Ana Rosa Salazar Gómez es un símbolo viviente del abandono familiar que marca a muchos pacientes siquiátricos. De 64 años que tiene, la mayor parte los ha pasado en el Hospital Mental de Antioquia (Homo). Allí llegó, junto con un señor que ya falleció, cuando la Asamblea Departamental cerró el capítulo del viejo Manicomio y refugio de locos. Al no contar con familia, la corporación dio la orden de que ella viviera en la institución y que su estancia fuera pagada por el régimen subsidiado.
“Nosotros somos prácticamente su familia”, afirma Paulo Andrés Gutiérrez Muñoz, subgerente de Prestación de Servicios del Homo, quien añade que Ana Rosa no posee raciocinio alguno para desgranar su propia historia.
Para las familias, cuidar a sus enfermos mentales resulta complejo. Tanto, que hay quienes se apoyan en tutelas para que los jueces les aseguren una internación prolongada.
El Homo hace unas 5.000 consultas siquiátricas anuales, la mayoría de ellas por esquizofrenia, Trastorno Afectivo Bipolar (TAB) y depresión. Y, justo a los afectados de los dos primeros problemas, los parientes tienden a abandonarlos y a la entidad le toca, cada semana, regresar a uno o dos de ellos a sus hogares.
Dejarlos en su sitio no es nada fácil, porque los familiares argumentan que viven en la pobreza, que nadie puede cuidarlos adecuadamente, que si los ven por el barrio los matan sus enemigos, etc.
A un paciente, ya de edad, lo llevaron al Homo por gestión de la EPS y sus parientes. Tenía trastornos mentales y no podía valerse por sus propios medios. Literalmente, la familia no retornó y el señor murió hace un año. Como este, tienen otros cuatro casos.
Según Gutiérrez, hay 14 “tutelas justas” ganadas por las familias para asegurar estancias prolongadas de sus enfermos en el Homo. Una, estremecedora, es la de un hombre que le prendió fuego al colchón de la cama de la abuelita, a la que también trató de tirar por el balcón.
Igualmente hay tutelas “injustas”, como la de una familia que convenció a un juez de la necesidad de internar por largo rato a un joven, de 23 años, al que no le gustaba el estudio, pero sí la calle, fumaba marihuana y era rebelde. El juez dijo que él era la autoridad y desestimó el criterio experto de los siquiatras. Vale anotar que, según Gutiérrez, el muchacho hacía manillas, se movía libremente en el Homo, lo sacaban a cine sus parientes y hasta se lo llevaron de vacaciones a Panamá.
Hay pacientes cuya historia de abandono comenzó en la infancia. El Homo alberga en un pabellón a 180 niños, niñas y adolescentes, que además de tener su siquis perturbada, consumen sustancias sicoactivas. A esa patología dual se suma que no tienen familia y están en condición de calle. Ese programa es operado actualmente por el Homo y se desarrolla con dinero de la Alcaldía de Medellín. En promedio, estos chicos permanecen allí entre 6 y 18 meses.
Más crítica es la situación que se refleja en el pabellón del ICBF en el que funciona el Centro de Protección Integral. Aquí el tema del abandono es total y los protegidos se convierten en “Los hijos del Estado”: 170 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad psicosocial, sufren algún tipo de vulneración de derechos y son llevamos al ICBF para que se encargue de su cuidado. Tampoco hay nadie que los adopte, porque padecen autismo severo, retardo mental, parálisis cerebral y son completamente dependientes.
“No son incuidables”
Ni su mirada, ni sus ademanes, ni su hablar delatan que Lucho (nombre cambiado por ser inimputable) se encuentra dentro de la estadística del Ministerio de Salud, según la cual 2 de cada 5 colombianos tienen durante su vida por lo menos un trastorno mental.
En la entrada del hospital siquiátrico donde lo atienden, vende desde aretas hasta rosarios elaborados por los internos. “No veo la hora de irme a la finca de mis padres, para sembrar café y hortalizas”, dice el hombre cincuentón. ¿Si estás bien, por qué sigues aquí? “Es que, responde, esta enfermedad es muy brava. Cuando me da el delirio de persecución soy otro y me vuelvo agresivo”.
Ese “otro” que persigue a Lucho, y que para miles de enfermos es una voz que los impulsa a hacer cosas que en sano juicio no quisieran, forma parte de los tormentos de cerca de medio millón de esquizofrénicos que, según Minsalud, hay en el país. Por este motivo, en 2017 fueron a consulta 4.173 antioqueños. A 1.665 de ellos los clasificaron con esquizofrenia no especificada, o sea sin diagnóstico muy preciso, mientras que a 1.523 los diagnosticaron con esquizofrenia paranoide, en la que hay una marcada presencia de ideas delirantes y aucinaciones auditivas sobre daños o persecución.
Sobre el total de consultas, que fue de 97.382, este trastorno representa el 4,3%. Y, de acuerdo con el Registro Individual de Prestación de Servicio (RIPS), de cada 100 afectados 68 son hombres y 32 son mujeres.
Álvaro Cárdenas Hincapié, médico siquiatra, dice que la tasa de prevalencia de esta enfermedad es del 1,5% y no tiene mayor diferencia por género, salvo que es más devastadora con los varones que están en su segunda década de vida y con las damas cuando marcan con el 3 por delante.
Dentro de estos enfermos mentales están los inimputables, o sea quienes, reza el Código Penal, al momento de cometer una conducta antijurídica, “no tuvieren capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares”.
“No todos los inimputables son homicidas. Para nosotros el antecedente judicial no es lo importante, sino su patología”, precisan Sergio Alejandro Gallo Botero, gerente de la Clínica San Juan de Dios, de la Ceja, y Luis Fernando Rodríguez Mesa, director Médico de la misma entidad, en donde hay 85 pacientes siquiátricos de larga estancia, de los cuales 55 están en el Programa de Rehabilitación Integral para Pacientes Inimputables (PRI) y por los que responde el Ministerio de Salud.
A todos los tratan por igual. No hay trajes especiales. Los que pueden, hacen trabajos manuales, se divierten y participan en olimpiadas deportivas. Los que no, permanecen en un mundo de silencio y desconectados de lo que los rodea. Tienen habitaciones individuales, comen seis veces al día y los asisten desde siquiatras hasta terapistas.
Dentro de estos pacientes, hay 14 que llegaron por tutelas interpuestas por los familiares para que los internaran.
“Los inimputables tienen un potencial de riesgo indiscutible”, anota Álvaro Cárdenas Hincapié, “pues por su mundo alucinatorio y delirante, por convicciones erróneas, pueden llegar a cometer actos contra otros y contra ellos mismos”. Su criterio, sin embargo, es que las personas “normales” pueden ser más peligrosas.
Desde su perspectiva, no hay fármacos o procesos efectivos para tratar el trastorno social de un personaje como Luis Alfredo Garavito, quien tenía la capacidad de autodeterminarse y evitar el asesinato de 120 niños. Ese control no lo tiene el inimputable y por ello lo cuidan, no como a un criminal, sino como a un enfermo que requiere tratamiento.
“Aunque los pacientes sicóticos son incurables, no son incuidables”, enfatizan Gallo y Rodríguez. Los más llamados a cuidarlos son sus familias, pero muchas no tienen el dinero necesario para costear la atención de sus enfermos en los centros asistenciales especializados. Datos reservados, conocidos por este diario, indican que en las más selectas entidades eso puede significar un pago mensual de .hasta 15 millones de pesos
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