Lo que para los aspirantes a los cargos de elección popular es la oportunidad de mostrarse como independientes, para las autoridades electorales se ha convertido en un dolor de cabeza. Se trata de las candidaturas avaladas a través de firmas que parecen haber salido de control y porque no hay regulación clara al respecto.
La Procuraduría General de la Nación, la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han alertado que los grupos significativos de ciudadanos, conformados por precandidatos que buscan las alcaldías y gobernaciones, carecen de mecanismos efectivos de vigilancia y su naturaleza se ha desvirtuado.
El punto es que, mientras otros aspirantes esperan que sus partidos políticos definan a quién avalar, los recolectores de firmas llevan meses en la calle dándose a conocer y haciendo publicidad en el espacio público (la norma se los permite); entre tanto sus rivales de los partidos tienen que esperar hasta el 27 julio, fecha en la que inicia la publicidad exterior según el calendario electoral de la Registraduría.
Por estos días, cuando se acaba el plazo para que los aspirantes se inscriban y se conviertan oficialmente en candidatos, las cartas se destapan y se descubre que la estrategia detrás de las planillas de firmas, tiene uno o más partidos en la retaguardia.
Casos Correa y Gaviria
La situación del exalcalde Aníbal Gaviria y del docente Rodolfo Correa, ambos candidatos a la Gobernación de Antioquia, es la que llama la atención. Ambos tienen aval, pero recogen firmas.
Gaviria, reconocido político del Partido Liberal, de quién se esperó durante meses el anuncio de su participación en las elecciones, dijo que recogía firmas porque quería sumar a muchas personas.
Pocos días después de empezar el proceso ciudadano, el liberalismo oficializó que su aval era para él. Incluso la misma semana, el Partido de la U también confirmaba que su respaldo era para el exalcalde y exgobernador.
Gaviria indicó que la recolección de firmas inició mucho antes de los avales porque “estoy convencido de que esta candidatura tiene que se incluyente. Hay que reconocer que muchas personas no creen en los partidos y nosotros les queremos decir: ‘aquí caben’. Lo que estamos haciendo es sumando voluntades”.
Afirmó que no está adelantando la campaña porque “el que menos necesita de eso soy yo, sin haber salido encabezaba las encuestas”.
Correa fue al contrario. Primero recibió el aval de la Alianza Social Independiente (ASI) a principio del año y, desde mayo, comenzó a recoger sus firmas (dice que lleva 22.300). El precandidato sostuvo que una de las razones para buscar en simultáneo el aval de partido y ciudadano, es la presión de un sector de la ASI que ha pedido que no lo avalen, por posturas de derecha en temas como el Acuerdo de paz y la diversidad.
“Los procesos democráticos necesitan legitimación ciudadana, por eso salimos a la calle a buscar esa validación”, expresó Correa, quien agregó que recoger firmas aunque tenga aval de un partido, no es falta de transparencia porque “mientras la ley lo permita, cualquier posibilidad es legítima. El primer deber ético es cumplir con lo que dice la ley”.
Autoridades en alerta
Para John Fredy Bedoya, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, lo que hacen estos comités es que “comienzan a recoger firmas antes de tiempo porque les da visibilidad, pueden poner avisos publicitarios y se saltan los vacíos de las normas para luego avalarse por algún partido político. El CNE no ha hecho mucho por vigilar esto a pesar de las denuncias”.
El panorama es que, de los 1.250 grupos significativos inscritos en el país, 724 se han registrado en el portal Cuentas Claras del CNE, y únicamente 64 han reportado ingresos y gastos de campañas.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, considera que aunque las candidaturas por firmas nacieron con un objetivo loable, de darle oportunidad a aquellos que no se sentían representados por los partidos, lo que existe ahora está desnaturalizado. “Están usando el mecanismo para posicionar su nombre y luego hacer negociación política con un partido. Cuando recogen respaldos dicen que los partidos no sirven y luego negocian el aval”, apuntó Barrios.
Pero el uso poco transparente del sistema no es lo único que preocupa. Al tener poco control sobre la financiación de las campañas de los grupos significativos de ciudadanos, las autoridades saben que pueden convertirse en un escenario de posible lavado de dinero. “Esto es lo más preocupante, puede haber lavado de activos o recolección de fondos porque no hay seguimiento estricto a la financiación, no presentan informes financieros, no se sabe de quiénes recibieron dineros y cómo se lo gastan. Esto es muy irregular y delicado”, concluyó Barrios.
En conclusión, las firmas, ese proceso que luce independiente y cercano al ciudadano, no es ajeno al cálculo político en la carrera para las elecciones. Un cálculo que aunque no es ilegal, esquiva la ley y la transparencia..
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precandidatos a la Alcaldía y a la Gobernación recogieron o recolectan firmas.
