Desde 2015, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha evidenciado una estrecha relación entre la violencia contra líderes y las fechas clave del calendario electoral. Este 2019 no fue la excepción y Antioquia registró números rojos.
El departamento quedó en el puesto 4 entre los más violentos con 17 hechos victimizantes, bajo modalidades como amenaza (7), asesinato (8) y atentado (2). Siendo el Bajo Cauca la región más afectada con seis víctimas.
Candidatos para alcaldías y concejos consultados por EL COLOMBIANO advierten que estos hechos están relacionados con el conflicto entre bandas criminales que vive la zona y por sus denuncias contra las administraciones municipales. Mientras otros, dicen que su actividad política transcurre bajo completa normalidad.
“Afortunadamente a ninguno nos ha pasado nada. Todos estamos haciendo la actividad social sin ninguna situación adversa”, explica Marcos Madera, precandidato a la alcaldía de Nechí. “Violencia directa no me ha tocado ver. Nada anormal”, reconoce David Sierra, precandidato a la alcaldía de Caucasia.
Los alcaldes y autoridades tampoco reconocen una relación directa entre estos hechos y la política. “Hay unas personas en la región que valiéndose de su condición en un cargo también hacen otras actividades por fuera de la ley”, comenta el coronel Edison Rubiano, comandante Policía Bajo Cauca.
“Yo considero que esas muertes no son por política. Usted sabe que acá se manejan otros temas más graves. Esos líderes sociales no los matan por política, los matan por otras cosas”, afirma Gladis Rebeca Miguel Vides, alcaldesa Tarazá.
¿Hay líderes en la mira?
Sebastián Mazo Moná, concejal del municipio de Cáceres y Jesús Alean Quintero, líder de la ONG Redes de Caucasia, son dos de los amenazados por bandas criminales que aparecen en el reporte de la MOE. Los dos esperan aún protección.
Mazo lleva cuatro amenazas, la última fue vía WhatsApp: “El famoso Moná, el concejal torcido, lo tenemos en la mira. No podrá esconderse de nuestra organización. No es una advertencia es una amenaza. Limpieza y muerte”, decía la cadena que se propagó por todo el municipio y que conoció por su cuñada y colegas del partido Liberal.
El concejal cuenta que las intimidaciones vienen desde 2016 cuando se posesionó. “He liderado fuertes debates de control político y descubierto presunta corrupción dentro de la administración municipal, donde el alcalde vigente se encuentra recluido en la cárcel”, reconoce Mazo.
El cabildante asegura que es muy difícil hacer política en medio de la confrontación entre bandas. “Uno entra a las veredas con zozobra y es bastante miedoso hacer campaña. Al estar amenazado no he vuelto a dos veredas. Hay que guardar prudencia”, dice.
Otra de las víctimas reportadas por la MOE, es Jesús Alean Quintero, líder social de Caucasia. Su nombre apareció en un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o ‘Clan del Golfo’, al lado de tres concejales de Valdivia, un concejal de Cáceres, la personera de Tarazá y otros líderes sindicales de Segovia.
Quintero lleva tres amenazas este año. En una oportunidad habló con el comandante de las AGC que lo invitó al corregimiento conocido como Palomar. “Me hicieron varias solicitudes para asistir a una reunión. Después vino la amenaza de ‘los Caparrapos’ en un panfleto. Y la última fue la carta del Clan del Golfo”, denuncia.
El líder ha tenido tres reuniones con la UNP. Para protegerse le dieron un chaleco antibalas y un celular “pequeñito”. “Da hasta risa eso”, dice Quintero que lleva 14 años en la región adelantando proyectos productivos, de formación, liderazgo, paz y convivencia.
A su disposición tiene un oficial de la policía para sus desplazamientos. Lleva apenas un mes con él, pues al anterior lo capturaron por supuestos nexos con el Clan del Golfo. “Me decía ‘no le va a pasar nada, esa gente no se va a meter con usted’. Imagínese la sorpresa cuando lo capturaron”, comenta.
En ese panfleto aparece también Guillermo León Sierra, concejal del municipio de Cáceres, por fuera del reporte de la MOE. Estuvo desplazado 45 días y hace 15 volvió a su casa ubicada a orillas del río Cauca.
“Me tocó retornar nuevamente a mi municipio y el pasado jueves me hicieron un atentado en la casa. La Policía se dio cuenta y actuaron a tiempo. Les hicieron unos disparos a esas personas que se tuvieron que tirar al río”, cuenta el concejal que espera también protección.
Sierra al igual que Quintero, son muy cercanos a las comunidades rurales. En el caso de Quintero, por su trabajo social y Sierra porque acompaña a las víctimas en procesos ante la Personería.
