La reforma a la salud sigue en vilo. Ni la presión por el pedido de renuncia de viceministros ni las palabras del presidente Gustavo Petro desde Estados Unidos señalando que de ese proyecto depende la coalición de Gobierno, lograron que el primer debate en el Congreso, siquiera, pudiera terminarse.
Esa discusión se realizó en medio de un caos –propio de un salón de primaria– que inició con cinco horas de retraso, que tuvo un receso de media hora e incluyó recusaciones inauditas. Sin embargo, fue aplazado y continuará hasta que la Comisión de Ética de la Cámara se pronuncie sobre las recusaciones presentadas. Incluso, ante la estancada, en la noche hubo una cita de última hora entre el Capitolio entre la Primera Dama, Verónica Alcocer, congresistas de coalición, y algunos ministros, como el del Interior –Alfonso Prada–, para buscar alternativas.
Y es que el ambiente para empezar la discusión tuvo de todos los ingredientes. El recinto de la Comisión Séptima de la Cámara estaba lleno de congresistas (varios que no eran de esa comisión), periodistas, asesores, camarógrafos e invitados. Se rumoraba en los pasillos del Congreso que los partidos Conservador y de La U apoyarían el proyecto, a la espera de que la bancada liberal también tomara posición.
Pero lo que comenzó como un pulso ganado por el Gobierno –a raíz del pedido de renuncia a varios viceministros y funcionarios de estas colectividades en el Ejecutivo–, terminó con un sabor agridulce para la ministra Carolina Corcho luego de que Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda ratificaran que no lo apoyarán.
El presidente Gustavo Petro respondió a esto por Twitter: “N o se pueden aceptar todas las propuestas porque nos devuelven a un mundo donde privados manejan el dinero público y la salud de los colombianos solo para hacer negocios particulares”.
Mientras tanto, el debate –que contó con la presencia de las ministras de Trabajo, de Vivienda y del Interior– estuvo marcado por el galimatías de cómo resolver las recusaciones que llegaron a esa corporación, ya que unos pedían que la sesión se aplazara para que los estudiara el Comité de Ética y otros manifestaban que debía continuar así.
El debate tuvo episodios tan inéditos, que el excandidato presidencial, Enrique Gómez Martínez, recusó a todos los integrantes de la comisión por estar afiliados a una EPS, como lo están afiliados todos los habitantes del país.
Finalmente, la sesión terminó luego de que se aprobara una solicitud de suspensión radicada por la oposición con 12 votos a favor y nueve en contra. Así que no hubo avance en la discusión, dejando al sector salud sumergido en un mar de incertidumbre y a Carolina Corcho y al presidente Petro en uno de preocupación.
El sube y baja de la reforma
Detrás del apoyo y rechazo de los partidos a subirse al bus de la reforma están Carolina Corcho y Alfonso Prada, desde escenarios distintos.
El primero en señalar esto fue el presidente del Senado, Roy Barreras, quien dijo que “Prada, que hace bien un esfuerzo enorme por concertar, es un liberal social demócrata y representa a quienes creemos en la democracia representativa liberal. La ministra Corcho (legítimamente) representa unos sectores de izquierda dura”.
Esto también escaló al punto de que la situación generara tensión en la Casa de Nariño entre ambos funcionarios, pues Prada la estaría responsabilizando de “tirarse toda la coalición”. Incluso, según le dijeron fuentes al interior de la Cámara a este diario, estarían pidiendo la renuncia de la ministra porque la consideran “un obstáculo para la negociación” y por poner “en riesgo la coalición”.
¿Corcho cedió o no cedió?
La jefe de la cartera de salud, en búsqueda de ganar apoyos para su proyecto, cedió en dos puntos referentes a las entidades promotoras de salud (EPS) y al modelo de salud.
Referente a lo primero, se acordó que las Entidades Gestoras de Vida –como se llamarán las aseguradoras y que serán administradoras– obtengan una ganancia del 5 % por esta tarea. En cuanto a lo segundo, cedió en que el modelo será mixto –como lo es desde hace 30 años–, con participación del Estado y los privados.
Al respecto, el profesor del área de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, le contó a EL COLOMBIANO que en los ajusten que se hicieron ve unos avances y que, a su juicio, el texto cambió en 70 % respecto al primer texto que radicó Corcho en febrero.
“El Gobierno sí ha cedido a las exigencias de los partidos y en el texto hay intención de conciliar hasta cierto grado lo que les han exigido. Queda lo de los fondos territoriales, así como la referencia y contrarreferencia (la movilización de los pacientes entre los niveles de atención). Además, hay una mejor definición sobre el control de la gestión del riesgo”, aseguró.
Pero agregó que falta claridad y un pronunciamiento del Ministerio de Hacienda en cuanto a que “se planta que las deudas de las EPS liquidadas que queden, el Estado las pagaría y que Hacienda establecería el plan de pagos, pero se supone que eso se cancelaría con la unidad de pago por capitación, entonces habría que ver si eso tiene viabilidad con la regla fiscal”.
Además, en el nuevo borrador de ponencia que contiene esas enmiendas y que conoció este diario, las EPS siguen teniendo fecha de caducidad de dos años, a menos de que cumplan requisitos para ser en Gestoras de Salud y Vida.
Lo concreto es que el debate de esta reforma irá para largo y el Gobierno vuelve a estar expuesto a una derrota política que puede resultarle más caro que lo que le costó sacar a un ministro de Educación.
