se están llevando a cabo por parte de las universidades están encaminados a proteger los derechos de todos los ciudadanos”.

Después de tantos años de espera, lo que la comunidad sorda espera es que el proceso se concluya este año pues temen que el cambio de gobierno vuelva a dilatar el asunto.

De ser valorados positivamente los soportes y estudios requeridos, en el marco del eventual ajuste al modelo de licenciamiento, explican los consultados, los exámenes teórico-prácticos deberán contar con instructores capacitados en lengua de señas. Adicionalmente, personal como policías de carretera y agentes de tránsito tendrían que recibir instrucción para la interacción con conductores sordos, para lo cual también sería pertinente –señalan– el uso de aplicaciones móviles.

El Ministerio de Transporte recordó que la sentencia C-468 de 2011 de la Corte Constitucional define que conducir es un privilegio mediado por la aprobación de las competencias requeridas para hacerlo, mas no es un derecho. La comunidad sorda lo reconoce; lo que pide es que haya equidad en la búsqueda de ese privilegio.

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