La polémica por el mural en el que se hacía referencia a altos oficiales que presuntamente tienen responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales no ha terminado.
Después de que el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado denunció que la imagen fue borrada por militares, ahora se conoció que el general Marcos Evangelista Pinto interpuso una tutela con la que busca se le amparen sus derechos al buen nombre, honra, presunción de inocencia y debido proceso.
El mural, vale recordar, retrataba la cara de cinco oficiales y en cada una de ellas un número que, se presume, es la cantidad de crímenes en los que aparentemente ellos no investigaron. Junto a Pinto, actual comandante de la Brigada 13 que tiene su comando en Bogotá, aparece el 45.
El encabezado del mural se lee la frase “¿Quién dio la orden?” y en la parte inferior, sobre una franja negra, “Campaña por la verdad”. Esta es, además, el lema de la campaña que desde el Movice impulsaron desde diferentes cuentas de redes sociales.
“Es innegable que las imágenes publicadas realizan acusaciones en mi contra cuando indican de manera injuriosa, calumniosa, difamatoria, errónea que fui yo quien cometió esas conductas mal conocidas como falsos positivos”, dice el oficial en la tutela.
Añade Pinto que con esa mención que hacen con su nombre y fotografía en el mural se evidencia una intención dañina con la que se genera un “descrédito de manera injustificada” en su honra y buen nombre.
“La actuación del Movice viola los derechos fundamentales de quienes se describen en la imagen publicada al hacernos responsables de un número de muertes de civiles que, en mi caso particular, aseveran sin prueba alguna que han sido 45”, insiste el general Pinto.
En sus pretensiones, el alto oficial pide que se haga una rectificación con las mismas condiciones en las que se realizó la campaña que el Movice realizó en redes sociales. Es decir, “que tenga un despliegue y una relevancia equivalentes al que tuvo la información inicialmente publicada”.
El oficial también llama la atención en el hecho de que una organización como Movice “se convierta en una victimaria directa de los derechos fundamentales” y recuerda que la misma tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.
La tutela fue radicada en el Tribunal Superior de Bogotá.
