El presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca (Cambio Radical), solicitó formalmente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, remitir el expediente que adelanta la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe por tres masacres en Antioquia ocurridas entre 1996 y 1997.
¿Y por qué lo hizo? La solicitud surgió después de que la defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Grados, pidiera que se revisara qué autoridad es la competente para investigar el caso. En concreto, la defensa solicitó plantear un conflicto de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
El proceso está relacionado con una investigación por concierto para delinquir agravado, que incluye hechos asociados con el grupo paramilitar que operaba en la hacienda Guacharacas y que posteriormente fue conocido como Bloque Metro.
“Se argumenta que Álvaro Uribe Vélez ejerció como presidente de la República desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras que la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de concierto para delinquir agravado el año 2003”, dice la carta firmada por Cuenca.
Esto es importante porque la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara es la encargada de investigar las posibles conductas irregulares de los presidentes y de los expresidentes por hechos relacionados con el periodo en que ejercieron como jefes de Estado.
En el caso de Uribe, las investigaciones están relacionadas con posibles omisiones durante su periodo como gobernador de Antioquia. Allí se investigan, entre otros hechos, las masacres de La Granja, ocurrida en 1996, y El Aro, perpetrada en 1997.
Aunque esas fechas corresponden a un periodo anterior a la presidencia de Uribe, la comisión de la Cámara dice que tuvo en cuenta que “el delito de concierto para delinquir es de carácter permanente” y que algunas de las conductas investigadas se habrían extendido hasta 2003. Por eso, sostiene que podría tener competencia sobre esos hechos.
Y es que pese a que en la Comisión de Acusación hay cinco integrantes del Pacto Histórico, el pedir el expediente a la Fiscalía se había aprobado por unanimidad por una supuesta colisión de competencia.
El oficio señala que si la Fiscalía no accede a la solicitud, la Comisión solicita que se remita el expediente a la Sala Plena de la Corte Constitucional.
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