El procurador, Gregorio Eljach, lanzó este miércoles la segunda fase de la estrategia ‘Paz Electoral’, denominada ‘No a la indebida participación en política’, con la que el Ministerio Público fijó seis conductas prohibidas a los servidores públicos del país de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, y advirtió que su transgresión puede acarrear desde una multa hasta la destitución del cargo y, eventualmente, un proceso penal por el delito de intervención en política.
El jefe del Ministerio Público explicó que se trata de “una actividad pedagógica con soporte constitucional, legal y jurisprudencial”, dirigida a funcionarios de cualquier nivel y territorio, con el objetivo de marcar el punto en el que los derechos políticos y electorales de un servidor del Estado se convierten en una conducta sancionable.
Le puede interesar: Las 10 veces que Iván Cepeda ha callado sobre los escándalos de corrupción del gobierno.
“Queremos prevenir a todos los servidores públicos para que sepan cuál es la línea roja que no pueden transgredir, que no pueden pasar; hasta dónde van sus derechos en materia política y electoral y dónde empiezan las conductas prohibidas”, señaló Eljach durante la presentación de la directiva.
El Procurador agregó que el propósito es evitar que los funcionarios “utilicen su cargo o los recursos públicos o el poder que ostentan para alterar la voluntad de los electores”, y que la contratación pública, las obras estatales o la jerarquía dentro del Estado no se conviertan en herramientas para “dañar la pureza del voto, que es lo más sagrado que tiene una democracia como la colombiana”.
¿Cuáles son las líneas rojas que no deben pasar los funcionarios?
Según la directiva, los servidores públicos no pueden hacer, financiar o promover campañas políticas en su calidad de funcionarios del Estado; presionar o favorecer a subalternos para apoyar candidatos; usar recursos públicos en reuniones o actividades políticas; difundir propaganda electoral; inclinar o autorizar el uso del aparato estatal a favor o en contra de una causa o partido; ni usar información reservada de la entidad con fines políticos.
El Ministerio Público también precisó las conductas que sí están permitidas: difundir información general, opinar o intervenir en debates de interés colectivo ajenos a la contienda electoral; ejercer el derecho al sufragio, salvo los miembros de la Fuerza Pública; e inscribirse como miembros de los partidos, en los términos del artículo 39 de la Ley 996 de 2005. Las restricciones aplican con limitaciones diferenciadas para congresistas, diputados, concejales y ediles.
Las consecuencias del incumplimiento son disciplinarias y penales. En el ámbito disciplinario, dependiendo de la calificación de la falta, las sanciones pueden llegar a la destitución y la inhabilidad. En el penal, el artículo 422 del Código Penal contempla el delito de intervención en política, que acarrea multa y destitución del cargo público.
Por otro lado, el procurador Eljach no se refirió sobre si la invitación que hizo el presidente Gustavo Petro para que su proyecto político continúe cuatro años más configure una indebida participación en política.
“La calificación la tiene que hacer la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la que tiene competencia integral para mirar las conductas del Presidente. El Procurador está por fuera de esa competencia”, dijo.
El jefe del Ministerio Público sostuvo, además, que las dudas que el mandatario ha expresado de manera reiterada sobre el proceso electoral están protegidas por la libertad de expresión mientras no impliquen una acusación de delito ni “afirmaciones sin fundamento”, y agregó que la calidad presidencial “no le inhibe el uso que se haga de esa libertad”.
Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.
Regístrate al newsletter