Desde el próximo periodo legislativo, los congresistas colombianos dejarán de recibir la prima de servicios. Así, pasarán de ganar 52 millones mensuales a 35 millones. Pero, sus salarios no eran los únicos altos del Estado.
El Decreto 0030 de 2026 marcó un punto de quiebre en la estructura salarial del Estado colombiano. A partir del próximo 20 de julio, los congresistas dejarán de recibir la prima de servicios, un ajuste que reduce su remuneración mensual en más de 16 millones de pesos y la ubica alrededor de los 35 millones.
La decisión no solo impacta a senadores y representantes, sino que reordena por completo la escalada de los salarios públicos en el país.
Hasta ahora, los miembros del Congreso figuraban entre los funcionarios mejores pagos del Estado. Con el nuevo esquema, esa posición cambia de manera drástica: varios cargos de alto nivel pasarán a devengar cifras superiores a las de los 103 senadores y 183 representantes que integran el Legislativo, de acuerdo con registros salariales del año pasado.
En la cima de esa lista aparece un cargo poco visible para la opinión pública: la dirección del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín). Según datos de Función Pública, en 2025 este funcionario percibía cerca de 64 millones de pesos mensuales, casi el doble de lo que ganarán los congresistas tras el recorte.
Un escalón más abajo se encuentra un grupo de once altos dignatarios del Estado que comparten una remuneración cercana a los 55 millones de pesos.
Allí figuran las cabezas de los principales órganos de control y de la justicia: el Contralor General, el Auditor General, la Defensora del Pueblo y la Fiscal General de la Nación. También están los magistrados de las cuatro altas cortes.Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Jurisdicción Especial para la Paz—, así como el Procurador General y el Registrador Nacional del Estado Civil.
Este reordenamiento salarial podría abrir un nuevo debate jurídico. La Ley 4 de 1992 establece una relación directa entre el salario de los congresistas y el de los magistrados de las altas cortes y otros altos funcionarios.
En particular, el artículo 15 señala que estos cargos deben contar con una prima especial que iguale su ingreso total al de los miembros del Congreso, sin superarlo.
Aunque la norma aclara que dicha prima no tiene carácter salarial, la jurisprudencia ha reconocido que sí debe tenerse en cuenta para efectos prestacionales, lo que plantea interrogantes sobre cómo se aplicará la ley tras la reducción al Legislativo.
El listado de funcionarios con ingresos superiores al nuevo salario de los congresistas incluye también unas figuras del servicio exterior. Los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios —es decir, los jefes de misión diplomática en destinos estratégicos y ante organismos multilaterales—perciben alrededor de 54 millones de pesos mensuales.
En este grupo se encuentran, por ejemplo, quienes representan a Colombia en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España, o ante instancias como la ONU y la OEA.
Incluso el presidente de la República queda por debajo de varios de estos cargos. En 2025, Gustavo Petro tenía una remuneración mensual cercana a los 53 millones de pesos, compuesta por una asignación básica de poco más de 11,6 millones. gastos de representación superiores a 41 millones y dos primas anuales: una por compensación de servicios y otra de servicios.
Más allá de los altos cargos nacionales, el nuevo panorama deja situaciones llamativas en el ámbito regional. Los diputados de las asambleas departamentales de categoría especial —como Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico— reciben 30 salarios mínimos por cada mes de sesiones, según la Ley 617 de 2000.
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Con el salario mínimo de 2026 fijado en 1.750.905 pesos, esto se traduce en más de 52 millones de pesos mensuales durante los periodos de trabajo, una cifra que supera ampliamente el nuevo ingreso de los congresistas.
Un estudio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, publicado en 2024, también puso la lupa sobre otros salarios elevados dentro del sector público.
En ese momento, los mayores generales de la Policía Nacional, por ejemplo, tenían una asignación básica cercana a los 8,4 millones de pesos, pero un ingreso mensual total que superaba los 66 millones luego de primas y bonificaciones.
Actualmente, el general de la Policía tiene un salario base de 30 millones de pesos. Sin embargo, desde 2023, los coroneles y generales cuentan con una prima del 16,5% por su responsabilidad y trayectoria al servicio del país, por lo que el salario mensual (sin contar otros pagos y distinciones) es de mínimo 35 millones de pesos.
En el ámbito administrativo, los sueldos más altos se encontraban en entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, cuyos directivos percibían (tras sumar los gastos de representación y demás incentivos) alrededor de 48 millones de pesos al mes para 2024. Para 2026, el salario base de estos cargos es de 28 millones de pesos., sin contar incentivos.
El análisis del Observatorio, basado en los anteproyectos presupuestales de 163 entidades del Presupuesto General presentados entre enero y marzo de 2023, reveló un elemento clave: la asignación básica representa apenas el 40% del gasto personal.
El restante 60% corresponde a primas, bonificaciones y otros conceptos que pueden inflar significativamente los ingresos. Para el centro de estudios, este hallazgo evidencia la urgencia de revisar la estructura del gasto, ya que el mayor peso recae en componentes que no necesariamente se traducen en mayor eficiencia o productividad.
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