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Prostíbulo en extinción de dominio fue ofrecido para recibir reclusos ante covid-19
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FOTO ARCHIVO ROBINSON SÁENZ
06 de abril de 2020
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En medio del debate sobre la excarcelación masiva de personas privadas de la libertad como medida de prevención ante la expansión del covid-19 y su posible llegada a un centro de reclusión del país, la Fiscalía General de la Nación propuso que desde la Sociedad de Activos Especiales, SAE, se disponga de propiedades para que reciban a parte de la población carcelaria en caso de recibir luz verde por parte del Gobierno.
Lo curioso sobre este tema es que hoy se conoció que entre los bienes (en extinción al dominio) que ofreció la SAE hay uno que funcionó como prostíbulo en el centro de Bogotá.
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La información se conoció en medio de la sesión virtual de la Comisión de Paz del Senado que trató el tema de hacinamiento y crisis carcelaria. Allí la ministra de Justicia, Margarita Cabello, afirmó que “hasta ahora los dos inmuebles que nos ofrecieron, no reúnen las condiciones. Uno era un famoso prostíbulo del centro, no reúne condiciones, no hay situaciones de sanidad, tocaría reestructurarlos y eso nos llevaría mucho tiempo, esa posibilidad no existe”.
La jefa de cartera aclaró que la idea de contar con propiedades a disposición de la SAE es bienvenida, “siempre y cuando estén disponibles y en situaciones que me aseguren salud y seguridad para los privados de la libertad. A mí todo lo que me puedan dar para solventar junto con el Inpec y el Uspec esta problemática que nos angustia, estamos totalmente agradecidos”.
Al escuchar lo dicho por la ministra Cabello, el fiscal general, Francisco Barbosa, advirtió que si esos bienes de la SAE están destruidos o inservibles, “aquí ya estamos hablando de una responsabilidad muy grave de la manutención de esos bienes que deben tener una función especial que sirven, entre otras cosas, para el funcionamiento de la justicia y ahí la directora de la SAE debe ser citada para que explique por qué no tienen ningún bien disponible para este tipo de menesteres, sobre todo porque ahí no están administrando miseria y si es así, entonces habría una responsabilidad también desde el punto de vista fiscal y hasta penal”.
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Sobre su propuesta, el fiscal explicó que en caso de darse una excarcelación masiva de personas con diferentes condiciones que tengan un mayor riesgo de exposición ante el coronavirus, se tiene que garantizar un mínimo vital, “porque esto es una norma de excepción pero al mismo tiempo una reclusión bien al domicilio o a lo que propongo como la utilización de algunos de los bienes de la SAE para efecto de utilizarlos y que estas personas puedan tener, por lo menos, las tres comidas y un servicio de salud”.
Actualmente el Gobierno está evaluando las condiciones bajo las cuales mandará a detención domiciliaria a un poco más de 10 mil internos para mitigar el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles del país, donde con las altas cifras de hacinamiento cualquier contagio sería incontrolable.
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