Escuchar de alteraciones del orden público, protestas o actos vandálicos en la Universidad Nacional no es ninguna novedad. Pero cuando la alerta viene directamente del rector, la situación genera una atención especial.
En lo que parecía un largo texto de desahogo o llamado al auxilio, en su columna en El Espectador, José Ismael Peña advirtió sobre una cadena de hechos que, según él, no puede entenderse por separado.
El ataque al representante estudiantil Kevin Arrigui, las amenazas contra miembros de la comunidad universitaria, la toma del edificio Uriel Gutiérrez y las disputas por el gobierno de la institución hacen parte de una preocupación mayor.
El directivo teme que la violencia y la intimidación estén terminando por afectar no solo la seguridad y la convivencia en la Nacional, sino también su autonomía y la manera en que se toman sus decisiones.
“Invito a reflexionar sobre la relación entre una serie de hechos que, a primera vista, podrían parecer inconexos”, escribe.
Peña recuerda que los disturbios en la sede Bogotá venían aumentando y pasaron de cerca de 20 en 2022 a 35 en 2024. Uno de los episodios más graves ocurrió en junio de 2023, cuando el patrullero John Freddy Rodríguez Sandoval quedó gravemente herido. El rector apuntó que el hombre señalado por las autoridades, alias ‘Pirulo’, no tenía vínculos con la Universidad.
La situación llegó a otro punto en abril de 2024, después de la designación de Peña como rector, cuando encapuchados armados con machetes ocuparon el edificio Uriel Gutiérrez.
Peña también destaca que, tras la captura de 11 personas señaladas de pertenecer a la llamada Brigada Clandestina PPP, en diciembre de 2025 dejaron de presentarse los disturbios violentos que durante años habían sido recurrentes en la sede Bogotá.
Para el rector, analizados en conjunto, los acontecimientos “permiten identificar claramente patrones”. Califica los hechos como “un fenómeno persistente que afectó la convivencia universitaria, la seguridad de los ciudadanos, el funcionamiento institucional y la confianza en los mecanismos democráticos de resolución de conflictos”.
Pero, según el rector, la violencia no desapareció, sino que “cambió de escenario y de método”. Ahora habla de amenazas e intimidaciones contra estudiantes, profesores, directivos y funcionarios que han defendido el diálogo y las vías institucionales.
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En su columna, Peña también pone el foco en la disputa por los órganos que toman las decisiones en la Universidad. Allí conecta la controversia que rodeó la rectoría con el actual proceso para elegir al representante del CESU ante el Consejo Superior Universitario, una representación que tiene incidencia en decisiones como la elección de los decanos.
El proceso también ha sido cuestionado. La convocatoria para elegir al representante de los rectores ante el CONECTI fue publicada el 15 de julio y, según Peña, estuvo abierta apenas unas horas. Cinco candidatos se inscribieron y siete rectores eligieron a Helberth Augusto Choachí, rector de la Universidad Pedagógica Nacional.
La Procuraduría advirtió sobre posibles irregularidades, pero el proceso siguió adelante. Peña advierte que mientras una eventual decisión judicial llega, ya podrían haberse tomado determinaciones difíciles de reversar, como la elección de los próximos decanos de la Nacional. Por eso pide a la Procuraduría, al Mineducación y al CESU devolver la terna y repetir el proceso.
El rector cierra con un llamado a “rodear y proteger” la Unal y a garantizar que sus diferencias se tramiten mediante el diálogo, con transparencia, legalidad y participación.
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