“A uno como concejal le toca estar con la institucionalidad, entonces también mantenemos de la mano del Ejército y la Policía. Me imagino que de ahí vienen a relacionarme como sapo de las Fuerzas Militares”, cuestiona Sierra.
Desde la entrada de la Fuerza de Tarea Aquiles en enero, las bandas han sufrido numerosos golpes, pero también ha aumentado su desconfianza en las comunidades, políticos y líderes sociales.
A Julio Sampayo, concejal de El Bagre, por ejemplo, le enviaron en junio una granada de aturdimiento y un mensaje intimidante hasta su oficina en el Concejo. El caso sigue en investigación y están revisando cámaras de la oficina de envíos en Medellín, para determinar el remitente del paquete.
“Ando con cuidado por la región. La UNP me asignó un chaleco, pero andar pa’ arriba y pa’ abajo con eso, como hace de calor aquí, no justifica”, sostiene Sampayo, adscrito al Partido de la U y que relaciona estas clase de amenazas a sus denuncias como cabildante.
“En el 2015 cuando hicimos campaña entrábamos a todos lados. Pero en estos momentos solo mantengo en el casco urbano. No puedo salir a veredas, ni corregimientos”, comenta.
Alerta en zonas priorizadas
Estos son los líderes que todavía pueden contar su historia. La MOE registró 265 hechos violentos en Colombia.
“Hay un asunto preocupante y es que de 17 casos hay 12 en zonas priorizadas por el Acuerdo de paz. Los que se suponían serían los territorios donde llegaría la estatalidad y se desarrollarían los programas de desarrollo con enfoque territorial “, cuestiona Verónica Tabares, coordinadora de la MOE en Antioquia.
Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, asegura que este es un problema que vienen desde el inicio de la implementación. “Después de los acuerdos, en 2016 y 2017, ese espacio fue aprovechado por grupos armados. Desafortunadamente toda la violencia que se desencadena en estas zonas está alimentada por el combustible del narcotráfico. Es el factor que genera todas las conflictividades”, dice.
El alto funcionario confirma que los índices de seguridad están mejorando y el esquema de protección a líderes sociales a través del PAO (Plan de Acción Oportuna). Además que la implementación de los acuerdos avanza a buen ritmo con los programas para sustitución de cultivos y los planes de desarrollo con enfoque territorial.
Pero otra cosa es lo que dicen los alcaldes del Bajo Cauca. “Aquí no se ha llegado a nada en el tema de la implementación. Simplemente todo en papel. El acuerdo viene con unos componentes como el de tierras, proyectos productivos, retorno a territorios, reparación a víctimas y eso no se ha implementado. Seguimos atrasados”, dice Óscar Aníbal Suárez, alcalde Caucasia.
Gladis Rebeca Miguel Vides, alcaldesa Tarazá, piensa también que la implementación está atrasada. “Están andando pero muy lento, necesitamos que evolucionen más rápidamente”, pide la funcionaria.
Las cifras de la MOE son un llamado de atención para mejorar los esquemas de protección. Los líderes más afectados en Antioquia fueron comunales (8), seguidos de los sociales (5) y políticos (4), sin importar partido o movimiento. Entre estos, se encontraban dos concejales y un precandidato a la alcaldía y otro a la gobernación.
Los líderes sociales son usados por candidatos para conseguir votos y esto los convierte en foco de violencias. “Hay pujas de poder con líderes de barrios que tienen mayor número de habitantes y más influencia. Esos líderes presentan inventarios de votantes, firmas y hasta ponen precio”, explica Edgar Correa, director de la U. de A. sede Bajo Cauca.
Una zona roja
El Bajo Cauca siempre ha sido un hervidero en el tema político. El alcalde de Nechí que se encontraba prófugo fue capturado el pasado domingo; el de El Bagre está condenado y el de Cáceres está en la cárcel por presuntos nexos con el frente Virgilio Peralta del Clan del Golfo.
La región sigue amenazada por las rentas criminales. Con toda la cadena del narcotráfico, desde su cultivo hasta la comercialización. También existe explotación ilegal de oro y extorsiones al comercio y transporte.
Hoy, se presentan otros factores. Se habla de alianzas entre bandas contra el Clan del Golfo. El Eln comandado por alias ‘Pirry’, las disidencias de Farc de ‘Ramiro’ y ‘Cabuyo’ y ‘los Caparrapos’ de alias ‘Caín’ estarían enfrentados al Clan del Golfo liderado por ‘Bigotes’, revela el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División.
La disputa se recrudeció desde el año pasado por la necesidad de controlar rentas ilegales y rutas para sacar droga y oro hacia el Sur de Bolívar, Santanderes y mar Caribe a través de Urabá y el Pacífico a través del norte del Chocó.
