El anuncio del presidente Gustavo Petro de detener el proceso de licitación para elegir al operador de salud del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) desató un ambiente de división al interior de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). Una parte de la directiva de esta federación respaldó la decisión del mandatario y otro sector se mostró preocupado por la continuidad de su atención en salud.
Lea también: Corrupción en salud para los profesores: ¿Qué encontró Petro para detener la licitación?
Esta división en el gremio de educadores se generó después de que Petro anunció que frenaría la licitación argumentando presuntos hallazgos de corrupción en el Fomag, pese a que se esperaba que a partir del 31 de octubre se diera inicio a una nueva licitación que pudiera mejorar el servicio de salud de los maestros del sector público.
“El Gobierno descubrió una red de corrupción en la utilización de los recursos del Fomag para la atención en salud del magisterio. Esto nos lleva a detener el proceso licitatorio para los operadores de salud en las 10 zonas del país. Se prorrogarán los actuales serivicios por seis meses más mientras se sustituye el actual sistema de salud”, dijo Petro.
Podría haber paro de maestros
Tras esta decisión de parar la licitación, desde Fecode se advirtió que esta interrupción podría afectar la estabilidad y los derechos laborales de los maestros. Esta aparente incertidumbre abrió la puerta a la posibilidad de que esta federación de docentes salga a paro a defender su derecho a la salud.
Domingo Ayala, presidente de Fecode, aseguró que le pedirán al Gobierno de Gustavo Petro “plenas garantías en las prestaciones de salud” para que se abra una licitación correctamente, pero aclaró que esta petición la harán a través del diálogo y descartó, por lo pronto, que haya protestas.
Pese a esa negativa del presidente de Fecode frente al eventual paro, Victoria Avendaño, otra ejecutiva de esa federación de maestros, dejó la puerta abierta a esa posibilidad y se mostró inconforme con la acción del presidente. Avendaño le dijo a este diario que la presunta corrupción en el Fomag podía combatirse con otras acciones sin necesidad de parar la licitación. Además, expuso que no se puede descartar la posibilidad de salir a paro en defensa del régimen especial y los derechos del magisterio.
“Hay muchísimas investigaciones y denuncias que ha hecho Fecode frente a esta corrupción. Hoy no se puede utilizar entonces la excusa de la presunta corrupción que están redescubriendo en los manejos de estos recursos para tomar una decisión que afecta duramente los derechos en salud del magisterio y nuestras familias”, dijo Avendaño.
Además, la ejecutiva de Fecode defendió el Acuerdo 05 con el que se definieron lineamientos para la nueva licitación, por lo que se mostró inconforme con la decisión del presidente Gustavo Petro.
“Le pedimos al presidente Petro que acabe con la corrupción, pero acá hay que mirar algo que es supremamente grave, y es que hoy se está frenando una licitación pública para la nueva contratación de las entidades que deben prestarle el servicio de salud en el marco de la ley 91 a los maestros del sector público y sus familias. Ese proceso debe terminarse y a partir del 1 de noviembre deben existir unos nuevos contratos para que le presten la salud a los maestros y nuestras familias”, apuntó Avendaño.
Entre tanto, otro sector de esta federación de educadores mostró su respaldo a la decisión del presidente frente a la licitación, como en el caso de la ejecutiva María Eugenia Londoño, quien aseguró que el Gobierno está comprometido a no modificar el régimen especial de salud que cobija a los docentes en el país.
“Todo el respaldo al Gobierno del cambio. El presidente Petro ha dicho que no tocará el Fomag y ni nuestro régimen especial. No podemos avalar la corrupción en un proceso de contratación de 13,5 billones de pesos”, expuso Londoño tras concluir la junta nacional de Fecode.
El Gobierno se pronunció
Este jueves el consejo directivo del Fomag aprobó la cancelación del proceso licitatorio para contratar la prestación de los servicios de salud de los maestros y varios ministros, que integran el consejo directivo, dieron claridades.
El Fomag es un sistema encargado de atender el pago de las prestaciones sociales (salud, pensión y cesantías) de los docentes públicos en el país. Esta entidad está adscrita a los ministerios de Educación, de Trabajo y de Hacienda, que se encargan de garantizar la seguridad financiera de los educadores y los recursos para su atención en salud.
“Después de escuchar la exposición sobre el estado del proceso a cargo de la Fiduprevisora (que presta el servicio de salud del magisterio), consideramos que no existe pluralidad de oferentes, lo que impide una sana competencia”, señaló el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
A su turno, la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, apuntó que el régimen exceptuado para los maestros seguirá prestando su servicio de salud y no tendrá ninguna interrupción. “Lo que se busca con esta decisión de prorrogar 6 meses los contratos es poner en marcha un mecanismo que permita mejorar la atención que hoy presenta deficiencias”, expuso la minEducación.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, detalló que se tomó la decisión de iniciar un plan de transición para mejorar la prestación del servicio de salud de los docentes considerando que “las quejas y reclamos de los maestros por la prestación de estos servicio de salud duplican las que se reciben por el régimen ordinario”.
Desde Fecode se dejó claro que la decisión de salir a paro se definirá de acuerdo a lo que dialoguen con el Gobierno en los próximos días, ya que insistirán en que desde la Casa de Nariño les garanticen que no le meterán la mano a su atención en salud.
El consejo directivo del Fomag, detalló que de acuerdo con un informe de la Superintendencia de Salud en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2023, se recibieron 31.263 reclamos de maestros relacionados con falencias en la calidad y oportunidad en la prestación del servicio de salud del magisterio.
“El compromiso que hemos asumido desde el Gobierno es velar por la dignificación y el bienestar de nuestros docentes y eso implica robustecer la institucionalidad pública para poder garantizar la protección de sus derechos”, aseguró la ministra de Educación.
