El delegado de la Procuraduría, Henry Francisco Bustos, rechazó que se enviara a la cárcel al hijo mayor del Presidente mientras continúa el proceso penal. La Fiscalía le había imputado a Petro Burgos los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
Además, Bustos sostuvo que la fiscal Lucy Laborde incurrió en imprecisiones al momento en que le imputó los cargos a Nicolás Petro.
Este proceso legal se desarrolla por hechos relacionados con corrupción e irregularidades en contratos de la Gobernación del Atlántico a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso), en los que el hijo del mandatario tendría participación.
Al comienzo de su intervención, “el Ministerio Público demostró que existen elementos de juicio suficientes para entender que, probablemente, el señor Nicolás Petro tuvo alguna participación de parte de dineros quela Fiscalía ha señalado en 111 millones de pesos, provenientes de dos convenios de 2021 y 2022”.
En cuanto a lo que se le señala, el delegado de la Procuraduría cuestionó los cargos de enriquecimiento ilícito de servidor público y tráfico de influencias, al considerar que el primero debería ser revisado por la Fiscalía, -por otro proceso en paralelo que se está llevando a cabo en su contra en el que se sustenta estos argumentos ya expuestos-. Mientras que, frente al segundo, señaló que la presunta influencia habría sido ejercida principalmente por Day Vásquez y no por el exdiputado.
El representante del Ministerio Público estimó que no existen fundamentos sólidos para ordenar el envío de Nicolás Petro a prisión, al considerar que su permanencia en libertad no afectaría el normal desarrollo de las audiencias.
El procurador Bustos aseguró que:“No se puede inferir de manera razonable que, como posiblemente intervino en conductas punibles,ello conducirá a concluir que en el futuro el señor Nicolás Petro seguiría cometiendo actos delictivos”.
A eso, le sumó que, si bien “los delitos de peculado, tráfico de influencias o interés indebido pueden parecer graves, sobre todo por el destino de estos recursos, que era la protección de las personas de la tercera edad (...)”, eso no conformaría que Petro Burgos vaya a continuar realizando dicho hecho delictivo.
Insistió que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro”no sería un peligro para la sociedad”.
Los chats
En semanas pasadas, el ente acusador presentó pruebas en las que Nicolás Petro hablaba con su esposa Laura Ojeda acerca de huir del país para evadir a la justicia.
Las pruebas del presunto plan de huida fueron encontradas en el celular de Ojeda. Aquel dispositivo fue admitido como prueba por un juez el pasado 7 de noviembre. En aquella ocasión, el juez también admitió que se hicieran interceptaciones, no solo al celular de Ojeda, sino también al de Petro y su exesposa Daysuris Vásquez.
Y es que, según el juez, la revisión de los tres dispositivos sería clave para demostrar que, presuntamente, Petro se habría interesado indebidamente en dos contratos por $400 y $572 millones, usando su influencia política como diputado para direccionar la contratación a favor de FUCOSO.
En busca de chats y documentos que comprueben aquella tesis, la Fiscalía encontró un mensaje enviado por Petro hacia Ojeda, incluso antes de que el país conociera los hechos por los que ahora le imputan cargos.
“Es una conversación del 5 de diciembre de 2022 donde dice: ‘El fiscal que quiere hacer la investigación es enemigo de ellos, dos opciones, negociar con ella o irnos del país, le dije que si cedo a que nos vayamos a mitad de año, desde ya empezaremos a hacer lo del pasaporte’, dice literalmente”, explicó la Fiscalía.
La audiencia se resumirá este próximo 18 de diciembre a las 8: 30 a. m. Allí, se realizará la diligencia en la que la defensa de Nicolás Petro tiene la oportunidad de exponer su última intervención antes de que el juez adopte la decisión final.
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