Después de días de un debate tortuoso y espinoso en el Senado de la República, el presidente de esa corporación, Ernesto Macías, anunció que enviará las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) a la Corte Constitucional.
En la segunda votación de los reparos presidenciales, la plenaria no logró tomar una decisión, lo que obliga a que sea la Corte Constitucional la que decida si los 47 votos que se opusieron el pasado martes son suficientes para negar la iniciativa del Gobierno o no.
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El senador Roy Barreras, del Partido de la U, afirmó que “las objeciones del gobierno Duque fueron negadas en la Cámara y en el Senado, al presidente Macías se le olvidó descontar el voto de la señora Aída Merlano que está detenida, había que quitar ese voto. Es un hecho que las objeciones fueron negadas hace dos días, pero como Macías consideró que no, deben ser enviadas de nuevo a la Corte Constitucional a que de la última palabra”.
Senadores del Centro Democrático sostienen que los 47 votos del martes no son suficientes para que se niegue la iniciativa.
Después de trasladar las objeciones a la Corte, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sostuvo que “se salvó la extradición, definitivamente se la ha cerrado la puerta a los narcotraficantes en la JEP, no se consiguieron las mayorías para hundir las objeciones. Confiamos en la decisión que tome la Corte Constitucional, estamos seguros que hará un balance de todo lo que ha pasado, definitivamente no hubo los votos para negar las objeciones”.
Las razones por las cuales la Corte Constitucional debe asumir la decisión final de las objeciones, es porque la misma hace dos meses remitió notificación al Congreso que sin importar cuál fuera la decisión de las objeciones las mismas deberían ir a su revisión.
Coalición mayoritaria en el Congreso
El extenso camino de las objeciones en el Senado, provocó la unión entre Cambio Radical, Partido de la U, conservadores y liberales. Estas colectividades, mayoritarias en el capitolio, dejan en manos de la Corte las objeciones y de paso se unen para impulsar la agenda legislativa que ha estado estancada por causa del debate a la JEP.
La reforma política, a las regalías, la reforma que prohibe la conexidad del delito de narcotráfico con el delito político y la reforma a la justicia, la cual fue presentada por el Partido Cambio Radical, y que cuenta con el apoyo del Gobierno, se verían beneficiadas con esta alianza.
El senador conservador, Juan Diego Gómez, explicó que la unión significa que “estos partidos interpretan la necesidad de superar la polarización que vive nuestro país desde la dialéctica del plebiscito de 2016, del cual está cansada la opinión. Se busca superar la discusión de las objeciones a la JEP y que sea la Corte quien decida de fondo y así poder desde el Congreso avanzar en la agenda del país que preocupa a los ciudadanos”.
Los últimos acontecimientos entre el Gobierno y el legislativo, intuyen para analistas que ahora sí se den los primeros cambios ministeriales en el gobierno de Iván Duque.
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