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¿La ministra de Salud de Petro sí podrá acabar con las EPS?
Carolina Corcho terminaría la intermediación en pro de un sistema 100% público. Petro ha matizado esas declaraciones.
Gustavo Petro designó como ministra de Salud a una polémica médica y politóloga que lleva años haciendo activismo en redes sociales en contra del sistema de salud que surgió de la Ley 100, el cual le dio vida a las EPS.
Carolina Corcho, una profesional de la salud graduada de Medicina de la Universidad de Antioquia y especializada en Psiquiatría en la Universidad Nacional, ganó popularidad en redes por sus críticas al sistema y por el activismo que encarnó en pandemia, muchas veces con tesis falsas que fueron rebatidas ampliamente.
Petro y Corcho tienen una bandera en común: la crítica a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), actor privado que intermedia los recursos públicos girados por el Estado para la atención a los usuarios, que termina concretándose a través de las IPS (clínicas, hospitales o instituciones de salud) que son –en su mayoría– públicas.
Las EPS fueron creadas mediante la Ley 100 de 1993, una norma no excenta de críticas, pero que amplió la cobertura de salud hasta el 99%, uno de los mayores hitos en el acceso a ese derecho para los usuarios colombianos.
Esas entidades cumplen con el rol de administrar los dineros públicos que son girados por el Estado para la atención de los pacientes, representando una amalgama en la que la financiación pública se entreteje con la administración privada de las empresas.
En otros términos: el gobierno financia la salud, las EPS asumen la función de gestionar el riesgo implícito que tiene esa tarea y, si el dinero les es insuficiente –como en su momento lo explicó el actual ministro Fernando Ruiz–, las EPS cubren el gasto.
Este es el punto que más cuestionó Petro durante la campaña y que también puso en entredicho la designada ministra de Salud. De ahí surge su propuesta de acabar con las EPS y girar a un formato netamente público en el que el Estado financie y las autoridades municipales y departamentales asuman el rol de administrar los recursos.
Es decir: dineros públicos ejecutados por actores que también son públicos, y no por organizaciones privadas.
“Las IPS son las clínicas y hospitales que atienden a los pacientes. Las EPS son intermediarios particulares que administran recursos públicos contratando clínicas. Los primeros son insustituibles en un sistema de salud; los segundos, opcionales”, detalló Corcho en una de sus publicaciones en redes.
EL COLOMBIANO intentó contactar a la futura ministra, pero no respondió a las llamadas y mensajes. Pero le dijo a Noticias Caracol que buscará el “saneamiento financiero del sector salud para que los recursos lleguen a quienes prestan los servicios”. También planteó fortalecer el fondo público (Adres) para que ejecute pagos directos.
“Todo lo que planteo requerirá de medidas de transición que se conversarán con los distintos actores del sector para que no haya ningún tipo de traumatismo”, afirmó.
Corcho ha atribuido a las EPS algunos de los problemas del sector, y habla de problemas como un “billonario desfalco, la negación de servicios, la precarización laboral del sector y el caos financiero de las EPS liquidadas que dejan deudas por las que nadie responde”.
Por ahora, la idea de reformarlas es solo un proyecto en construcción que necesitará el visto bueno de más de la mitad del Congreso. El presidente electo ha dicho que las reformas deben hacerse al comienzo del gobierno, una afirmación que deja ver que es cuestión de meses, tal vez semanas, para que el legislativo esté discutiendo la propuesta que aterrizará desde el Ejecutivo del Pacto Histórico.
No obstante, las reformas constitucionales requieren ocho debates entre Senado y Cámara y, sobre todo, votos de la mitad más uno 108 los senadores (55) y 188 representantes (95). Entre todos esos congresistas apenas 29 –los del Centro Democrático– son de oposición, por lo que el mandatario tiene la puerta abierta para sacar adelante sus proyectos.
Peros al fin de las EPS
Como el punto final a la reforma de la salud estará en manos del Congreso, desde afuera otros actores llaman la atención sobre las implicaciones que tendría.
“Eliminar las EPS puede traer consecuencias gravísimas para los pacientes y, dentro de estos, a aquellos que tengan morbilidaeds como los que están en programas de cáncer o de enfermedades crónicas porque es desbaratarles todo el sistema que tienen hoy en día”, sentenció el exministro de Salud Jaime Airas.
El principal llamado de atención de Arias es que suprimir a esas entidades como actoras del sistema sería “regresar al pasado con una propuesta anticuada, volver a un modelo estatista parecido al que tiene Cuba”. No obstante, ve viable que se abra un camino de diálogo para resolver este asunto.
Justamente, el gremio de las EPS ya se mostró presto a dialogar con el presidente electo y hasta se ofrece a ser reformado, con el objetivo de mantener la prestación de los servicios de salud en beneficio de los pacientes.
Sobre este punto, Gustavo Petro se refirió –en entrevista con W Radio– a un “proceso de transición cuidadoso”, bajándole el tono al discurso confrontacional con las EPS que ha tenido su designada ministra y él mismo.
Elisa Torrenegra, directora de Gestar Salud y representante de las EPS del régimen subsidiado, resalta que las EPS no reciben la financiación del Estado de forma directa desde 2012, sino que la mayoría de los giros se efectúan a través de la Adres.
