La Policía Nacional podría reforzar en las próximas semanas los controles a los dueños de perros de razas consideradas potencialmente peligrosas después de un llamado de atención que le hizo la Procuraduría General de la Nación.
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Y es que el ente de control le solicitó a la institución que haga más operativos de control en lugares públicos a quienes tengan caninos de razas potencialmente peligrosas para sancionar a quienes incumplan normas como el uso del bozal y no tengan la documentación exigida.
“La Procuraduría General le pidió al director general de la Policía Nacional, el general William Salamanca, tomar medidas urgentes para el control de perros de razas potencialmente peligrosas en espacios públicos”, detalló el Ministerio Público.
Al respecto, este ente de control le pidió al general Salamanca adoptar estrategias y controles más extremos para cumplir con al Código Nacional de Policía en lo relacionado con el manejo adecuado de los caninos, uso obligatorio del bozal y la correa.
“No tiene sentido que lo dispuesto en la normativa no se esté aplicando, por lo que se requiere actuar para prevenir ataques de esta clase de caninos, especialmente a los menores de edad, grupo social de especial protección constitucional”, señaló la oficina de la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer.
Este llamado de atención público lo hizo la Procuraduría después de que en los últimos días se conocieron varios casos en Córdoba y en las ciudades de Bogotá y Bucaramanga, donde se registraron ataques de caninos contra menores de edad.
Uno de los casos que más conmocionó al país fue el ocurrido en mayo en Bucaramanga, donde cuatro perros de raza pitbull atacaron a un niño de 4 años de edad hasta causarle la muerte en el sector del Cable, en zona rural de la capital santandereana.
Esta tragedia prendió las alarmas de las autoridades, que reiteraron que por ley los propietarios de ese tipo de perros tienen que cumplir una serie de obligaciones para su manejo o se verán obligados a responder penalmente por las consecuencias de las eventuales agresiones.
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, dialogó con EL COLOMBIANO y detalló que la tenencia y registro de este tipo de mascotas consideradas potencialmente peligrosas en zonas rurales y urbanas está regulada por la Ley 746 de 2002.
De acuerdo con el experto, dicha ley establece que los dueños de este tipo de perros están en la obligación impedir que deambulen y deben hacer que utilicen correa y bozal en el espacio público. Además, deben portar su carné de vacunación al día, ponerles un microchip y registrarlos en un censo que se debe habilitar en cada municipio por las alcaldías.
Además, el propietario está obligado a adquirir una póliza de responsabilidad civil extracontractual, y quien se abstenga de adquirirlas, tendrá que acarrear con todos los gastos para indemnizar integralmente a los afectados por los perjuicios que ocasione el perro.
“El dueño de una mascota que puede agredir a otros animales o incluso a personas tiene que asumir todas las medidas de protección y cuidado para evitar que se puedan causar daños a terceros. En el evento que no tomen las medidas necesarias, él asume una responsabilidad a título de imprudencia, ya sea de las lesiones que se causen o de una muerte”, explicó Bernate.
En esa línea, el abogado penalista aclaró que los casos de incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley 746 de 2002, pueden tener implicaciones en el derecho penal en casos de agresión. “Si se trata de un ataque a seres humanos, el dueño del perro que cometió la agresión, y que no cumplió con las obligaciones, tendrá que responder penalmente por lesiones culposas u homicidio culposo”, apuntó el jurista.
Por su parte, la senadora animalista Andrea Padilla ha cuestionado que el Estado no tiene la capacidad para garantizar el censo de este tipo de perros en cada municipio y que hay trabas para adquirir la póliza de responsabilidad civil y extracontractual.
