Al rechazo que se ha generado en algunos sectores el proyecto de reforma tributaria del Gobierno –que el pasado jueves pasó su primer debate en el Congreso– se sumó en las últimas horas el de los ambientalistas, que ven con malos ojos la eliminación de los impuestos a las exportaciones del petróleo y carbón.
Tras la aprobación del proyecto en las comisiones económicas del Congreso, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explicó la eliminación de dicho tributo, pero que sí habrá una sobretasa al impuesto de renta que pagan las compañías de estos sectores.
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“Se eliminaron los impuestos a las exportaciones de petróleo y carbón y se reemplazaron por dos normas: se restableció la no deducibilidad de regalías y el impuesto a las exportaciones se reemplaza por una sobretasa en el impuesto de renta en las empresas petroleras y de carbón, que equivale al 10% en el primer año, 7,5% en el segundo y 5% en el tercero”, indicó el ministro Ocampo.
La decisión fue cuestionada duramente por organizaciones ambientalistas como WWF Colombia que, por medio de un comunicado, calificó de “mico” la eliminación del artículo que garantizaba que la recaudación del impuesto llegue a iniciativas de protección de la naturaleza.
“Desfinanciaría iniciativas relacionadas con la reducción de la deforestación y su monitoreo, la conservación de fuentes hídricas, la protección, preservación, restauración y uso sostenible de áreas y ecosistemas estratégicos y áreas protegidas”, indicó la organización.
Explicó además que durante 2021 el impuesto al carbono alcanzó $425 mil millones, lo que es “fundamental para que el país contribuya al cumplimiento de metas globales en clima y biodiversidad. Una cifra no menor, pues supera incluso el insuficiente presupuesto de inversión asignado al Ministerio de Ambiente para 2023, de 383 mil millones, correspondiente al 1% del total de gasto de inversión del Gobierno”.
En esa línea criticaron duramente que las autoridades ambientales “en cabeza del Ministerio de Ambiente, pierdan de vista la defensa de una destinación específica sobre el impuesto al carbono”.
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“Resulta inconcebible que uno de los países más biodiversos del mundo erosione los recursos para la conservación de su mayor riqueza”, agregaron.
La organización aseguró que, contrario a lo que se pretende hacer, “la recaudación y ejecución del impuesto al carbono es susceptible de mejora” y que esto lo evidencian “los constantes cambios luego de seis años tras su destinación inicial al Fondo Colombia en Paz, en 2016, ha sufrido cinco modificaciones”.
Señalaron también que ejecutar los recursos del impuesto para financiar proyectos que mitiguen los impactos de la contaminación es imperativo, pero “eso no significa eliminar su destinación exclusiva y castigar al sector ambiental en el momento más crítico para el planeta”.
“El país no puede dar este timonazo. Estamos ante una oportunidad única de, no solo mantener este mecanismo, sino buscar alternativas de financiación complementarias al impuesto al carbono para fortalecer un sector que exige acciones inmediatas”, concluyeron.
