La Procuraduría quiere saber cómo se firmaron los contratos entre la Registraduría y la firma española Indra para la divulgación del preconteo de votos y el escrutinio nacional, en el marco de las elecciones. El pedido quedó explícito en una investigación disciplinaria que le abrió al registrador Vega.
Margarita Cabello, procuradora General, anunció la acción –pese al escepticismo de algunos sectores– en contra del funcionario por posibles irregularidades en la selección y contratación de Indra, por el supuesto incumplimiento y omisión del Registrador de sus funciones, así como una aparente extralimitación.
En el documento –conocido por EL COLOMBIANO y firmado por el vicecontralor Silvano Gómez– consta que la denuncia relacionada con tal compañía fue enviada por el expresidente Andrés Pastrana.
Sin duda, el software de Indra es fundamental en el asunto a investigar y, según el ente de control, podría haberse presentado un conflicto de interés.
Como se anota en el documento, podrían haber ocurrido “situaciones que comprometerían la transparencia de la selección del contratista y en el procedimiento de contratación de dicha empresa o en la ejecucón del objeto contractual”.
Por lo anterior, pidió copias de los contratos entre la Registraduría e Indra, entre 2020 y 2022, oficiar a Indra par que aporte los documentos que “relacione sus sedes en Madrid, España”, e incluso pidió certificados de existencia y representación de la empresa tanto a la Cámara de Comercio de Bogotá, como a autoridades internacionales.
Sin embargo, fuentes de Indra señalan que esto no ocurrió. Y el motivo tiene que ver con un funcionario de la Registraduría que trabajó en Indra durante un año, entre 2016 y 2017, pero también en Thomas Greg & Sons, una de las firmas que, con otras diez compañías, conforman la Unión Temporal Disproel, también parte del proceso en las elecciones.
No obstante, la empresa española lleva contratando con Colombia desde 2002, antes de que aquel funcionario hubiera llegado al ente electoral.
Así mismo, una fuente de la otra compañía mencionada explicó que también ha contratado con el Estado en este tipo de procesos desde 1982.
Con todo, este medio conoció que la Unión Temporal envió a la Registraduría un informe “riguroso y detallado de los hallazgos sobre el preconteo y la transmisión”, que es el que esta entidad ha compartido con la opinión pública.
Pastrana también denunció cuatro supuestas reuniones que habría sostenido Vega durante 2019, en España, en la sede de Indra, antes de llegar al cargo.
Por eso, la Procuraduría pidió a Inmigración Colombia los datos de salidas del país en febrero de 2019 de Vega, incluyendo hasta la aerolínea que utilizó, si es que realmente viajó.
Aparte, la Procuraduría solicitó a la Registraduría la información correspondiente a las denuncias de León Valencia, de la ONG Paz y Reconciliación, y Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, por las fallas en las inscripciones de las cédulas y en el registro de votantes.
Además, de las extralimitaciones en las que habría incurrido Vega al imponer el uso de biometría facial
