La senadora Nadia Blel aseguró que el acto administrativo, implica riesgos frente a la sostenibilidad del sistema de salud, el patrimonio publico y la garantía de los derechos fundamentales.
Por cuenta de la firma del controvertido decreto que implementa parte de la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, este jueves desde la Comisión Séptima del Senado –la célula legislativa que hoy por hoy discute la iniciativa en tercer debate–, elevaron un llamado a los organismos de control para que desarrolle medidas preventivas y ejerza vigilancia especial frente a la implementación del documento.
La senadora conservadora Nadia Blel, saliente presidenta de la Comisión, ofició a la Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo buscando que se mitiguen los riesgos ante el acto administrativo, en particular, frente a la sostenibilidad del sistema de salud, el patrimonio público y la garantía de los derechos fundamentales.
Por ello, además de pedir que se emita una alerta preventiva, la congresista insta a que se designe una vigilancia especial sobre los giros y contratos celebrados por la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) en desarrollo del decreto, con reportes periódicos al Congreso de la República.
A ello se suma la elaboración de un informe técnico que identifique riesgos financieros, administrativos y de continuidad del servicio, y las medidas de mitigación adoptadas por el Gobierno.
“La aplicación anticipada de la reforma sin aprobación legislativa pudiera configurar una extralimitación de funciones por reserva de ley y sin un plan de contingencia claro podría ponerse en riesgo de afectación al derecho fundamental a la salud por posible interrupción de tratamiento, especialmente pacientes con enfermedades rara o de alto costo y generar riesgos patrimoniales”, alertó la congresista en los oficios.
Blel calificó el decreto como una “incoherencia total”, reclamando que mientras el Gobierno impulsa la reforma a la salud en el Congreso y su ministro del Interior, Armando Benedetti, dice que hay ánimo para tramitarla, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expide un decreto que no solo desconoce el legislativo, sino que también excede su potestad reglamentaria.
“Esto modifica el sistema de salud por la puerta de atrás, poniendo en riesgo no solamente la atención y los tratamientos del paciente, sino que también es una clara evidencia de que desde el Gobierno se desprecia la institucionalidad y la democracia. Lo que sí está claro es que el Gobierno no tiene ninguna intención de concertar ni de conciliar, sino de imponer sus ideas a toda costa”, reclamó.
En las últimas horas de este 30 de julio, el Ministerio de Salud publicó el Decreto 0858 de 2025, con el que implementarán un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo “como política de salud para los habitantes del territorio colombiano”. Es decir, implementar la reforma a la salud vía decreto y no vía proyecto de ley en el Congreso.
Este documento se expidió horas después de que en la Comisión Séptima del Senado el Gobierno el Pacto Histórico perdieron el pulso por su presidencia, que terminó ganando el senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), quien hace parte del ala más distante del presidente Gustavo Petro de su partido.
El documento expone varios de los puntos que contenía el proyecto de reforma, como el cambio de modelo, que estará basado en Centros de Atención Primaria en Salud, Atención Primaria en Salud y Redes Integradas Integrales Territoriales de Salud.
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