La pugna tiene un último detonante. Según denuncias del gobernador, Luis Pérez, al Bajo Cauca “se metió el cartel de Sinaloa”. Este cartel no sería el único interesado en respaldar las bandas, pues al parecer el cartel Jalisco Nueva Generación estaría con ‘los Caparrapos’, según denuncias de la Fundación Pares.
“Eso está en investigación. Lo que nosotros sí sabemos es que hay un agente externo que está financiando la economía ilícita del Bajo Cauca. Es raro que con todas las capturas, erradicación e incautaciones sigan circulando gran cantidad de armas y gente delinquiendo”, agregó Ramírez.
La situación ha creado zozobra no solo en zonas rurales sino también urbanas. “Los temas de seguridad y violencia afectan todo. El comercio y la estabilidad emocional de los habitantes y por ende las elecciones. No solo a candidatos, sino también el día de votaciones”, argumenta Edgar Correa, director de la U. de A. Bajo Cauca.
No hay quien vote
El ambiente enrarecido ha generado fuertes desplazamientos, lo que genera una alerta en la participación electoral. “El año pasado se desplazaron más de 3.000 personas y este año se han ido unas 1.000”, explica Gladis Rebeca Miguel Vides, alcaldesa Tarazá.
Óscar Aníbal Suárez, alcalde de Caucasia, dice que los desplazamientos superan las 1.000 personas. “Los desplazamientos vienen desde el año pasado. Las personas que tenían registrada su cédula aquí y se desplazaron por lo que van a perder su oportunidad de votar”, reconoce el funcionario.
Es una de las máximas preocupaciones. El defensor del Pueblo, Carlos Negret, estuvo haciendo un recorrido a comienzos de año por el Bajo Cauca y calificó la situación de “alarmante”, por lo menos 6.200 desplazados en los dos últimos años.
La preocupación es máxima. Y si a eso se le suma el desencanto por votar los niveles de participación pueden ser muy bajos. “Cuando miramos el nivel de participación electoral del Bajo Cauca es uno de los más bajos en el departamento. El año pasado en Tarazá solo el 20% de las personas que tenían la posibilidad de votar lo hicieron”, afirma Tabares.
Trabajar el voto a conciencia es una de las luchas de la Alianza Bajo Cauca, una organización de instituciones de la región (Oleoductos de Colombia, Usaid, U. de. A, Cámara de Comercio) que lucha por generar un voto a conciencia en la ciudadanía. “Y en los candidatos, respecto por el compromiso que van a adquirir como próximos líderes”, dice Correa.
“Tenemos talleres con periodistas, candidatos a las diferentes alcaldías, también de la Asamblea y Concejo. Vamos a tener un foro programático con los candidatos a la Gobernación de Antioquia y en cada municipio con los candidatos a las alcaldías”, afirma Correa.
¿Qué se está haciendo?
Las autoridades departamentales se han mostrado interesadas en reconocer las afectaciones que dejan estas tácticas de terror e identificar zonas y territorios donde hay que hacer un mayor esfuerzo de presencia y estrategia.
“Las medidas que han tomado hasta ahora y que se han pensado para esta campaña han sido más desde el punto de vista de la capacitación y de los sistemas de protección. Para que en cada territorio se capaciten los distintos candidatos sobre cómo protegerse”, cuenta Tabares.
El general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División, cuenta que están acompañando a los líderes a sus actos de campaña y que están enterados de los informes de la OEA y MOE sobre situación de violencia electoral.
“Nosotros desde ya estamos acompañando con seguridad de área a todos los precandidatos. Nos informan y nosotros generamos una seguridad en aquellos puntos donde ellos van a estar haciendo sus campañas políticas”, sostiene el oficial.
EL COLOMBIANO entrevistó a seis precandidatos en los diferentes municipios del Bajo Cauca y tres se refirieron a hechos de violencia política. Los otros tres aseguraron que sus campañas transcurrían en completa normalidad.
“Por ahora las cosas van normal. El equipo mío no ha tenido problemas y ha podido trabajar”, dijo Carlos Mario Cuartas, precandidato a la alcaldía Tarazá. De la misma manera opina Juan Carlos Blanco, precandidato a la alcaldía de Cáceres: “violencia política en Cáceres no ha habido. A los precandidatos los han dejado trabajar”.
Para Sebastián Mazo, concejal amenazado en Cáceres “es impredecible” lo que pueda pasar de aquí a las elecciones. “Todo puede pasar en estos municipios. Hay personas que se apasionan por el tema político y generan conflictos. Nosotros como líderes lo que tenemos que hacer es hacer un llamado a la cordialidad y a no ofendernos entre adversarios”, concluye el político.
