El fin de semana estuvo marcado por una polémica: el aumento de 5,12 % del salario de los congresistas para la vigencia 2020, que fue aprobado por la Contraloría General en julio pasado, pero que por la pandemia no había sido decretado por el presidente Iván Duque. Q
El primer mandatario estampó su firma en el decreto que regula el incremento el pasado 24 de diciembre, lo que fue visto por la ciudadanía como un regalo de Navidad, especialmente porque hasta ahora no se conoce de cuánto será el incremento del salario mínimo 2021.
Por eso en este punto hay que hacer algunas precisiones. La primera, que el aumento de los congresistas es para la vigencia 2020 y por eso se genera la retroactividad, es decir, que les lleguen en un solo envión lo que dejaron de percibir durante los meses de 2020 y, en el caso del mínimo, el aumento para el año que está por terminar fue de 6 %, es decir, superior al de los congresistas.
Pese a estas claridades, la polémica se concentra en que el presidente Duque, siendo aún candidato, prometió que se encargaría de reducir el salario de los congresistas y de que quienes estuvieran en el Congreso solo lo pudieran hacer por dos periodos consecutivos, pero eso, no se ha cumplido.
Entonces, la tarea sigue estando en la legislación y por eso planteamos cuáles deberán ser los caminos para que el salario de los congresistas se reduzca o por lo menos se congele por determinado lapso.
¿Qué hacer?
Amylkar Acosta, economista y exministro de Minas, señala que "no existe camino distinto a un acto legislativo que derogue la indexación dispuesta por la Carta". Su explicación se basa en que los reajustes salariales de los congresistas están amparados por la Constitución Política e incluso ese fue uno de los argumentos esgrimidos por varios funcionarios del Gobierno para hacerles frente a las críticas que llegaron, principalmente a través de redes sociales.
Al respecto, Luisa Fernanda García, constitucionalista de la Universidad del Rosario, coincide y para este caso, “se deben reformar los artículos 150 y 187 de la Constitución", que son los que definen las funciones de los congresistas (150), es decir, que está en sus manos hacer leyes y modificaciones y la de la asignación salarial (187).
Sin embargo, Acosta recuerda que para que este acto legislativo, que básicamente es una modificación a la Constitución, sea próspero, debe existir lo que se llama "voluntad política", es decir, que los diferentes congresistas que representan a sus partidos estén de acuerdo con la modificación.
"La voluntad política es la que ha faltado, lo cual se explica en que en 10 oportunidades se han hundido los proyectos, amén de que al referendo que lo contemplaba le faltaron votos para su aprobación", agrega Acosta.
Además, plantea otro escenario, y es "desconstitucionalizar" la remuneración de los congresistas y establecer otros parámetros para la fijación salarial, "lo que permitiría que en circunstancias como la actual, con crisis por la pandemia, se pudiera congelar e incluso rebajar temporalmente el salario mediante un decreto extraordinario al amparo de la declaratoria de la Emergencia Económica".
Lo que sí tiene claro Acosta es que lo menos saludable en este caso es regresar al régimen anterior a 1991, que permitía a los congresistas fijar sus salarios, "lo cual también fue piedra de escándalo", recuerda el exministro.
Mirada política
La puja; sin embargo, tiene miradas distintas desde el partido que se consulte. Por ejemplo, Angélica Lozano, senadora de Alianza Verde, recuerda que en 2015, cuando llegó el primer aumento salarial que le correspondía como senadora, varios congresistas notaron el "aumento desproporcionado", por lo que desde ese momento hasta 2020 se han presentado cinco proyectos de acto legislativo para reformar el Artículo 187, pero todos se han hundido.
"La fórmula actual dice que se les aumenta el promedio de todos los servidores públicos y así funcionó bien hasta 1994, pero ese año hubo aumentos para policías, jueces, profesores... entonces eso subió el promedio y pasamos de un salario que representaba 14 salarios mínimos a los 39 de la actualidad", recuerda Lozano.
Asimismo, reconoce lo planteado por Acosta, al destacar que lo que ha faltado es voluntad política: "A ese proyecto le han tomado el pelo y como es reforma constitucional necesita ocho vueltas" para que pueda cumplir su trámite como corresponde, es decir, cuatro vueltas en la primera legislatura y cuatro vueltas en la segunda, "pero nos hemos encontrado con que presentan ponencias al final, en noviembre, cuando ya está prácticamente hundido".
Lozano también cita la Consulta Anticorrupción, dado que en esta se planteaba que el salario de los legisladores tuviera un tope de 25 salarios mínimos, "que en la práctica es lo que gana un ministro, que es un alto cargo, trabaja más y responden por más".
Sin embargo, en el partido de gobierno, el Centro Democrático, tienen otra mirada. El senador Santiago Valencia, en declaraciones a W Radio, aseguró que otro mecanismo para lograr una reducción o congelación del salario de los congresistas está en el referendo, cuyo partido político está impulsando —pese a ser consultado por EL COLOMBIANO no se obtuvo respuesta—.
"El referendo no lo estamos diciendo a final de año; hemos planteado la reducción del salario y hemos presentado cuatro veces el acto legislativo para congelar el salario, que representa en seis años una reducción real del 30 %", dijo Valencia.
Valencia aseguró que lo que no se ha logrado en el Congreso, dada la falta de voluntad política, el camino es acudir a la ciudadanía para que, por referendo, se cumpla con este objetivo.
También vale la pena mencionar que el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez señaló durante el fin de semana que los congresistas del Centro Democrático no recibirán el aumento salarial y determinarán, entre todos, qué harán, si no lo recibirán o lo donarán.
Finalmente, Lozano señala que más allá de la discusión del decreto, que a su juicio no debió realizarle, "en marzo próximo deberíamos iniciar el nuevo trámite para que a esta hora, en un año, la noticia sea que se aprobó la reforma y no de cuánto es el aumento".
Perspectiva económica
Luis Carlos Reyes, director del observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, sostiene que la discusión, en este momento, es "bastante pobre".
Lo dice porque, según él, distrae de la magnitud de los problemas de las finanzas públicas que hay en el país.
Según los cálculos, explica Reyes, "el salario de los congresistas representa menos del 0,1 % del Presupuesto General de la Nación (PGN); lo podemos reducir a la mitad o duplicar y eso no le hace ni cosquillas al PGN”.
Para él, el país debería estar dando otro tipo de discusiones, como el bajo gasto en educación primaria o lo que llamó "cajas negras" de los recursos públicos, de las cuales no se conoce totalmente en qué se invierte la plata.
Reyes, en este caso, puso algunos ejemplos: "La ciudadanía debería saber, por transparencia, en qué se invierte el gasto militar y en realidad casi todo lo que viene en el PGN, se presenta billón por billón, pero no peso por peso o programa por programa; o, con los recursos de la pandemia".
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