Uno de los elementos claves de la política de la “paz total”, bandera de gobierno del presidente Gustavo Petro, será la ley de sometimiento a la justicia. El mecanismo permitirá trazar la ruta para que los integrantes de las bandas criminales se acojan a la justicia en un eventual proceso de negociación. Este viernes se conoció el borrador de la propuesta que en los próximos días arrancará a discutirse en el Congreso.
“Se ha dado a conocer un borrador muy parcial de nuestra ley, mediante la que buscamos que se acojan o sometan a la justicia estructuras del crimen organizado de alto impacto. Este es un proyecto extenso, tiene más de 80 artículos. Ahí se fija con toda claridad el proceso de desestructuración de estas organizaciones”, señaló uno de los senadores impulsores, Iván Cepeda.
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El documento, que pretende ser radicado ante el Legislativo el 27 de septiembre, fue elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la presidencia del Congreso y asesores del presidente Petro. Según adelantó el senador Cepeda, la ley “contempla visiones que modifican sustancialmente el régimen punitivo en el país”.
¿Cómo serían las penas?
De acuerdo con el documento, los jefes de las bandas criminales recibirán beneficios toda vez que acepten cargos y cumplan con una cuarta parte de su condena en prisión.
Los sometidos a esta ley podrán tener permisos de salida, inicialmente, de 72 horas. Cuando cumplan con 2/5 partes de la condena, podrán pedir salidas de hasta 15 días cada dos meses. Una vez cumplan con la mitad de la condena, serían trasladados a lo que se ha denominado como “prisión comunitaria”, sitios de reclusión ubicados en zonas rurales.
En el caso de los miembros rasos el tratamiento les daría penas de entre 4 y 5 años en prisión siempre y cuando sean señalados de cometer los delitos de concierto para delinquir, utilización de uniformes, uso ilícito de equipos de comunicación y porte ilegal de armas. El Estado les otorgaría garantías de reinserción a la vida civil.
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¿Conservarán los bienes?
Al menos 20 grupos ilegales o bandas criminales han manifestado su voluntad de acogerse al proceso de paz total que ha convocado el gobierno colombiano. La ley dejaría establecido que los cabecillas y miembros de estas organizaciones conserven hasta el 10% del total de los bienes objeto de colaboración.
“Conservar el derecho de dominio sobre uno o algunos de los bienes cuyo origen sea consecuencia de una actividad ilícita, siempre y cuando su valor comercial no supere el diez por ciento (10%) del total de los bienes objeto de colaboración”, propone el borrador de la ley.
De acuerdo con el resumen de la ley, entregado a los medios de comunicación, estos beneficios le ayudarán a las autoridades a obtener información que permita dar con el procesamiento de otras bandas criminales.
“Los procedimientos de beneficios por colaboración eficaz también permitirían obtener la información necesaria para el procesamiento de las otras estructuras criminales que no se presenten a la justicia dotando así de valiosa información al poder judicial, en relación con individuos o colectivos sobre los que no se tuviese información o elementos probatorios que permitirán su persecución”, dice el resumen de la propuesta de ley.
Otras herramientas
La ley hará uso de las instituciones procesales existentes. La imputación de cargos será un acto de comunicación entre la Fiscalía, los imputados y las víctimas. La Defensoría del Pueblo, por su parte, será la representante de las víctimas colectivas. Se dará prioridad al principio de la justicia restaurativa.
Lea aquí el resumen: