La Procuraduría General de la Nación informó este martes que abrió de oficio cinco indagaciones preliminares para esclarecer por qué murieron al menos quince menores de edad en recientes operaciones militares contra estructuras criminales en distintas regiones del país, qué ocurrió en el desarrollo de estos operativos, quiénes participaron en ellos, dónde se ejecutaron y bajo qué condiciones se aplicarán los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La entidad señaló que el objetivo de estas indagaciones es verificar si las operaciones se realizaron bajo los principios de precaución, humanidad y proporcionalidad que exige el DIH para la conducción de hostilidades.
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En estas acciones resultaron muertos al menos quince menores de edad, lo que, según la Procuraduría, demanda un examen institucional riguroso con base en la normativa nacional e internacional que regula el uso de la fuerza en contextos de conflicto armado.
La Procuraduría precisó que estas indagaciones se adelantarán con rigor, imparcialidad y celeridad, y que se garantizará el debido proceso. Una comisión viajará esta semana a los lugares donde ocurrieron los operativos para recolectar testimonios, fotografías y material operacional y pericial.
“El reclutamiento de niños es un crimen internacional no amnistiable”
Las investigaciones surgieron en medio del dictamen de Medicina Legal que confirmó el fallecimiento de doce menores en bombardeos y de tres en un operativo militar. Este informe generó una nueva discusión pública sobre la decisión del Gobierno de reanudar los bombardeos contra disidencias de las FARC en el marco de la política de “paz total”.
Mientras el Gobierno ha defendido la continuidad de las operaciones militares contra estructuras armadas, la Defensoría del Pueblo pidió suspender los bombardeos en escenarios donde exista posibilidad de presencia de menores reclutados, con el fin de garantizar la máxima precaución prevista en el Derecho Internacional Humanitario.
Volviendo con la Procuraduría, el reclutamiento y utilización de menores por parte de grupos armados ilegales fue señalado por la institución como un crimen internacional no susceptible de amnistía y contrario al orden jurídico colombiano. Según la entidad,esta práctica implica exponer a niños, niñas y adolescentes a riesgos propios de actividades de guerra, lo que vulnera de manera extrema sus derechos fundamentales..
La entidad recordó que el Derecho Internacional Humanitario permite a las Fuerzas Militares ejecutar operaciones operativas contra objetivos legítimos integrados por combatientes, incluso cuando entre ellos haya menores reclutados ilícitamente. Sin embargo, indicó queestas acciones están sujetas a la observancia de los principios de precaución, proporcionalidad y adopción de medidas factibles. para reducir daños a la población especialmente protegida.
En el caso de los bombardeos, el análisis operativo es más estricto. La entidad señaló que se debe esclarecer si estas formaron parte de combates en curso, si existía conocimiento o acciones de conocer la presencia de menores y si fueron aplicados los protocolos establecidos para evaluar la proporcionalidad del uso de la fuerza.
Como parte del proceso, una comisión se trasladará esta semana a los lugares donde se realizaron los operativos para recoger testimonios información técnica y operativa necesaria para el avance de las indagaciones.
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