“El rol del asegurador como gestor de riesgo y de auditoría es importante y bajo cualquier figura se tiene que dar porque siempre será necesario alguien que defienda el usuario. El tema de quitar o no las EPS es tangencial porque lo más importante es resolver los problemas del sistema”, apuntó Torrenegra.
Entre esos inconvenientes que ven los protagonistas de la estructura de salud está en pago del talento humano, pues no todos los profesionales de la salud son bien remunerados en todo el territorio nacional, y saldar las deudas que tienen algunas entidades.
Aunque presto a reformarse, el gremio de las EPS tiene una preocupación latente: que el giro a la administración netamente pública de la salud politice el acceso a esta.
Precisamente, por ahora el presidente electo ha esbozado que serían las autoridades locales las llamadas a brindar ese servicio, lo que deja su continuidad ante los vaivenes de los cambios políticos en cada municipio y departamento que se dan cada cuatro años.
La reforma a la salud del Pacto Histórico para acabar con la EPS está en construcción y, mientras se conoce el texto, los reflectores están puestos sobre quien será la protagonista: Carolina Corcho.
Las polémicas de la ministra
Ella, incluso, llegó a afirmar en sus redes que Colombia cumpliría su meta de vacunación contra el covid-19 del 70% de cobertura para 2023 – objetivo que se consiguió en noviembre de 2021–; fue reticente al regreso de los estudiantes a los colegios tras la pandemia y se mostró a favor de las protestas del Paro Nacional en medio de los picos de contagios covid argumentando que –si los bares estaban abiertos– la gente podía marchar.
Corcho ganó popularidad en el sector de la salud como vicepresidenta en la Federación Médica Colombiana, ejerciendo también como presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur y como una de las integrantes de Comisión de seguimiento de la aplicación a la sentencia T-760 de 2008, que emitió la Corte Constitucional con el objetivo de revisar el cumplimiento al derecho a la salud.
Su activismo en el sector llevó a que Petro la invitara a encabezar el equipo de empalme para ese ámbito y el martes fue designada oficialmente como futura ministra de salud.
Mientras una parte de los profesionales de la salud ven en su nombramiento un espaldarazo al sector, otra se mantiene a la expectativa sobre el significado de su designación: que la detractora del sistema de salud actual sea quien tenga que liderarlo.
Las cuatro mujeres que ha designado Petro en los ministerios
Tres mujeres se sumaron a la lista de próximos ministros de Gustavo Petro. Este martes anunció que a su cirulo ministerial llega a la cartera de Salud una polémica médica psiquiatra, Carolina Corcho; a la Ambiente entró una activista, Susana Muhamad; y la de Agricultura, arribó una antigua conocida de los pasillos de la Casa de Nariño como lo es Cecilia López.
Con ellas, ya son seis las designaciones que ha hecho Petro de quienes le acompañarán en la primera parte de su administración, pues ya había anunciado –por separado– al economista José Antonio Ocampo como Ministro de Hacienda, Álvaro Leyva Durán como Canciller y a la dramaturga Patricia Ariza como cabeza de la cartera de Cultura.
Sus hojas de vida dan cuenta de una mezcla de experiencia y liderazgos sociales, con una tendencia marcada hacia la izquierda –como era de esperarse en el proyecto político del Pacto Histórico– y con una importante participación femenina en los principales roles de la Casa de Nariño.
Carolina Corcho tomó como bandera la reforma al sistema de salud con la ambición de eliminar las EPS. La designación de la médica psiquiatra y politóloga era de esperarse, pues esta ya estaba encabezando el empalme para ese sector.
Con Susana Muhamad en Ambiente Petro pone a una cuota de los liderazgos sociales. Ella, sin embargo, tiene un perfil técnico y recibe ese despacho con la promesa de no aceptar ni el fracking ni el glifosato, reformas a las corporaciones autónomas regionales y tramitar el visto bueno del Acuerdo de Escazú en el Congreso.
Y Cecilia Orozco, quien fue ministra en los gobiernos liberales de Ernesto Samper y César Gaviria, aterriza al de Agricultura con el objetivo de efectuar la esquiva reforma agraria. El bemol de su designación es que esa cartera dejó de estar en manos del Partido Conservador para pasar a una disidente liberal que, además, ha criticado a César Gaviria por no ceder el liderazgo de la colectividad roja, pese a que se declaró colectividad de gobierno
Orozco le dijo a este diario que no expropiarán a los propietarios de tierras improductivas, sino que trazarán rutas para buscar que estos las utilicen para cultivar o, en su defecto, paguen más impuestos. Además, propone una reforma agraria en diálogo con los ganaderos (Fedegán) y con el expresidente Álvaro Uribe.
Aún están por decantarse dos de los cargos más importantes dentro del Ejecutivo: los ministros de Defensa y del Interior. Para el primero, Petro había prometido que tendría a una mujer en ese rol, una designación que no ocurre desde que la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, asumió ese cargo durante el primer mandato de Uribe; y para el segundo, está la posibilidad abierta de que Alfonso Prada ocupe ese asiento.
Sobre la Cúpula Militar, de la que aún se desconocen los nombres, Petro ya dejó claro que ningún uniformado investigado por posibles violaciones a los derechos humanos podrá estar en esos roles.
Aún falta por ratificar las otras 12 carteras del gobierno y se perfila que la vicepresidenta, Francia Márquez, será la encargada de un nuevo ministerio, el de la Igualdad, que surgirá en la primera fase de la administración Petro .
Periodista egresada de la facultad de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana.
