Por la violar los principios de economía, planeación y selección objetiva en diferentes contratos del municipio durante la emergencia por el Covid-19, la Procuraduría, en fallo de primera instancia, destituyó e inhabilitó por 10 años al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón.
En la decisión del Ministerio Público también sancionó con destitución e inhabilidad general por 9 años a Armando Cabrera Rivera, jefe de la oficina de gestión de riesgo, Camila Mercedes Ortega Suárez, secretaria de la mujer, equidad e inclusión y a Giovanny Córdoba Rodríguez, secretario de educación del municipio.
La Procuraduría indicó que verificó la participación del alcalde y del jefe de la oficina de gestión de riesgo en la contratación 682 de 2020 con el Fondo de Cultura y Turismo (Fomcultura) del departamento, en la realización de una campaña de cultura ciudadana para la mitigación y prevención del Covid-19 en la que adquirieron elementos para efectuar publicidad, bajo la figura de urgencia manifiesta, pero estos fueron almacenados sin que exista evidencia clara de su utilización, durante la vigencia de este.
Igualmente se confirmó que en el contrato 681 de 2020 Muñoz Calderón, para atender y suministrar alimentos a habitantes de la calle, seleccionó el ejecutor de este sin previo análisis y sin tener la idoneidad, capacidad y requisitos mínimos para garantizar su cabal cumplimiento de las actividades solicitadas, por un valor aproximado de 425 millones de pesos; lo que generó que no se llegará a las 350 personas establecidas inicialmente.
“En fallo de primera instancia, el Ministerio Público verificó que el ordenador del gasto y Ortega Suárez en el negocio jurídico 677 de 2020 que tenía como objeto brindar componente nutricional en los meses de marzo, abril y mayo para población vulnerable de Neiva justificaron, adicionaron y aprobaron ítems a este sin ninguna planeación como guantes, tapabocas, batas por $330 millones, como tampoco se realizaron la entrega de estos elementos”, señala el reporte de la Procuraduría.
Para la Procuraduría, Muñoz y Córdoba Rodríguez, escogieron los contratistas en las ordenes de servicio de interventoría 010 con la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando) y 011 de 2020 con la fundación Colombia florece sin que cumplieran con la experiencia y capacidad para su ejecución, además, existía entre ellos una inhabilidad, al confirmar que el representante legal de la organización sin ánimo de lucro es miembro de la junta directiva de la corporación, quien fungió como interventor de este.
Finalmente, la Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 1 calificó las faltas de los disciplinados como gravísimas, a título de culpa gravísimas.
