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Habitantes de la calle, invisibles en 6 ciudades
Dos años después de que se expidiera le ley para proteger a esta población, los avances siguen siendo mínimos.
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El número de habitantes de la calle en Colombia es incierto. Este año, en el censo de demografía y vivienda, el Dane incluirá a esta población. FOTO Julio César Herrera
22 de junio de 2015
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Seis ciudades del país comparten una escena cotidiana: en algunas calles, donde usualmente las fachadas están deterioradas y no hay policías a la vista, los conductores suben las ventanas del carro y aceleran. Sienten miedo porque los habitantes de la calle se lanzan en medio de la vía; algunas veces roban, otras veces arriesgan sus vidas. En Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Cali, Cúcuta y Cartagena sucede lo mismo.
El COLOMBIANO, en trabajo conjunto con Vanguardia Liberal, El País, La Opinión y El Universal, realizó un diagnóstico sobre la situación de los habitantes de la calle en Colombia.
En junio de 2013, el presidente Juan Manuel Santos anunció una intervención integral para “acabar con 25 ollas en el país”. Ese mismo año fue expedida la Ley 1641, que le ordena al Estado “garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos” de los habitantes de la calle. Dos años después, las ciudades siguen reportando altos índices de vulnerabilidad en las calles y el microtráfico sigue siendo un problema latente.
La percepción ciudadana coincide con los pronunciamientos de la Corte Constitucional. En marzo pasado, el alto tribunal le ordenó al Ministerio de Salud acelerar la implementación de la Ley 1641. ¿Qué pide la norma? Tratar a los habitantes de la calle partiendo de los siguientes principios: dignidad humana, autonomía personal, participación social y solidaridad.
La Corte fue enfática al señalar que esta población requiere “una actuación urgente e integral dada la especial situación de vulnerabilidad y marginalidad en la que se encuentran, así como la violación masiva de derechos de la que son objeto. El solo hecho de no contar con un hogar deriva en la afectación grave y continua de otros derechos fundamentales”.
No toda la responsabilidad recae en el Gobierno central. La Corte reconoce que las entidades territoriales deben formular programas para garantizar los derechos humanos de esta población, como la salud , la educación y la seguridad social. Algunas ciudades le han apostado a la construcción de centros de acogida, otras, como Bucaramanga, buscan que los habitantes de la calle regresen a sus lugares de origen. La fórmula exitosa sigue siendo esquiva.
10,4%
de la población colombiana habita en vivienda inadecuada, según el censo del Dane.
25.000
millones de pesos invertirá Bogotá este año para ayudar a los habitantes de la calle. Es la ciuad que más invierte.
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