El estruendo producido por el carro bomba ingresado a la Escuela de Policía General Santander en Bogotá, que dejó 21 muertos y 68 heridos, también sacudió a la política nacional.
Las voces de protesta y de rechazo ante el acto terrorista, cuya autoría fue reconocida por el Ejército de Liberación Nacional (Eln), llegaron de todos los sectores políticos y de la población civil, quienes finalmente han sido las principales víctimas de años de violencia en Colombia.
Pero este ataque tiene matices especiales. Primero, aunque fue en el interior de una escuela de Policía, que haya ocurrido en el corazón de la capital del país, genera sensación de inseguridad en cualquier ciudad colombiana. Y segundo, en el imaginario colectivo, permanecen en la memoria los atentados en las décadas de los 80 y 90, cuando una de las palabras más usadas en los noticieros y de los periódicos era “carro bomba”.
Desde la explosión, el rumbo político del país no es el mismo. El presidente Iván Duque terminó la mesa de diálogo con ese grupo armado y reactivó las órdenes de captura contra diez miembros que se encuentran en Cuba esperando las conversaciones que hasta ahora no han llegado.
Pero, ¿cómo puede un ataque terrorista mostrarle el camino a un mandatario? En Colombia y en el mundo los ejemplos son múltiples. El atentado contra las Torres Gemelas en 2001 unió a Estados Unidos y reforzó el discurso de “guerra contra el terror” del expresidente George W. Bush.
Aquí Duque puede sacar ventaja política porque ante estos hechos, la opinión pública en general suele solidarizarse y entender que combatir el terrorismo es la prioridad porque une a todo el país.
El expresidente Álvaro Uribe interpretó y canalizó en 2002 el descontento general de los diálogos frustrados con las Farc. Uribe centró su discurso de seguridad en la “mano firme” y sacó réditos de ello por años.
El nuevo escenario le permite a Duque asumir una posición similar, en la cual el Eln, y las demás organizaciones ilegales (disidencias de las Farc y bandas criminales), serán su caballo de batalla para volcar al país hacia él, mejorar así su imagen y tener más maniobra en la toma de decisiones.
Cuando el dolor une
Para Juan David García, politólogo y docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, “es probable que Duque se vaya a beneficiar políticamente en el corto plazo, incrementar su favorabilidad y lograr más cohesión con diferentes fuerzas políticas. Puede decir que es la democracia contra el totalitarismo, que el Eln no escucha, que destruye el orden constitucional y a partir de ahí usar la fuerza legítima del Estado”.
Si bien esta estrategia puede funcionar, el tiempo llevará al Gobierno a nuevas exigencias y a mostrar resultados que avalen el uso de la fuerza por encima de la búsqueda de la negociación.
Miguel Silva Moyano, politólogo y profesor de la Universidad Nacional, destacó que aunque el atentado y las medidas adoptadas pueden impactar positivamente la imagen de Duque, hay una parte de la población que considera que la ofensiva militar no es la solución. “Ese será el debate alrededor de la gestión de Duque, que ya no está pensando en un mandato de ocho sino de cuatro años, lo que implica que los resultados deben venir pronto para que no afecte su imagen, sobre todo si esa guerrilla sigue con esa capacidad de llamar la atención con actos terroristas”, comentó el experto.
El discurso más uribista
Romper el diálogo, no reconocer los protocolos del gobierno anterior con el Eln y decir públicamente que se intensificará la fuerza del Estado contra la guerrilla son hechos que acercan al presidente Duque con la bancada del Centro Democrático. De hecho, es quizá la postura más uribista desde que asumió la Presidencia.
José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático, dijo: “El canto de aplauso a Santos por la llamada solución negociada desapareció. Se vuelve a imponer el criterio del partido, y en particular del presidente Uribe, sobre el combate contra el terrorismo con todos los elementos de legitimidad que unen a todos los colombianos”.
No opina igual Juanita Goebertus, representante a la Cámara de la Alianza Verde, y hace referencia al documento secreto entre el Gobierno y los negociadores del Eln, con aval de los países garantes. “Se equivoca incumpliendo los protocolos. Incluso Uribe en 2007, cuando el proceso con el Eln fracasó en Venezuela, respetó los protocolos”, dijo la representante.
Y añadió: “Si se trata de desplegar una estrategia de seguridad territorial, que permita llevarlos en un futuro a un proceso de paz serio, hay que aplicar los protocolos. De lo contrario, tristemente no sé cómo volveríamos a recuperar la posibilidad de tener una mesa que, aunque hoy no hay condiciones, el uso de la fuerza es para llevarlos a la mesa de conversación, pero la desconfianza está sembrada”.
El costo político de negociar
En Colombia es más rentable en términos de popularidad la mano dura que la salida negociada. El expresidente Juan Manuel Santos sabe las consecuencias de enfocar un gobierno en la búsqueda de la paz y de insistir en ella en medio del conflicto. Por entablar conversaciones con una guerrilla que continuaba delinquiendo sacrificó su popularidad.
“La posición de negociación es difícil de sostener, al expresidente Santos le costó su capital político. Buscó llegar al acuerdo como una posibilidad de desarme, no fue un desarme previo y fue muy difícil”, resaltó el analista Silva Moyano.
La lucha contra el terrorismo permite que posturas contrarias se encuentren, en un país en el que cada cuatro años se centra parte del debate entre elegir la guerra o la paz.
Duque es presidente en un momento histórico para consolidar la construcción de la paz con las Farc, y ahora con el Eln, para decidir si buscará la salida negociada, un riesgo político que por ahora parece no asumir.
