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En Colombia, se estima que el 6 % de los niños menores de cinco años tiene sobrepeso. La previsión parte de una muestra representativa de 151.343 personas de 44.202 hogares, en 295 municipios, en la que de los 10.056 niños de ese grupo de edad, 603 arrojaron ese resultado, en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de 2015, que es la última disponible en este tema.
Este resultado dejó ver un panorama de este fenómeno en el país. Y en número reales, el documento del Ministerio de Salud Obesidad: una amenaza silenciosa, publicado en julio de 2019, señala que este panorama se traduce “en alrededor de 2,7 millones de afectados”, que son personas menores de 18 años.
“Entre 2005 y 2015 este flagelo ha crecido alrededor del 70%, de acuerdo con las últimas mediciones hechas en el país”, agrega el informe.
Por eso, desde 2013 ha corrido por las sillas del Congreso un proyecto de ley que busca etiquetar la comida chatarra en el país, es decir, ese tipo de productos ultraprocesados que se venden en empaques y que pueden ser altos en azúcares, sodio y grasas saturadas, como papas fritas o gaseosas, .
Este año es el momento en que más lejos ha llegado, pues logró surtir los primeros dos debates en Cámara de Representantes y solo quedan dos pendientes en Senado.
Entre lo que plantea el proyecto se destaca que el Gobierno Nacional debe diseñar herramientas pedagógicas sobre hábitos alimentarios, riesgos de salud por consumo de ultraprocesados, entre otros.
El representante a la Cámara y coautor Mauricio Toro, aseguró que “estamos garantizando que los colombianos tengan información honesta, sencilla, para cuidar su salud, y poder tomar decisiones sobre el consumo o no de estos productos”. Su mensaje tiene que ver con que los productos tendrían un sello, visible para los consumidores, como una advertencia de qué es lo que van a adquirir.
A esto, según el representante, se llegó “luego de tres intentos en los cuales el proyecto había sido archivado por el lobby de la industria. Hemos logrado con el apoyo de todos los partidos políticos, sacar adelante una propuesta que es urgente y necesaria”.
Frente a esto, EL COLOMBIANO le envió tres preguntas por escrito a la Asociación nacional de empresario de Colombia (Andi), para conocer sus respuestas, pero al cierre de esta edición no han sido contestadas. Desde la oficina de comunicaciones de este gremio aseguraron que dada la importancia del tema se requería una “revisión detallada al interior de la organización”.
Juan Carlos Burgos, nutricionista de la Fundación Éxito, señaló que este proyecto es importante, especialmente para la salud de los niños, pues las decisiones de consumo de estos elementos se tomarán de manera informada.
Asimismo, el especialista manifestó que viendo los indicadores de, “claramente algo no estamos haciendo bien y si desde la legislación se pueden proveer instrumentos que puedan mejorar las condiciones nutricionales, son bienvenidos”. Una mirada similar planteó Carolina Piñeros, presidente de la organización Red Papaz (que reúne entidades civiles), quien calificó como una buena noticia el paso que se dio y reconoció que “los congresistas estén dando con altura esta discusión”.
No obstante, lamentó que del proyecto se haya caído la regulación de la publicidad que, de acuerdo con Toro, buscaba evitar que “con muñequitos o súper héroes se llamara la atención de los niños”.
El Icbf, como entidad protectora de la niñez, no se pronunciado ni ha enviado conceptos al Congreso; sin embargo, en un evento con la FAO en septiembre pasado, manifestó que en la Alianza por la desnutrición, “se han ajustado las minutas nutricionales disminuyendo el consumo de azúcar e incrementando la cantidad de frutas, verduras y lácteos”.